Sala deja sin efecto acuerdo que declaró lesiva la compra de edificio de Q35 millones para el MP

La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar las excepciones de Bertram S. A. y anuló el Acuerdo 32-2020, con el que la entonces fiscal general Consuelo Porras declaró lesiva para el Estado la compra de un edificio adquirido durante la gestión de Thelma Aldana, informaron este jueves 12 de noviembre fuentes judiciales.

La resolución también declaró sin lugar la demanda promovida por el MP contra Bertram S. A., empresa que vendió el Edificio Gerencial Asunción, ubicado en la diagonal 14, 21-32, colonia Arrivillaga, zona 5 capitalina, por Q35 millones.

El inmueble fue adquirido en octubre del 2017, durante la gestión de Aldana, por un monto exacto de Q35 millones 100 mil 29.23, según el avalúo oficial aprobado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi), del Ministerio de Finanzas Públicas.

En su sentencia, los magistrados determinaron que el MP incumplió el procedimiento legal para declarar lesivo el contrato, debido a que no concedió audiencia a la empresa vendedora ni agotó la fase de conciliación establecida en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, la Sala concluyó que la fiscal general no tenía facultades para declarar unilateralmente la lesividad del contrato en los términos utilizados, pues, conforme al artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y al artículo 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo, esa atribución correspondía al presidente de la República en Consejo de Ministros.

El tribunal también estableció que las pruebas presentadas por el MP no demostraron que la adquisición hubiera ocasionado un perjuicio económico o jurídico a los intereses del Estado.

De esa cuenta, los magistrados acogieron la reconvención planteada por Bertram S. A., declararon la nulidad del acuerdo de lesividad y rechazaron la pretensión del MP de anular el contrato de compraventa.

Los argumentos que favorecieron a Bertram S. A.

La controversia comenzó cuando Porras Argueta emitió, el 17 de septiembre del 2020, el Acuerdo 32-2020, publicado en el Diario Oficial el 25 de ese mismo mes, mediante el cual declaró lesiva la adquisición del edificio.

La decisión se fundamentó en los hallazgos de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que señaló posibles irregularidades en el procedimiento de compra, una supuesta sobrevaloración del inmueble y deficiencias en las condiciones necesarias para utilizarlo como sede del MP.

Entre los cuestionamientos figuraba una diferencia entre el avalúo oficial de Q35 millones 100 mil 29.23 y una valoración posterior de Q31 millones 500 mil 76.97, elaborada por un valuador privado.

El MP también cuestionó que el inmueble careciera de conexión al servicio municipal de agua potable, que existieran deficiencias de seguridad y que la adjudicación registrada en Guatecompras se hubiera efectuado 20 minutos después de la publicación del evento.

Sin embargo, la Sala Quinta consideró que esos señalamientos no eran suficientes para demostrar que el contrato hubiera perjudicado al Estado.

Respecto del precio, los magistrados señalaron que la compra se efectuó por un monto que no excedía el avalúo oficial, como lo exige el artículo 43 de la Ley de Contrataciones del Estado.

También indicaron que la diferencia entre las valoraciones no demostraba, por sí sola, una sobrevaloración, debido a que los avalúos pueden variar según los criterios técnicos aplicados por los profesionales.

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