Robo de armas en Petén: una salida a almorzar, cámaras alteradas y 74 fusiles desaparecidos
Pese a los indicios del MP sobre cajas con fusiles sacadas del Comando Aéreo del Norte, en Petén, a cambio de dinero y fallas de seguridad, se cerró el caso contra tres militares.
Un arsenal valorado en Q1 millón 75 mil 815 desapareció del Comando Aéreo del Norte, en Petén en octubre del 2025. La investigación del Ministerio Público (MP) apunta a una serie de fallas en la vigilancia, ingresos irregulares de vehículos y deficiencias en el control del almacén militar que habrían facilitado la sustracción.
El faltante comprendía 74 fusiles, tres lanzagranadas, 14 mil 422 municiones y 111 tolvas. La investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado llevó a la captura de cuatro militares. Un año después del robo, tres de los acusados fueron favorecidos con el cierre del caso en su contra por el delito de incumplimiento de deberes y solo uno fue enviado a juicio por hurto agravado e incumplimiento de deberes.
Documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre detallan cómo una analista de Inteligencia se percató de actos sospechosos dentro de un área restringida en la base militar.
La salida a almorzar y las cámaras
Según la apelación del MP, el 24 de octubre del 2025, alrededor de las 13 horas, la analista de Inteligencia salió a almorzar. Regresó aproximadamente 45 minutos después y se dirigió al Comando Aéreo del Norte.
En ese momento observó un vehículo particular estacionado junto a la oficina de Inteligencia. La situación le llamó la atención porque, según su declaración, ese lugar no estaba autorizado para el ingreso de vehículos particulares.
La analista preguntó quién había llevado el vehículo y posteriormente se dirigió a revisar las cámaras de seguridad. Entonces advirtió de que las imágenes estaban cortadas.
De acuerdo la tesis del MP, el subteniente Diego Antonio Ávila Peret, quien se encontraba al servicio de la Jefatura de Servicios de Base, recibió el reporte y ordenó efectuar un conteo del armamento. Durante esa revisión se detectó que faltaban armas y municiones del almacén militar.
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El traslado de las cámaras
En el expediente está la declaración del subteniente Diego José Rodríguez Orozco, quien explicó que el 8 de octubre del 2025 se efectuó el traslado de las cámaras del almacén hacia la oficina de Inteligencia del comando.
La diligencia se habría realizado después de una recomendación de la Inspectoría General del Ejército.
Según la declaración, durante ese traslado se observó que la tarima donde estaban almacenados los fusiles M16 no tenía cadena ni candado. También se detectaron problemas en el funcionamiento de las cámaras.
La investigación también señala que el sargento primero Bryan Lizandro Santos Córdova, encargado de funciones de guardalmacén, tenía bajo su responsabilidad el control de las llaves del almacén.
Las cajas que salieron del comando
La denuncia por el robo del armamento fue presentada el 25 de octubre del 2025 por el coronel Carlos Ernesto Ibarra Corrales, comandante de la unidad. Según el relato, el sargento primero Ludwin Jonathan Cardona Baltazar informó que Bryan Lizandro Santos Córdova, encargado del almacén, le había pedido en varias ocasiones ayuda para sacar cajas de las instalaciones militares.
El documento señala que Santos Córdova “en reiteradas ocasiones le solicitó que lo ayudara en llevar unas cajas fuera del comando, a lo cual accedió a llevárselas”.
Cardona Baltazar también habría comentado a Santos Córdova que tenía deudas y pocos recursos económicos. La respuesta, según el expediente, fue una oferta de dinero.
La Fiscalía consignó que Santos Córdova “le indicó que no se preocupara, que lo iba a ayudar económicamente entregándole Q5 mil, y que si seguía colaborándose le iba a entregar más dinero”.
La oferta despertó sospechas en Cardona Baltazar, quien preguntó qué contenían las cajas que había ayudado a sacar. “Lo que contenían esas cajas eran fusiles”, señala el documento.
La apelación identifica a Santos Córdova como prófugo de la justicia.
Las llaves se entregaban de palabra
Otro punto examinado por el MP fue la forma en que se controlaba el acceso al almacén. Rodríguez Orozco declaró que él y Santos Córdova tenían acceso a las llaves, según los turnos de servicio, pero que la entrega se efectuaba verbalmente.
El documento precisa que “no había instrucciones que se hiciera de constar de forma escrita”.
El subteniente relató, además, que el 28 de septiembre del 2025 salió del comando junto con Santos Córdova, ambos con destino a la capital para cumplir distintas comisiones.
Antes de partir, Rodríguez Orozco dejó las llaves del almacén a Cardona Baltazar, quien desempeñaba funciones de brigada.
Para la Fiscalía, la ausencia de controles escritos, los problemas de videovigilancia y las irregularidades detectadas en el resguardo de los fusiles eran circunstancias relevantes para determinar cómo pudo salir el armamento.
Las responsabilidades atribuidas a los militares
El MP señaló al coronel Ibarra Corrales por presuntas omisiones en la supervisión de las medidas de seguridad del Comando Aéreo del Norte.
Al teniente coronel de Aviación Alain Omar Marroquín Soch, oficial de Inteligencia, le atribuyó deficiencias relacionadas con el seguimiento y control de la videovigilancia.
En el caso del soldado de segunda Josué Israel Pérez Jerónimo, la Fiscalía cuestionó los controles de ingreso de vehículos particulares a las instalaciones militares.
Cardona Baltazar fue señalado por su presunta participación directa en la salida de las cajas, mientras que Santos Córdova aparece en la investigación como la persona que habría solicitado ayuda para trasladarlas y ofrecido dinero a cambio.
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El arsenal y las resoluciones judiciales
Durante diligencias de noviembre del 2025, las autoridades localizaron parte del armamento oculto en drenajes de las instalaciones de esa base militar.
El 26 de octubre del 2025 fueron capturados Ibarra Corrales, Marroquín Soch, Pérez Jerónimo y Cardona Baltazar.
El 27 de abril del 2026, un juzgado de Petén cerró el caso a favor de Ibarra Corrales, Marroquín Soch y Pérez Jerónimo por incumplimiento de deberes. Cardona Baltazar fue enviado a juicio por hurto agravado e incumplimiento de deberes.
La Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Petén confirmó, por mayoría, el sobreseimiento de los tres militares. La magistrada Karol Desiree Vásquez emitió un voto disidente porque consideró que los indicios debían discutirse en juicio.
Ahora, el MP presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que la resolución de apelación no estaba suficientemente fundamentada.
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