Qué reveló la sesión del CSU sobre la toma de posesión de Walter Mazariegos sin finiquito
Un “gran equipo de abogados”, según Mazariegos, construyó el argumento jurídico que le permitió asumir en la Usac.
Walter Mazariegos inició el 1 de julio su segundo período como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sin presentar el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Horas después, durante una sesión del Consejo Superior Universitario (CSU),se presentó el dictamen jurídico que sostiene que ese requisito no le es exigible para el cargo.
En la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) del 1 de julio, la directora de Asuntos Jurídicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac),Astrid García Castillo, expuso el dictamen en el que Walter Mazariegos se basó para iniciar su segundo período en la rectoría, pese a la falta del finiquito que la CGC extiende a los funcionarios.
«No es exigible para el cargo de rector de esta casa de estudios superiores la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, pues no está establecida en la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la cual prevalece sobre cualquier otra ley ordinaria, de acuerdo con el principio de especialidad jurídica, que también se encuentra regulado de forma clara en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial», indicó García, quien actuó como secretaria interina del Consejo mientras se ratificaba en ese puesto a Luis Cordón Lucero.
El informe que leyó García en la sesión, según información a la que se tuvo acceso, señala que los únicos obligados a presentar la constancia de la CGC son los candidatos a cargos de elección popular, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Sobre la opinión jurídica no hubo deliberación ni votación, y tampoco se compartió algún documento con los consejeros, de acuerdo con fuentes internas de la universidad que pidieron no ser identificadas.
Un representante de los colegios profesionales ante el CSU informó que la sesión empezó aproximadamente al mediodía y se prolongó durante dos horas, pero no se mencionó que Mazariegos estuviera tomando posesión en ese momento; únicamente emitió un discurso de agradecimiento.
«Él ya estaba autonombrado», precisó.
García dijo que la sesión se basó en las actas del 8 y el 17 de abril pasados. Con la primera de las actas, el Cuerpo Electoral Universitario (CEU) declaró elegido a Mazariegos y, con la segunda, el CSU ratificó esa decisión. Una hora antes de esa reunión, Mazariegos publicó un vídeo en Facebook en el que aseguró que ese día, a las 7.30 horas, firmó el acta administrativa con la que comenzó su período 2026-2030.
La especialidad de la Ley Orgánica de la Usac, en la que García fundamentó su argumentación, no aplica en este caso porque las funciones del rector son públicas y están sujetas a otras normativas, así como a la fiscalización de la Contraloría, opinó Edwin Orozco, abogado del movimiento opositor San Carlos Dignidad y Rescate (Dire).
«¿Por qué para la exclusión de cuerpos electorales (la dirigencia de la Usac) indicaba que la Ley de lo Contencioso Administrativo tenía que aplicarse? […], están haciendo un uso selectivo de la norma cuando les conviene para sus fines perversos», señaló Orozco.
El grupo Dire sostiene que la permanencia de Mazariegos en la rectoría de la Usac es ilegal no solo por haber llegado al cargo gracias a la anulación de electores de oposición y la alteración del quorum del órgano encargado de la elección, sino porque quienes hayan administrado bienes del Estado y carezcan de finiquito no pueden optar a cargos o empleos estatales, de acuerdo con la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
Consideran, además, que la falta de esa constancia, sumada a las 17 denuncias que investiga el Ministerio Público (MP) contra el rector —entre ellas las tres presentadas por la CGC—, hace que incumpla los méritos de capacidad, idoneidad y honradez que exige la Constitución.
La defensa de la continuidad de Mazariegos se sustentó en la interpretación de que la Ley Orgánica de la Usac prevalece sobre otras normas. Según dijo el rector durante la primera sesión de su nuevo periodo ante el CSU, ese argumento fue elaborado por el equipo de abogados de la universidad.
Prensa Libre buscó la opinión de Walter Mazariegos sobre el desarrollo de la pasada reunión del CSU pero no atendió los mensajes enviados a su teléfono.
El equipo de abogados
«Si algo tiene la San Carlos es un gran equipo de abogados y una gran Dirección de Asuntos Jurídicos», dijo Mazariegos en la primera reunión del CSU del nuevo período rectoral, después de respaldar a García y asegurar que su equipo jurídico seguirá defendiéndose de «las narrativas» sobre su falta de finiquito.
