“Se necesita voluntad política para ejecutar la ley de puertos”

La aprobación de la Ley General del Sistema Portuario abrió una nueva etapa para Guatemala. Sin embargo, los participantes de La Charla coincidieron en que contar con la ley no garantiza por sí solo que los cambios comiencen a producirse. El primer desafío será cumplir los plazos establecidos para integrar la nueva Autoridad Portuaria Nacional (APN) y evitar así que un atraso inicial termine desplazando las siguientes fases de implementación.

Carmen María Torrebiarte, presidenta ejecutiva del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA), comentó que la voluntad política es la condición inicial para que el proceso avance: “Primero tiene que haber una voluntad para que realmente se pueda ejecutar la ley”.

El punto inmediato será la integración del Directorio. Torrebiarte advirtió que, si ese proceso no comienza dentro del período establecido, el efecto se trasladará a las siguientes etapas, debido a que posteriormente deberá elegirse al gerente general, desarrollarse los reglamentos y terminar de construir la estructura institucional de la APN. “Si no logramos que en 90 días empiece a integrar el directorio, empezamos a tener retrasos en todos los demás procesos”, señaló.

El riesgo, explicó, es que la ley termine aprobada, pero sin una estructura capaz de ejecutarla. La presidenta de CUTRIGUA recordó que el proceso completo será prolongado y que algunos resultados relacionados con la reglamentación y la institucionalidad podrían observarse hasta el 2029 o el 2030. “Es importante que se empiece a implementar, que no se quede en una ley que ahí se quedó”, sostuvo.

El cronograma comienza a correr

Mientras avanza la conformación de la APN, las operaciones y los proyectos de los puertos actuales no pueden detenerse. José Lemus Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal, explicó que la institución continuará trabajando con las facultades que ya posee y desarrollando los proyectos que se encuentran en curso mientras termina de establecerse la nueva estructura.

“Los puertos no pueden parar mucho menos de esperar que empiece a funcionar el sistema”, puntualizó Lemus, quien agregó que la decisión de la Junta Directiva es continuar con los proyectos actuales, respetando el marco que establecerá la nueva ley.

Uno de los principales frentes será la ampliación de la capacidad de atraque. Durante el programa, Lemus mencionó una inversión proyectada de alrededor de US$450 millones para la construcción de nuevos muelles mediante el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. También mencionó la propuesta adicional por US$600 millones que, de obtener disponibilidad presupuestaria, se destinaría a otra fase de ampliación dentro de Puerto Quetzal.

La necesidad, explicó, responde a una limitación que ya es visible: hace falta espacio para recibir las embarcaciones. “Necesitamos más muelles”, resumió.

Sin embargo, la estrategia no se concentra únicamente en grandes obras que tomarán varios años. Lemus comentó que también se ha autorizado a entidades privadas a prestar servicios en instalaciones que antes atendían únicamente determinados tipos de carga, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de atraques en períodos más cortos.

El directivo comentó que una de esas instalaciones podría comenzar a operar durante este semestre y otra durante el primer semestre del próximo año, lo que permitiría aumentar la capacidad antes de que estén listas las nuevas obras de infraestructura. “Vamos en corto, mediano y largo plazo”, señaló.

La discusión sobre el cronograma también dejó claro que la implementación tendrá efectos más allá de la organización interna de la nueva autoridad. Lisardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, señaló que la ley también implica marcos jurídicos de otras instituciones vinculadas con la actividad portuaria.

Bolaños explicó que existen responsabilidades que van desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) hasta la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conap), por lo que será necesario actualizar los reglamentos y desarrollar instrumentos de planificación que permitan articular su funcionamiento. “Es muy importante que esa misma voluntad que tiene que existir para la creación de la autoridad, exista para las reformas de los otros marcos normativos”, explicó.

El puerto no termina en el muelle

La falta de muelles también es parte importante de los problemas visibles del sistema portuario. Los participantes comentaron en La Charla que buena parte de los cuellos de botella se encuentran fuera de las instalaciones.

El presidente de la Junta Directiva de Puerto Quetzal explicó que el problema no puede medirse solo desde la capacidad del puerto. Aunque reconoció que la infraestructura actual arrastra un rezago de varias décadas, también señaló que la operación depende de la coordinación con prestadores privados, propietarios de carga, importadores y exportadores. “La falta de muelles es el grave problema que tenemos. Eso tuvo que haberse resuelto casi hace 40 años”, afirmó.

El directivo destacó que la comunicación con los propietarios de la carga y el sector privado ha permitido comprender mejor los problemas que afectan las operaciones y buscar soluciones de manera conjunta.

