Río Pinula en Villa Hermosa: crónica de una década de viviendas destruidas y un riesgo que ahora alcanza al puente
Crónica relata cómo el río Pinula ha dañado el suelo y causado la destrucción de inmuebles en los últimos años en San Miguel Petapa.
La emergencia que enfrentan los vecinos de Villa Hermosa I, en San Miguel Petapa, tiene una historia de viviendas destruidas, terrenos erosionados y familias que han visto desaparecer su patrimonio por la crecida del río Pinula, que ahora amenaza con destruir el puente que une ese municipio con Boca del Monte, Villa Canales.
Las publicaciones de Prensa Libre han documentado daños recurrentes, advertencias de riesgo y familias que permanecen en sus viviendas por falta de alternativas. En 2026, nuevos colapsos y el cierre del puente agravan una problemática que se arrastra desde hace años.
La revisión de publicaciones de la Hemeroteca de Prensa Libre permite reconstruir al menos 10 años de daños recurrentes, aunque los testimonios de los residentes sitúan los primeros episodios graves después del huracán Mitch, en 1998.
En 2026, el deterioro volvió a intensificarse. A los derrumbes registrados desde junio se sumaron nuevos colapsos en septiembre y octubre, mientras la erosión avanzó hacia el puente que conecta Villa Hermosa con Boca del Monte.
El 4 de octubre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó cerrar inmediatamente la estructura por condiciones de riesgo inminente de colapso. Posteriormente, se informó que el paso permanecía totalmente cerrado.
Viviendas destruidas desde antes de 2016
El 16 de septiembre de 2016, Prensa Libre publicó que unas 20 casas estaban destruidas en Villa Hermosa I. La familia Hernández relató que, en 2013, el incremento del cauce había destruido 10 viviendas y afectado el patio de su propiedad.
La cobertura también consignó que seis casas previamente abandonadas fueron destruidas en 2015. Para entonces, Conred ya había declarado de alto riesgo el sector 2, pero algunas familias continuaban habitándolo porque no tenían otra propiedad donde instalarse.
En junio de 2018, otra publicación documentó que unas 45 familias de los sectores 2 y 4 se resistían a abandonar sus viviendas pese al peligro. La Municipalidad había construido dos muros para detener el socavamiento, aunque los vecinos advertían que las obras no cubrían todo el terreno vulnerable. Esa nota identificaba el afluente como río Platanitos, por lo que corresponde conservar esa referencia al reconstruir el antecedente.
Grietas y daños que reaparecen
El 18 de septiembre de 2022, Prensa Libre documentó grietas y socavamientos en los sectores 1 y 3 de Villa Hermosa I. Las imágenes mostraban daños en pisos de viviendas y banquetas, mientras Conred preparaba una evaluación técnica para establecer las condiciones del terreno.
La institución explicó que algunas grietas habían sido detectadas desde 2018. En esa cobertura también se reportó un colector dañado y se indicó que el origen de las fisuras todavía debía determinarse, por lo que este episodio no debe atribuirse automáticamente al mismo mecanismo de erosión observado actualmente junto al río.
2023: colapsos, solicitudes de ayuda y retorno a casas dañadas
Durante agosto de 2023 comenzaron a intensificarse los daños. La crecida del 2 de septiembre provocó el desplome de viviendas y, para el día 4, Conred contabilizaba 13 casas colapsadas y otras 11 en grave riesgo en los sectores 2 y 4.
Hacia finales de septiembre, las coberturas señalaban al menos 73 casas en riesgo y unas 120 familias expuestas a los daños provocados por el río. Las imágenes documentaron viviendas cuyos cimientos habían quedado sin terreno que los sostuviera.
En octubre, el alcalde Mynor Morales reportó 182 viviendas dañadas y solicitó apoyo al entonces gobierno de Alejandro Giammattei. Aseguró que la comuna no contaba con recursos suficientes y estimó en al menos Q140 millones la reparación de gaviones y del área afectada, sin incluir la construcción o reparación de viviendas.
Un balance publicado en diciembre, atribuido a Conred, identificó 465 viviendas con daños leves, moderados o severos a lo largo del cauce, en sectores de Santa Inés, Villa Hermosa y Bajares Concepción. Este registro abarcaba varias colonias y distintas categorías de afectación; no equivalía a 465 casas derrumbadas únicamente en Villa Hermosa.