El grupo de abogados de la Usac ha sido clave para los intereses de la actual administración. Los dictámenes que emanan de la Dirección de Asuntos Jurídicos han servido para que el CSU —inclinado a favor del rector, aunque con 24 de sus 41 cargos vencidos— adopte decisiones como anular cuerpos electorales opositores, avalar las dos cuestionadas elecciones de rector, modificar reglamentos internos de la universidad o contratar personal de confianza.
La propia directora jurídica es cercana a Mazariegos. García Castillo integró el grupo Innova, que impulsó en el 2022 la candidatura del hoy rector, y fue una de las personas que lo eligió hace cuatro años.
Entre los consultores jurídicos se encuentra Adelupe Jocabed Rojas Castillo, suplente del rector en la comisión que nominó candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) este año y quien, en el 2022, como estudiante de Derecho, integró la comisión que pasó por alto que Mazariegos no cumplía con el mínimo de años de docencia, uno de los requisitos obligatorios para ser rector.
Álvaro Ricardo Cordón Paredes también ha intervenido en procesos legales promovidos por grupos de oposición contra el CSU. Fue magistrado suplente del TSE y actualmente es secretario general de la Universidad Regional.
Otro asesor del rector en temas jurídicos es Juan Carlos Godínez Rodríguez, quien lo asiste con análisis de coyuntura y en asuntos penales, laborales y administrativos, según sus informes disponibles en Guatecompras. En el 2021, Godínez fue incluido en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Estados Unidos, después de que el MP documentó una reunión que sostuvo con el empresario y financista político Gustavo Alejos Cámbara para, supuestamente, manipular la elección de magistrados.
Asimismo, uno de los principales colaboradores del rector es Luis Cordón Lucero, ratificado como secretario general de la Usac. Cordón también es secretario de la recién creada Universidad Juan José Arévalo Bermejo, asociada a Mazariegos, y fue esposo de Julia Rivera Aguilar, designada hace cinco meses por el CSU como magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La carencia de finiquito de Mazariegos se mencionó como un posible obstáculo para asumir el cargo, pero el rector le ha restado importancia, como lo expuso durante la reunión.
Cuestionan acciones de la Contraloría
Mazariegos y la directora de asuntos jurídicos, Astrid García señalaron ante los consejeros que, con las tres denuncias que la CGC presentó contra el rector, se irrespetó el debido proceso y su derecho de defensa porque, antes de negar el finiquito, la institución debió notificarle el inicio de una auditoría, concederle audiencia y darle espacio para discutir los hallazgos.
En el dictamen presentado por García incluso se cuestiona que quien denunció sea mercadólogo y que eso no le otorgue competencia jurídica para determinar hechos susceptibles de constituir delito.
Además, el análisis presenta una contradicción porque asegura que la CGC transgredió los derechos del rector de optar y ocupar un cargo público al impedirle la extensión de la constancia transitoria, para lo cual citó jurisprudencia de la Corte IDH. Sin embargo, al inicio de su argumentación, la abogada aseguró que el finiquito no era aplicable al rector de la Usac.
Consultada al respecto, la Contraloría respondió que las denuncias contra Mazariegos se originaron en un examen especial de auditoría al CSU, que la Fiscalía contra la Corrupción del MP solicitó el 26 de febrero y que por petición de esa institución se practica bajo reserva, según el artículo 314 del Código Procesal Penal.
«No le corresponde en estos casos específicos a la CGC realizar notificaciones ni ningún tipo de actuaciones como en una auditoría normal, iniciada de oficio por la entidad», añadió la institución.
El 23 de junio, el director de Atención de Denuncias de la Contraloría, Nery De León, explicó en una citación de diputados del partido Vos que las denuncias contra el Consejo Superior, presidido por Mazariegos, son por omisión de convocatorias para la elección de representantes de unidades académicas, aprobación de mecanismos para contratación docente contrarios a la Ley Orgánica de la Usac y por la participación de miembros del CSU con períodos de funciones vencidos.
De León señaló que Mazariegos no tenía las calidades ni para optar ni para ser elegido rector de la Usac porque las denuncias se interpusieron entre el 24 y el 27 de marzo últimos, antes de la elección de rector realizada en La Antigua Guatemala el 8 de abril. Un mes después de ese acto, la CGC ratificó las denuncias en el MP y el examen especial continúa su curso.
Durante la sesión del CSU en la que se expuso el argumento jurídico que le permite ocupar la rectoría sin finiquito, Walter Mazariegos también lanzó una advertencia sobre los cuestionamientos y dudas sobre la legitimidad de su reelección.
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