¿Quién debe poner límites a la IA? Gobiernos y gigantes tecnológicos buscan reglas comunes

El desarrollo de la inteligencia artificial avanza a un ritmo exponencial, mientras las regulaciones para tratar de controlarla y asegurar su gobernanza están cada vez más fragmentadas y avanzan en direcciones muy distintas y, a veces, hasta contrapuestas, en un mundo donde las fronteras digitales están cada vez más desdibujadas.

La Unión Europea cuenta ya con un reglamento de IA, que es, de hecho, el primer marco jurídico integral sobre esta tecnología que existe en el mundo y que, en gran parte, ya está en vigor y es de obligado cumplimiento; China construye su propio entramado de normas, y Estados Unidos ha dejado gran parte de ese protagonismo a los estados, mientras su presidente, Donald Trump, rechaza regulaciones que considera excesivas o que puedan ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

Pero son los responsables de algunos de los gigantes tecnológicos —estadounidenses casi todos— los que claman ahora por esa regulación y por fijar estándares internacionales, e incluso por que Estados Unidos lidere ese proceso junto con los institutos y laboratorios que están surgiendo en muchos países —Australia, Canadá, Alemania, Francia, Kenia, Japón, Corea, Singapur, la India o el Reino Unido— para tratar de garantizar la seguridad de la IA.

Sobre la mesa están también los reproches que muchos expertos hacen a estas empresas ante los llamamientos a ralentizar y frenar los desarrollos más disruptivos de la IA, por si esconden, en realidad, operaciones de marketing —algunas están preparando su salida a bolsa y el lanzamiento de nuevos modelos— y hasta una voluntad indisimulada de controlar esa regulación.

Estándares internacionales, similares a los de la aviación o la banca

A las regulaciones nacionales e incluso supranacionales —como la que ya impera en la UE—, muchos analistas quieren sumar estándares internacionales y comparan la posibilidad de aplicarlos a la IA con los que se aplicaron al sector bancario o a la aviación. Si un avión puede despegar en un país, atravesar varios continentes y aterrizar en otro bajo un sistema internacional común, también la IA debería poder aplicarse en países distintos con marcos regulatorios diferentes.

Muchas regiones y países tienen ya regulaciones o leyes en tramitación. La primera, y la que muchos expertos citan como “espejo” en el que deberían mirarse otros territorios, es la de la Unión Europea, que clasifica los sistemas de inteligencia artificial en cuatro niveles de riesgo, desde los que están absolutamente prohibidos hasta los que conllevan un riesgo mínimo.

El Reglamento Europeo establece, además, la obligada supervisión humana para los modelos más peligrosos y prevé un severo régimen de sanciones, de hasta 35 millones de euros —o del 7% del volumen de negocio mundial de una empresa—, para quienes utilicen sistemas con un riesgo “inaceptable” y, por lo tanto, prohibidos.

Y aunque es de obligado cumplimiento en todos los países de la UE, muchos han avanzado en regulaciones propias, entre ellos España. El Gobierno ya ha aprobado un proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, que replica en gran parte la norma europea y que dotará al país de un instrumento para asegurar la supervisión humana de todos aquellos sistemas considerados de “alto riesgo” porque podrían afectar los derechos fundamentales.

La autorregulación no ha funcionado

Varios países —Corea del Sur, China, Japón o Singapur— tienen ya leyes o marcos regulatorios para tratar de asegurar la gobernanza, la transparencia y la supervisión humana de los sistemas y modelos de IA, aunque ninguno parece, a la vista de los expertos que se han pronunciado sobre ellos, tan avanzado e integral como el propuesto y aprobado por la UE.

Varios organismos internacionales —la ONU, la OCDE o el Consejo de Europa— han publicado durante los últimos meses informes en los que radiografían esa situación y los avances de cada país para intentar ordenar la gobernanza de esta tecnología. El diagnóstico mundial de la Unesco ha mostrado que el 49% de los estados que analizó ya tenían algún tipo de regulación relacionada con la IA, aunque muy dispar entre sí.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento para gobernar la IA “antes de que esta lo haga por su cuenta”, y el presidente español, Pedro Sánchez, mantiene que la “autorregulación” que pretenden los “tecnooligarcas” ya ha demostrado que no funciona.

El propio Sánchez, junto con otros dirigentes mundiales —Emmanuel Macron, Anthony Albanese o Ursula von der Leyen—, ha aprovechado su participación en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, para exigir límites urgentes e internacionales al impacto de la IA, advirtiendo de que la sociedad no puede permitirse repetir los errores de las redes sociales ni tardar una década en legislar.