Sala Segunda de Mayor Riesgo ordena extinción de Q343 millones vinculados al cartel de los Soles en Guatemala
La Sala Segunda de Mayor Riesgo de Guatemala resolvió la extinción de más de Q343 millones vinculados a una entidad relacionada con el cartel venezolano de los Soles, tras investigaciones del Ministerio Público.
En una decisión histórica, la Sala Segunda de Mayor Riesgo de Guatemala ordenó la extinción de dominio de más de Q343 millones, equivalentes a aproximadamente Q200 millones y US$20 millones, vinculados a una entidad financiera relacionada con el cartel de los Soles, organización criminal procedente de Venezuela.
Según informó el Ministerio Público (MP),dicha suma estaba depositada en una institución bancaria del sistema financiero guatemalteco y se pretendía utilizar para la adquisición de acciones preferentes. La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Extinción de Dominio, bajo la supervisión del fiscal de sección Julio Recinos.
Antecedentes y desarrollo del caso
La entidad involucrada, denominada DHK, fue constituida en Panamá y tiene accionistas originarios de Venezuela. El MP logró establecer que estos recursos formaban parte de operaciones financieras vinculadas con la compra y venta de acciones, así como de dividendos asociados a dichas acciones.
Inicialmente, un juzgado de Extinción de Dominio rechazó la solicitud presentada por el MP para incautar estos fondos. No obstante, la fiscalía apeló la resolución y el caso fue remitido a la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que finalmente dio lugar a la apelación y ordenó la extinción de los fondos a favor del Estado de Guatemala.
Montos exactos extinguidos
- Q156,550,000 destinados para la compra de acciones.
- Q187,390,050 correspondientes a dividendos derivados de las acciones mencionadas.
- US$2,312,071 en efectivo.
El MP indicó que el dinero permaneció inmovilizado durante el proceso de investigación para evitar su disposición irregular.
Fundamentos legales y hallazgos
De acuerdo con la resolución emitida por la Sala Segunda, la extinción de dominio se fundamenta en la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra el Lavado de Dinero, debido a que no se pudo demostrar un origen lícito de los recursos.
La Fiscalía de Extinción de Dominio detalló que los representantes de la entidad DHK mantuvieron comunicaciones con funcionarios del Banco de los Trabajadores, negociando dividendos por la venta de acciones sin sustento legal conforme a la normativa vigente, lo que motivó la extinción de los fondos a favor del Estado.
Reacciones institucionales
La Procuraduría General de la Nación (PGN) se pronunció sobre el fallo, señalando que la Sala Segunda de Apelaciones de Extinción de Dominio reconoció la validez de los recursos legales presentados por esta institución. En su comunicado, la PGN destacó que con esta resolución más de Q361 millones pasarán a favor del Estado guatemalteco.
Además, el tribunal acogió los recursos planteados tanto por el Ministerio Público como por el Banco de los Trabajadores, fortaleciendo así la posición institucional frente a la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
Contexto y relevancia para Guatemala
Este caso representa un paso significativo en los esfuerzos del Estado guatemalteco por combatir las estructuras del crimen organizado y el lavado de dinero, especialmente aquellas vinculadas a redes internacionales como el cartel de los Soles, ampliamente conocido por sus actividades ilícitas en América Latina.
La extinción de dominio de activos financieros ilícitos permite al Estado recuperar recursos que pueden ser destinados a programas sociales y fortalecer las instituciones encargadas de la justicia y seguridad.
La oficina central del Ministerio Público en Guatemala, ubicada en el barrio Gerona de la zona 1 capitalina, continúa impulsando investigaciones de alto impacto que buscan desmantelar redes financieras ilícitas y proteger la economía nacional.
Implicaciones legales y futuras acciones
Con esta resolución, la Sala Segunda de Mayor Riesgo reafirma la aplicación rigurosa de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley contra el Lavado de Dinero, permitiendo que el Estado actúe con contundencia frente a activos de origen ilícito.
La Fiscalía de Extinción de Dominio continuará investigando casos similares, buscando identificar y desarticular operaciones financieras que favorezcan actividades ilícitas y criminales. Este caso también sienta un precedente para futuros procesos en la lucha contra el lavado de activos en Guatemala.
Conclusión
La extinción de dominio de más de Q343 millones vinculados a una entidad relacionada con el cartel de los Soles es un avance importante para el sistema judicial guatemalteco y una muestra del compromiso institucional para proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades del Estado es clave para garantizar resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Este caso ilustra la complejidad y alcance de las investigaciones que se desarrollan en Guatemala para asegurar que los recursos ilegales sean recuperados y reintegrados al patrimonio del Estado, contribuyendo así a la justicia y al bienestar social.
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