Renap implementa nuevo sistema biométrico en año preelectoral con contrato de Q40 millones

El Registro Nacional de las Personas (Renap) ha iniciado el proceso para sustituir su sistema biométrico, que registra datos de millones de ciudadanos guatemaltecos, por uno nuevo que será implementado en las próximas semanas. Este cambio ocurre por primera vez en más de una década y se concretará a menos de 10 meses de la convocatoria a las elecciones generales de 2027.

El nuevo sistema fue adjudicado a la empresa New Generation Network mediante un contrato por un monto de Q40 millones, según documentos oficiales publicados en la plataforma Guatecompras. La adjudicación ha generado inquietudes debido a que la empresa beneficiaria posee limitada experiencia en proyectos similares, con menos de cinco años como contratista del Estado y ventas previas al sector público por un valor aproximado de Q2 millones.

Contexto del cambio y antecedentes

El sistema biométrico actual del Renap fue desarrollado en 2017 por la empresa argentina Iafis, que mantuvo la exclusividad en el servicio y mantenimiento hasta 2024, cuando el último contrato venció y no se renovó. Durante más de un año, el sistema ha operado sin mantenimiento especializado, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades, aunque el Renap asegura que el equipo interno ha brindado soporte limitado.

Este sistema contiene información biométrica de más de 13 millones de guatemaltecos, incluyendo datos de huellas dactilares y registros faciales, que son fundamentales para prevenir la usurpación de identidad y garantizar la integridad del padrón electoral. Además, el sistema está vinculado al Sistema de Registro Civil y es utilizado por distintas entidades estatales como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y otras instituciones para diversos trámites.

Proceso de adjudicación y cuestionamientos

La decisión de cambiar el proveedor y el sistema fue aprobada en julio de 2025 por el Directorio del Renap, conformado en ese momento por representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE),el Ministerio de Gobernación y el Congreso de la República. La medida responde a una recomendación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para abrir la participación a más empresas y modernizar la tecnología utilizada en el país.

El proceso de licitación contó con dos ofertas principales: la de New Generation Network, por Q39.9 millones, y la de Mühlbauer ID Services GMBH, por Q48 millones. Tras la adjudicación, ambas empresas no ganadoras presentaron inconformidades relativas a la evaluación y a requisitos técnicos del concurso, las cuales fueron rechazadas. Además, la actual proveedora, Iafis, planteó varias observaciones sobre la transparencia del proceso y la exclusividad de ciertos criterios técnicos que, según ellos, favorecían a un solo proveedor.

Entre las controversias está la inclusión en las bases de requisitos técnicos basados en pruebas de rendimiento del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de Estados Unidos, que limitarían la competencia a empresas con tecnologías específicas. El Renap ha respondido que estos requisitos son solo referencias técnicas y no criterios excluyentes.

Características y desafíos del nuevo sistema

El nuevo contrato contempla la ampliación de la capacidad de almacenamiento a más de 30 millones de registros y promete mejoras en precisión, velocidad, interoperabilidad, seguridad y protección de datos. El plazo para la implementación, adaptación e integración es de 90 días hábiles, por lo que se espera que la entrega se concrete durante abril de 2026.

Sin embargo, aún no se especifica con claridad la infraestructura tecnológica que soportará el sistema, ni si se adquirirá nuevo equipo o se utilizará infraestructura existente. El Renap señaló que está en evaluación los requerimientos de infraestructura para garantizar un desempeño óptimo.

Un reto fundamental será la migración de los datos biométricos —que incluyen registros de personas con Documento Personal de Identificación (DPI),menores de edad y fallecidos— desde el sistema actual hacia el nuevo. Este proceso conlleva riesgos de pérdida o deterioro de registros, situación que expertos y la empresa desarrolladora han reconocido y plantean mitigar mediante auditorías, validaciones cruzadas y respaldos exhaustivos.

Implicaciones en el contexto electoral

El momento del cambio es especialmente sensible, dada la proximidad de las elecciones generales de 2027. La calidad y autenticidad del padrón electoral dependen directamente de la integridad del sistema biométrico. Por esta razón, especialistas en estudios políticos han señalado la importancia de que el Directorio del Renap y la nueva magistratura del Tribunal Supremo Electoral velen por un proceso transparente y seguro para evitar cuestionamientos sobre la validez del registro electoral.

Asimismo, la vinculación del sistema biométrico con entidades como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público resalta la importancia de mantener altos estándares de seguridad y confiabilidad en el manejo de los datos personales.

Perfil de la empresa adjudicada

New Generation Network fue constituida en 2017 y ha tenido 11 representantes legales desde su fundación. En los últimos años, la representación ha estado a cargo de miembros de la familia Briz Fernández, empresarios vinculados anteriormente a operaciones comerciales que han sido objeto de cobertura mediática, incluyendo ventas de propiedades a altos funcionarios públicos.

A pesar del corto historial en proyectos estatales de gran escala, la empresa asegura contar con la experiencia necesaria para cumplir con el contrato, y afirma que el proceso de migración y puesta en marcha del nuevo sistema se realizará bajo estándares internacionales de calidad y seguridad.

Conclusión

La renovación del sistema biométrico del Renap representa un paso importante para la actualización tecnológica y la protección de datos personales en Guatemala, pero también implica desafíos técnicos y de transparencia que deben ser gestionados cuidadosamente. El éxito de esta transición será clave para la confianza en los procesos electorales y en la integridad de la identificación ciudadana en el país.