Renovación de la Corte de Constitucionalidad: Cang enfrenta disputa legal en elecciones 2026

Las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para elegir a magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) se desarrollan en un clima de incertidumbre jurídica debido a una disputa legal que ha generado controversia sobre la inclusión de profesionales afines en el padrón electoral.

La Sala Sexta de lo Contencioso y Administrativo emitió un amparo provisional que ordena al Cang modificar su convocatoria electoral en un plazo de seis horas, restringiendo el derecho al voto exclusivamente a abogados activos, excluyendo así a profesionales de ciencias afines que también forman parte del colegio profesional. Esta decisión ha abierto la puerta a impugnaciones y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral.

Contexto y antecedentes

El Cang está convocado para llevar a cabo la votación el 4 de febrero de 2026 con el objetivo de elegir a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad, un órgano fundamental para la interpretación y control constitucional en Guatemala. En caso de no definirse un ganador en primera ronda, está prevista una segunda vuelta para el 12 de febrero.

La exclusión de los profesionales afines, que incluyen licenciados en ciencias jurídicas pero no abogados en ejercicio, ha sido cuestionada por varios sectores, argumentando que estos cumplen con las obligaciones estatutarias del colegio, tales como el pago de cuotas y la sujeción a regímenes disciplinarios, además de tener una histórica participación en procesos electorales del Cang.

Respuesta del Colegio de Abogados y Notarios

Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Cang, señaló que el rechazo de un recurso de aclaración presentado ante la sala ha complicado el escenario legal a pocas horas de la apertura de las urnas. La dirigencia del colegio ha interpuesto un ocurso de queja y una apelación ante la Corte de Constitucionalidad para buscar que se revea la resolución judicial.

Gámez enfatizó que la resolución de la Sala Sexta contiene términos que calificó de "imposibles de cumplir" en el corto plazo, especialmente el mandato de modificar la convocatoria en seis horas. Además, manifestó que como Junta Directiva su objetivo principal es abrir la asamblea electoral y que la Corte de Constitucionalidad otorgue certeza jurídica sobre la controversia.

Sobre la posible suspensión de efectos de la apelación contra el amparo provisional, la presidenta del Cang indicó que aún se encuentran analizando los escenarios legales para definir el curso de acción más adecuado.

Reacciones y apelaciones

Tras el rechazo de la aclaración, el abogado Diego Sagastume solicitó formalmente que se cumpla con la orden emitida por la Sala Sexta para excluir a los profesionales afines del proceso electoral. Este movimiento ha intensificado la disputa y generado incertidumbre sobre la legitimidad del padrón electoral.

Preocupación internacional

La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala expresó su preocupación por la exclusión de los profesionales de ciencias afines al derecho en el proceso electoral del Cang. En un comunicado emitido la noche del 3 de febrero, la misión recordó que estos profesionales están colegiados por mandato legal, cumplen con sus obligaciones estatutarias y han participado históricamente en los procesos internos del colegio.

La OEA advirtió que tanto el amparo provisional otorgado por la Sala Sexta como la apelación presentada ante la Corte de Constitucionalidad pueden tener consecuencias directas en la percepción de legitimidad de la Corte de Constitucionalidad y del sistema de justicia guatemalteco en general.

Implicaciones para el sistema judicial y político

La disputa legal en torno a las elecciones del Cang cobra relevancia en un momento en que la Corte de Constitucionalidad desempeña un papel clave en la supervisión y control del orden constitucional en Guatemala. La elección de sus magistrados es una decisión de alto impacto político y jurídico, dado que la composición del tribunal puede influir en resoluciones sobre temas sensibles para el país.

La controversia también pone de manifiesto tensiones internas en el sector jurídico y la necesidad de clarificar el marco normativo que regula la participación de distintos profesionales en procesos electorales del colegio profesional. La exclusión de un segmento significativo de la base colegiada podría afectar la representatividad y la legitimidad de los futuros magistrados designados por el Cang.

Próximos pasos y expectativas

A horas de la jornada electoral, el Colegio de Abogados y Notarios continúa evaluando las vías legales y administrativas para proceder con las votaciones, en un ambiente marcado por la incertidumbre y la expectativa sobre la resolución definitiva de la Corte de Constitucionalidad.

La presidenta del Cang enfatizó que, pese a la complejidad del escenario, el colegio actuará conforme a derecho y en apego a los procedimientos establecidos, esperando que la máxima instancia judicial esclarezca la situación y garantice un proceso electoral legítimo y transparente.

El desenlace de esta disputa tendrá repercusiones importantes no solo para el Cang y la Corte de Constitucionalidad, sino también para la percepción pública del sistema judicial guatemalteco y el fortalecimiento institucional en un contexto de desafíos políticos y sociales en el país.