Salida de médicos cubanos en Guatemala genera incertidumbre por falta de convocatorias para reemplazos

En las próximas semanas, Guatemala enfrentará un desafío en su sistema de salud pública ante la salida escalonada de 412 profesionales médicos cubanos, cuya cooperación ha sido fundamental desde 1998. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ha publicado aún las convocatorias para contratar a personal que reemplace a estos especialistas, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad estatal para cubrir la demanda en áreas rurales y comunidades indígenas.

Contexto y alcance de la cooperación médica cubana

La Brigada Médica Cubana ha colaborado de manera continua en Guatemala desde 1998, con un equipo conformado por 333 médicos y otros profesionales en enfermería, técnicos de laboratorio y rayos X. Estos especialistas se distribuyen en diferentes establecimientos de la red pública, cubriendo especialidades como ginecología, medicina interna, anestesiología, pediatría, cirugía, ortopedia y medicina general integral.

Actualmente, el 80% de estos brigadistas están asignados en ocho departamentos: Petén, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Zacapa y San Marcos. El resto, aproximadamente 40 profesionales, se encuentran en la ciudad de Guatemala. En 2025, se atendieron más de 2.5 millones de consultas médicas, con un impacto significativo en la atención primaria y especializada de comunidades históricamente desatendidas.

Salida escalonada y falta de planificación para sustituciones

El proceso de retiro comenzó con la notificación formal del retiro de los primeros 10 médicos cubanos, programados para salir el 24 de febrero de 2026. Esta medida fue informada por la jefa de la brigada al director de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Según declaraciones oficiales, la decisión de terminar el acuerdo de cooperación se consensuó desde 2025 con los líderes de la brigada médica.

El ministro de Salud ha señalado que la salida será escalonada y que se cuenta con un plan para sustituir a estos profesionales con recursos humanos nacionales. Resaltó que el sistema de salud guatemalteco ha evolucionado, con un aumento significativo en la graduación de médicos —de 200 en 1998 a mil 500 en 2025— y con una oferta de formación en especialidades que incluye anestesiología, ginecología, medicina interna y cirugía general.

No obstante, a la fecha, el Ministerio de Salud no ha publicado las convocatorias para contratar a los médicos que tomarán el lugar de los brigadistas cubanos. La viceministra de Hospitales indicó que las convocatorias deben ser gestionadas por los directores de cada centro asistencial, y mencionó que una alternativa para cubrir los cupos podría ser la incorporación de médicos que realizan su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS).

Preocupaciones y retos en el sistema de salud pública

El vacío que dejarán los médicos cubanos genera preocupación entre sectores profesionales y legislativos. Diputados han advertido sobre el riesgo de un impacto negativo en la atención, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas donde es difícil atraer especialistas nacionales debido a factores como la distancia, bajos salarios y falta de infraestructura adecuada.

Un médico guatemalteco formado en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba explicó que la brigada cubana históricamente ha cubierto vacantes en zonas donde el sistema local no logra mantener personal. Además, destacó que la labor de estos profesionales ha sido fundamental para la atención de comunidades con acceso limitado a servicios médicos.

En un comunicado emitido por médicos guatemaltecos egresados de la misma escuela, se señala que la cooperación cubana ha sido clave para brindar servicios esenciales en territorios excluidos y para capacitar a más de mil médicos guatemaltecos en la reducción de la brecha histórica en acceso a la salud. Sin embargo, advierten que no existe evidencia pública de una sustitución inmediata y equivalente en número y cobertura, lo que representa un riesgo sanitario inminente.

Este grupo profesional alerta que la posible falta de sustitutos adecuados podría incrementar la mortalidad, especialmente entre mujeres, niños, adultos mayores y pueblos indígenas, al saturar los hospitales de referencia y afectar el derecho humano a la salud.

Desafíos estructurales y el futuro del recurso humano en salud

El ministro de Salud remarcó la necesidad de fortalecer las capacidades propias del sistema público y aseguró que la intención es consolidar el recurso humano nacional. Sin embargo, el déficit de especialistas, las condiciones laborales y la limitada infraestructura en áreas rurales complican la contratación y la retención de médicos en puestos estratégicos.

Asimismo, la ausencia de convocatorias oficiales y la falta de una estrategia clara y pública para la transición ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del Ministerio para garantizar la continuidad del servicio médico en regiones vulnerables. Diputados y profesionales hacen un llamado urgente para implementar una planificación gradual, con enfoque territorial y técnico, que permita minimizar el impacto en la atención sanitaria.

Implicaciones para la salud pública y recomendaciones

La salida de la Brigada Médica Cubana representa un momento crítico para el sistema de salud guatemalteco, que debe enfrentar la doble tarea de cubrir la demanda inmediata y fortalecer su sostenibilidad a largo plazo. Para ello, es imprescindible acelerar la publicación de convocatorias y diseñar mecanismos que incentiven la permanencia de profesionales nacionales en zonas rurales.

Además, se recomienda realizar una evaluación técnica del riesgo sanitario asociado a esta transición, tomando en cuenta las particularidades socioeconómicas y geográficas de las comunidades atendidas, especialmente los pueblos indígenas y mujeres en edad reproductiva.

En conclusión, la salida de los médicos cubanos abre la oportunidad para consolidar un sistema de salud más autónomo y sostenible, pero requiere de una respuesta coordinada y eficaz por parte de las autoridades para evitar un deterioro en la atención y proteger el derecho a la salud de toda la población guatemalteca.