Qué propone el nuevo proyecto de empleo decente en Guatemala y cómo busca reducir la informalidad

Se trata del inicio formal del Proyecto de Impulso al Trabajo Decente, implementado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y financiado por el convenio de financiación suscrito entre la Unión Europea y el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Economía, según dio a conocer el comunicado divulgado por el Ministerio de Trabajo.

La ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, dio a conocer que, según los datos recientes de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingreso Continua (Eneic), más de 12 millones de personas en el país se encuentran en edad de trabajar.

La fuerza de trabajo supera los 8 millones de personas y, aunque el desempleo abierto se mantiene en niveles relativamente bajos, persisten retos asociados a la informalidad (70%),el subempleo, las brechas territoriales, la inserción laboral de jóvenes y mujeres y la necesidad de fortalecer la relación entre formación y empleo, expuso la funcionaria durante el lanzamiento del proyecto.

Entre otros retos, en el documento se señalan ingresos promedio por debajo del salario mínimo en amplios sectores, brechas salariales de género y oportunidades de inserción laboral limitadas para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y migrantes retornados, además de debilidades institucionales y una articulación insuficiente entre la oferta formativa y la demanda del sector productivo.

La funcionaria explicó que es importante el tripartismo y el diálogo social con los sectores trabajador y empleador, y consideró que el proyecto representa una oportunidad para avanzar en áreas estratégicas para el país. Entre estas mencionó fortalecer la implementación de la Política Nacional de Empleo Digno, modernizar los servicios públicos de empleo, fortalecer la formación para el trabajo, proteger los derechos laborales y generar mayores oportunidades para la población que enfrenta más barreras de acceso al empleo, además de fortalecer la gestión pública y contar con mejores instrumentos de planificación, monitoreo e información.

Mencionó, por ejemplo, que el Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) contribuirá a ordenar mejor la evidencia disponible, orientar las decisiones públicas y acelerar respuestas más pertinentes a la realidad del país.

“Las condiciones laborales, las personas son una forma también de reducir la pobreza, la pobreza extrema que conlleva uno de los componentes del trabajo infantil”, dijo Roquel.

El proyecto incluye acciones para la inclusión y equidad, garantizando la participación de mujeres, jóvenes, población rural e indígena, personas con discapacidad y migrantes retornados, así como la promoción de la inserción laboral en empleos formales que cumplan con los estándares de trabajo decente, añadió la ministra.

Los principales beneficiarios institucionales son el Mintrab, el Mineco, así como el Ministerio de Educación (Mineduc) y la Comisión Nacional de Empleo Digno (Coned),ya que sus capacidades técnicas y de coordinación serán reforzadas para asegurar la sostenibilidad de los resultados. Mientras tanto, los beneficiarios serán las personas en situación de vulnerabilidad, emprendimientos y mipymes.

En el lanzamiento participó Eliel Hasson, director de la OIT para América Central, Panamá y República Dominicana, quien agregó que el proyecto también se enmarca en el Global Gateway, una iniciativa de la Unión Europea cuyo objetivo es atraer inversiones de ese continente y mejorar el trabajo decente en todas las cadenas de suministro. Además, destacó la importancia del énfasis en el tripartismo y en el apoyo particular a las mujeres.

Otro punto que mencionó como importante el director regional de la OIT es el apoyo a la erradicación del trabajo infantil, la trata y el trabajo forzoso, aspecto que también se enmarca en el acuerdo de la Unión Europea con Centroamérica, por lo que es fundamental avanzar en el trabajo decente en las cadenas de suministro.

Los seis resultados que se buscan con el proyecto:

• Fortalecimiento de la gobernanza de la Política Nacional de Empleo Digno (Pned)
• Modernización y fortalecimiento de los servicios públicos de empleo
• Consolidación del Sistema Nacional de Formación Laboral (Sinafol)
• Desarrollo de competencias e inserción laboral de población priorizada
• Protección efectiva de los principios y derechos fundamentales del trabajo
• Fortalecimiento del ecosistema productivo y de la economía social y solidaria