Repeju rechaza cancelar la Fundación contra el Terrorismo solicitada por José Rubén Zamora

El Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación de Guatemala rechazó la solicitud presentada por el periodista José Rubén Zamora para la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo (FCT). La resolución se fundamenta en que el reglamento invocado para dicha petición no es aplicable a esta organización, dado que la fundación fue constituida antes de la emisión de la normativa, respetando así el principio jurídico de irretroactividad.

José Rubén Zamora, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, interpuso esta solicitud el pasado 18 de febrero, argumentando que la Fundación contra el Terrorismo ha sido utilizada para criminalizar y perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

Motivos y argumentos de la resolución de Repeju

De acuerdo con la resolución oficial, el reglamento que regula la cancelación de personas jurídicas no puede aplicarse de manera retroactiva a fundaciones constituidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Por esta razón, la petición de Zamora fue desestimada por razones legales.

En declaraciones posteriores, Zamora manifestó que la resolución ignora la evidencia y los hechos que sustentan su solicitud, y considera que la decisión está basada en un juicio de valor personal y subjetivo. Asimismo, señaló que las organizaciones que transgreden sus propios estatutos deberían ser objeto de cancelación.

Expectativas sobre la intervención del Ministerio de Gobernación

El periodista expresó su esperanza en que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, revise la solicitud y la evidencia presentada para emitir un pronunciamiento al respecto. La Fundación contra el Terrorismo, conocida también como Fundaterror, ha sido objeto de controversia debido a su participación como querellante adhesiva en procesos judiciales impulsados por el Ministerio Público.

Contexto de la Fundación contra el Terrorismo y su rol en procesos judiciales

La FCT participa como parte acusadora en casos relacionados con supuestos delitos de lavado de dinero y otros ilícitos, incluyendo procesos contra José Rubén Zamora y otros actores sociales, como exfiscales antimafia y líderes indígenas, muchos de los cuales han tenido que exiliarse.

El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, ha sido sancionado por Estados Unidos en 2021 y por la Unión Europea en 2025, señalándolo por actos considerados como corruptos y antidemocráticos, además de su presunta implicación en la persecución e intimidación de operadores de justicia y periodistas.

Reacciones de las partes involucradas

José Rubén Zamora ha calificado a la Fundación contra el Terrorismo como un "escuadrón de la muerte de reputaciones", argumentando que las personas denunciadas pierden la presunción de inocencia debido a acusaciones sin fundamento.

Por su parte, Ricardo Méndez Ruiz publicó un video en redes sociales en el que respaldó la resolución de Repeju y manifestó su confianza en que el ministro de Gobernación mantenga la postura de rechazar la solicitud de cancelación, alegando que carece de base jurídica sólida.

Implicaciones para la libertad de prensa y la sociedad civil

El caso ha generado preocupación en diversos sectores, dado que la Fundación contra el Terrorismo ha sido señalada por organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas como una entidad que podría estar siendo utilizada para limitar la libertad de expresión y judicializar la labor periodística y social.

El proceso judicial contra José Rubén Zamora, quien permaneció más de tres años en prisión antes de obtener arresto domiciliario con movilidad restringida, ha sido uno de los casos emblemáticos en este contexto.

Conclusión

La negativa del Repeju a cancelar la Fundación contra el Terrorismo marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre actores judiciales, organizaciones civiles y la libertad de prensa en Guatemala. La solicitud de Zamora y la respuesta del registro jurídico evidencian la tensión existente en el país sobre el uso de entidades privadas en procesos legales y su impacto en derechos fundamentales.

Queda por verse si el Ministerio de Gobernación emitirá un pronunciamiento definitivo que pueda modificar el curso de esta polémica solicitud, mientras que el debate sobre la función y legitimidad de la Fundación contra el Terrorismo continúa vigente en la esfera pública guatemalteca.