Sala Sexta ordena modificar convocatoria del Cang y excluye a profesionales afines en elección de la CC

La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo emitió una resolución que afecta directamente el proceso electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) para la renovación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). El fallo ordena modificar la convocatoria del Cang para que el voto sea exclusivo para abogados, excluyendo a los profesionales afines que habían sido incluidos inicialmente en el llamado a elecciones.

Esta decisión surgió como resultado de un amparo presentado por el abogado Diego Sagastume Vidaurre, quien cuestionó la convocatoria original del Cang por considerar que no restringía el derecho al voto únicamente a los abogados, sino que permitía la participación de otros agremiados, lo que contraviene la normativa establecida para este proceso.

Detalles de la resolución y su impacto en el proceso electoral

La Sala Sexta, al analizar el amparo, emitió un fallo provisional a favor de Sagastume, ordenando al Cang modificar la convocatoria en un plazo máximo de seis horas. Aunque esta resolución no suspende las elecciones previstas para el 4 de febrero, sí obliga a que el llamado al voto sea restringido exclusivamente a abogados colegiados, de acuerdo con la interpretación legal vigente.

El Colegio de Abogados debe mantener las fechas previamente establecidas para las elecciones, pero deberá ajustar la convocatoria para cumplir con lo ordenado por la Sala. Esta medida responde a la necesidad de garantizar la legalidad y legitimidad del proceso electoral, evitando que personas que no cumplen con los requisitos específicos participen en la elección de magistrados de la CC.

Contexto y antecedentes

La renovación de la Corte de Constitucionalidad es un proceso de gran relevancia para Guatemala, dada la importancia de este órgano en la interpretación y defensa de la Constitución. El Cang tiene la responsabilidad de elegir a un magistrado titular y un suplente, quienes formarán parte del período 2026-2031.

El proceso se ha visto marcado por controversias y cuestionamientos en relación con la transparencia y las reglas de participación. La inclusión de profesionales afines —relacionados con ciencias jurídicas pero no abogados inscritos en el Cang— en la convocatoria generó rechazo por parte de sectores que consideran que esta ampliación afecta la legitimidad del proceso.

Reacciones de candidatos y actores políticos

Ante la resolución, varios candidatos a magistrados de la CC han expresado su preocupación y han presentado acciones legales buscando mantener la convocatoria original. Por ejemplo, uno de los aspirantes ha señalado que la exclusión de profesionales afines podría vulnerar derechos y ha pedido que la Corte defienda la convocatoria tal como fue emitida por el Colegio.

Este candidato advierte además sobre posibles presiones políticas y económicas que influirían en el proceso de elección de la nueva Corte, y subraya la importancia de que la elección sea independiente y razonada, sin favorecer a intereses partidarios o gubernamentales.

Otro aspirante también ha cuestionado la validez del amparo, argumentando que la convocatoria sí cuenta con respaldo legal y constitucional para incluir a profesionales afines. Según este punto de vista, la vía del amparo no sería la adecuada para impugnar la convocatoria, y mantener el proceso intacto es fundamental para garantizar la participación plural.

Acciones en la Corte de Constitucionalidad

Los amparos relacionados con la convocatoria del Cang están programados para ser conocidos en sesión plenaria de la CC el 3 de febrero, en un momento crucial a tan solo un día de las elecciones. Tres magistrados titulares de la Corte solicitaron que estos recursos sean programados para evitar futuras impugnaciones que puedan afectar la legitimidad del proceso.

En paralelo, la presidenta de la Junta Directiva del Cang solicitó la inhibición de estos magistrados, argumentando que la pública manifestación de opiniones sobre los amparos podría afectar la independencia e imparcialidad de la Corte en este caso.

Además, un diputado del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) presentó acciones legales cuestionando la participación de dichos magistrados en el conocimiento de los amparos, resaltando la preocupación sobre posibles maniobras para entorpecer la renovación de la CC.

Calendario clave para la renovación de la CC

• 2 de febrero: Inicio de la recepción de expedientes en el Congreso de la República, que se extenderá hasta el 20 de febrero.
• 3 de febrero: Sesión plenaria de la Corte de Constitucionalidad para conocer los amparos contra la convocatoria del Cang.
• 4 de febrero: Elecciones del Colegio de Abogados y Notarios para elegir magistrados de la CC.
• 5 y 6 de febrero: Recepción de expedientes de aspirantes a magistrados designados por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC.

Este calendario refleja la coordinación entre diferentes órganos y procesos para la designación de magistrados de la CC, lo que subraya la importancia de garantizar un proceso transparente, equitativo y conforme a la ley.

Implicaciones para el sistema judicial y la democracia guatemalteca

La decisión de la Sala Sexta de Apelaciones pone en evidencia la complejidad y sensibilidad que conlleva la renovación de la Corte de Constitucionalidad, un órgano clave en la defensa del marco constitucional y los derechos fundamentales en Guatemala.

Limitar la participación en la elección a abogados colegiados busca fortalecer la legitimidad del proceso, pero también genera debate sobre la inclusión y representación dentro del Colegio de Abogados y Notarios. La actual controversia refleja las tensiones entre diferentes sectores del sistema jurídico y político del país.

En este contexto, las próximas decisiones de la Corte de Constitucionalidad y las acciones del Cang serán determinantes para definir la composición de un órgano que influirá en el rumbo jurídico y democrático de Guatemala durante los próximos años.

El proceso continúa bajo la mirada atenta de la sociedad civil, el sector jurídico y los actores políticos, quienes demandan que la elección se realice con transparencia, respeto a la normativa y sin interferencias externas que puedan poner en riesgo la independencia judicial.