Reformas al IUSI plantean reducción de impuestos, pero alertan impacto en servicios municipales

La Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de Guatemala emitió un dictamen favorable con modificaciones a la propuesta de reforma a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI),la cual busca reducir la carga tributaria para los contribuyentes mediante nuevas exenciones y ajustes al sistema actual. Sin embargo, especialistas y actores clave advierten sobre los riesgos que esta iniciativa podría representar para las finanzas municipales y la prestación de servicios públicos.

Medidas contempladas en la reforma al IUSI

La iniciativa establece varias exenciones orientadas a aliviar la presión fiscal sobre ciertos sectores de la población. Entre las principales medidas se encuentran:

• Exoneración temporal del IUSI para la primera vivienda mientras esté en proceso de pago.
• Exención total para propietarios que hayan cumplido con el pago del impuesto durante 20 años consecutivos.
• Exoneración dirigida a personas mayores de 60 años, con el objetivo de proteger el patrimonio familiar.

Estas disposiciones buscan incentivar la adquisición de viviendas y proteger a grupos vulnerables, sin embargo, generan inquietudes en cuanto a su impacto en la recaudación y, por ende, en la capacidad de las municipalidades para financiar servicios.

Dependencia municipal del IUSI y su recaudación actual

El Impuesto Único sobre Inmuebles es una fuente fundamental para las municipalidades guatemaltecas. Según datos del Ministerio de Finanzas Públicas, la recaudación total del IUSI durante 2025 alcanzó aproximadamente Q1,853.7 millones a nivel nacional, con los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez como los principales contribuyentes.

En términos municipales, la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva destacan como los principales receptores de estos recursos, los cuales financian obras y servicios básicos. Actualmente, la distribución de los ingresos por IUSI es la siguiente:

• El 2 por millar se destina en su totalidad a las comunas.
• Los tramos de 6 y 9 por millar se distribuyen con un 75% para municipalidades y un 25% para el Estado.

Además, la legislación vigente establece que al menos el 70% de estos recursos debe invertirse en servicios básicos e infraestructura, por lo que cualquier reducción en la recaudación podría comprometer la calidad y cobertura de estos servicios.

Análisis experto sobre las implicaciones fiscales

Desde el Instituto para la Competitividad Económica (ICE),se ha destacado que la reforma introduce una simplificación importante al plantear una tasa fija del 3 por millar, reduciendo la complejidad administrativa y disminuyendo la carga tributaria para quienes actualmente pagan tasas más altas.

Sin embargo, el ICE advierte que la eliminación de escalas progresivas puede afectar la equidad del sistema y generar efectos diferenciados entre contribuyentes. Además, el instituto señala que las exenciones podrían incentivar la compra de inmuebles y dinamizar el sector inmobiliario, pero también podrían reducir los ingresos municipales, generando presión financiera sobre los gobiernos locales.

“Un riesgo potencial con las exenciones es la posible presión municipal por la reducción de recaudación”, señaló una representante del ICE en un análisis reciente.

Perspectiva del sector construcción

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) ha expresado una evaluación cautelosa ante la propuesta. Su director ejecutivo enfatizó que, aunque aliviar la carga tributaria puede ser positivo para el acceso a vivienda, la iniciativa carece de un análisis integral sobre sus efectos a mediano y largo plazo.

Entre las principales preocupaciones del sector destacan:

• La reducción significativa de ingresos municipales que podría limitar inversiones en infraestructura esencial.
• El riesgo de que las municipalidades compensen el menor ingreso mediante aumentos en servicios básicos, permisos o multas.
• La afectación potencial a la sostenibilidad de proyectos urbanos en crecimiento.

El representante de la CGC señaló que el país enfrenta una etapa de crecimiento urbano donde la inversión en servicios como agua potable, drenajes y alumbrado público es crucial, y que recortar recursos sin definir mecanismos de financiamiento alternativos podría trasladar un costo social elevado al futuro.

Propuestas para mitigar el impacto en las finanzas locales

Ante la falta de mecanismos claros para compensar la reducción de ingresos municipales, la Cámara Guatemalteca de la Construcción propone la creación de un fondo de compensación financiado con recursos del Impuesto de Solidaridad (ISO),que recauda alrededor de Q3,700 millones anuales. Este fondo buscaría mitigar el impacto en las finanzas de los gobiernos locales y asegurar la continuidad de la inversión en infraestructura pública.

También se sugiere actualizar los valores fiscales y promover una mayor participación del Estado en el financiamiento de proyectos municipales para garantizar la sostenibilidad financiera.

Reacción de las municipalidades

Consultadas, algunas municipalidades han expresado cautela y preocupación frente a la reforma. La Municipalidad de Guatemala destacó que el IUSI es una fuente vital para el desarrollo urbano, y que cualquier cambio debe evaluarse con una visión responsable y a largo plazo para evitar una reducción en la capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas.

Por su parte, la Municipalidad de Villa Nueva se encuentra en proceso de análisis de la propuesta para determinar posibles impactos y acciones a seguir.

En el ámbito legislativo, aunque se intentó integrar a alcaldes en mesas técnicas para discutir la iniciativa, no se obtuvo respuesta formal de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM),lo que evidencia una falta de diálogo directo con los gobiernos locales sobre esta importante reforma.

Conclusiones

La reforma al Impuesto Único sobre Inmuebles representa un intento por aliviar la carga tributaria de los contribuyentes guatemaltecos mediante la simplificación de tasas y la introducción de exenciones. No obstante, el análisis de expertos y sectores vinculados alerta sobre los riesgos que esta medida podría generar en la recaudación municipal y la consecuente afectación de servicios básicos e infraestructura.

La sostenibilidad financiera de las municipalidades es un factor clave para garantizar la calidad de vida y el desarrollo urbano en Guatemala. Por ello, cualquier modificación a la Ley del IUSI deberá considerar mecanismos compensatorios y una evaluación integral que equilibre el alivio fiscal con la capacidad de inversión en servicios públicos esenciales.