Ese mismo mes, Prensa Libre constató que algunos vecinos habían regresado a viviendas dañadas. La falta de dinero y de otro lugar donde vivir los llevaba a permanecer en inmuebles que seguían representando un riesgo.
2024: un socavamiento asociado a drenajes
El 21 de octubre de 2024 se reportó un socavamiento en una calle de Villa Hermosa 2. Conred lo relacionó con el colapso de una tubería de drenajes y coordinó acciones con la Municipalidad.
Aunque forma parte de los antecedentes de vulnerabilidad del sector, este incidente tuvo una causa específica vinculada con la infraestructura de drenajes y debe distinguirse de la erosión de las márgenes del río Pinula.
2026: nuevos derrumbes y familias sin alternativas
El 23 de junio de 2026, Prensa Libre volvió a documentar colapsos y deslizamientos después de fuertes lluvias. Vecinos denunciaron la falta de opciones para alojar a quienes debían abandonar sus casas y comerciantes reportaron pérdidas de mercadería arrastrada por la corriente.
En esa cobertura, residentes situaron los primeros daños severos después del huracán Mitch. El alcalde informó que se había apoyado el traslado de pertenencias a una bodega temporal, pero al cierre de la publicación no se habían comunicado medidas definitivas para resolver la situación habitacional.
Tres días después, una investigación de Prensa Libre recogió estimaciones de vecinos sobre al menos 80 viviendas derrumbadas durante 2026. La cifra correspondía a testimonios de residentes. Conred indicó que el registro de daños y familias damnificadas correspondía a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres.
El 9 de septiembre, Prensa Libre informó que una vivienda había caído por completo al río durante el fin de semana anterior. Otras familias comenzaron a retirar muebles y pertenencias, mientras algunos afectados permanecían en la calle por no tener adónde trasladarse. Los vecinos ya advertían entonces que el deterioro podía alcanzar una calle y el puente principal.
El 27 de septiembre, pobladores recibieron con reclamos y abucheos al alcalde durante una visita a la zona afectada. Morales aseguró que había presentado un amparo para solicitar que el Gobierno atendiera a los damnificados y los ubicara en otro sector. También informó de trabajos para reforzar el área del puente.
Para el 30 de septiembre, vecinos calculaban que el socavamiento se encontraba a unos 10 metros de la estructura. Comercios cercanos comenzaron a cerrar o retirar sus pertenencias y se había restringido el transporte pesado.
La Municipalidad colocaba roca y construía una estructura de concreto para estabilizar el terreno. Morales explicó que buscaban proteger el puente y extender las obras entre 30 y 40 metros aguas arriba, aunque sostuvo que una solución definitiva superaba la capacidad económica de la comuna. Conred recordó que el área estaba comprendida en una declaratoria de alto riesgo desde 2001.
Octubre: cierre del puente y amparo provisional
La emergencia volvió a agravarse el sábado 3 de octubre, cuando vecinos y autoridades municipales reportaron al menos cinco nuevos derrumbes en viviendas. El domingo continuaron los trabajos con maquinaria y la colocación de rocas, mientras se ordenó el cierre de inmuebles próximos al cauce.
Entre los afectados estaba don Germán, quien relató que la mitad de su vivienda había cedido después de 40 años de vivir en el lugar. Su testimonio reflejaba la pérdida de un patrimonio construido durante décadas.
Ese 4 de octubre, Conred recomendó impedir el tránsito de todo tipo de vehículos por el puente, habilitar albergues y establecer rutas alternas, luego de una evaluación de emergencia que determinó riesgo inminente de colapso.
Mientras el puente permanecía cerrado, vecinos estimaban que unas 500 viviendas habían caído al cauce durante los últimos 10 años. Esa cifra es una estimación comunitaria acumulada, distinta del recuento de 2026 y de los registros oficiales de viviendas con diferentes niveles de daño.
La emergencia actual se suma así a una sucesión de pérdidas y advertencias documentadas durante años, con familias que siguen enfrentando el riesgo y la falta de un lugar seguro donde vivir.
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