“Todos, usuarios, dueños de carga, puertos privados o públicos (…) todos en una sintonía; si no, no se puede avanzar. Ninguno puede hacerlo por sí solo”, sostuvo.

Esa visión también deberá trasladarse a la planificación de largo plazo. Carmen Torrebiarte, de CUTRIGUA, señaló que Guatemala sigue corrigiendo rezagos acumulados durante décadas, por lo que el nuevo sistema deberá pensar no solo en las necesidades actuales, sino en la infraestructura que requerirá dentro de 20 o 25 años. Dicha planificación, agregó, deberá abarcar no solo muelles, sino carreteras, movimiento de carga, posibles conexiones ferroviarias y el crecimiento urbano alrededor de los puertos.

“Eso va a ser parte importante del directorio, esos planes y esa visión de largo plazo a dónde tenemos (…) esos puertos no es a lo que estamos hoy día necesitando sino a lo que el país va a necesitar en los próximos 20 o 25 años porque esa es la infraestructura que tienen que empezar a trabajar”.

Además, Torrebiarte aseguró que el país se encuentra tratando actualmente de corregir rezagos acumulados durante aproximadamente 40 años. “Estamos reaccionando a lo que hicimos hace 40 y estamos tratando de arreglar algo”, mencionó.

Durante la conversación, Lisardo Bolaños planteó que Guatemala necesitará aumentar significativamente sus exportaciones e importaciones si busca ampliar la generación de empleo y las oportunidades económicas. Ese crecimiento, sin embargo, requerirá una capacidad portuaria superior a la disponible actualmente.

“Pensemos el reto a 10 y 20 años. No vamos a poder seguir creciendo para las necesidades que tiene el país de crear empleo, de triplicar las exportaciones, de duplicar las importaciones si seguimos con los puertos”, comentó.

Por ello, el Plan Maestro adquiere un papel central. La presidenta de CUTRIGUA, Carmen Torrebiarte, planteó que esa planificación debe incluir no solo la infraestructura dentro de los puertos, sino también las carreteras, el transporte de carga, las posibilidades ferroviarias y el crecimiento urbano alrededor de las instalaciones. “No sólo tiene que ver con muelles sino que tiene que ver con toda la infraestructura de carga, de descarga, de movimiento en carreteras o de movimiento en líneas de tren”.

Autonomía para decidir, pero con controles

La nueva Autoridad Portuaria Nacional tendrá un margen de autonomía importante para desarrollar las normas que permitirán operar el sistema. Aún así, los participantes advirtieron que esa autonomía no debe entenderse como libertad absoluta para tomar decisiones sin controles.

Lemus explicó que una de las diferencias del nuevo modelo es que buena parte de la regulación descansará en la propia autoridad y en su Directorio: “La gran libertad que tiene en su autonomía es que toda la regulación depende de ella”, señaló.

Además, epxlicó que la APN deberá desarrollar su propio reglamento funcional y participar en la elaboración de más de 30 reglamentos vinculados con la implementación de la ley: “Lo que debe tener para mantener su autonomía es tomar decisiones”.

Ese margen de decisión, sin embargo, estará limitado por las facultades que establece la propia normativa. “La autonomía de la autoridad la da la ley”, afirmó Lemus, quien insistió en que los directores seguirán siendo funcionarios públicos y solo podrán actuar dentro del marco que les corresponde.

Para el directivo, esa capacidad normativa también obligará a escuchar a los diferentes usuarios del sistema.

Operadores portuarios, terminales, prestadores de servicios y propietarios de carga tienen necesidades distintas, por lo que los reglamentos deberán construirse tomando en cuenta esas diferencias: “Los puertos no producen carga; los puertos atienden barcos que traen la carga que los productores o consumidores generan”, recordó Lemus.

Esta discusión sobre autonomía lleva también a los temas de los controles, Bolaños, selaño que el Congreso continuará ejerciendo control político sobre los integrantes del Directorio, mientras que los medios de comunicación y la ciudadanía tendrán un papel en la fiscalización de las decisiones que tome la nueva autoridad, así como un tercer elemento: “La conciencia de los mismos funcionarios y cómo trabajamos”.

Otro de los elemento que debe integrarse será la generación de información. Torrebiarte indicó que la gerente general tendrá responsabilidades relacionadas con la entrega de estadística: “Hay una responsabilidad por parte del gerente general a trasladar información de estadísticas (…) eso nos va a ayudar poder validar que estén haciendo bien”, explicó.

La ley también prevé una unidad de control interno para atender posibles irregularidades y recibir denuncias relacionadas con corrupción, aunque el funcionamiento concreto de ese mecanismo dependerá de la reglamentación que se desarrolle.

A ello se suma la participación del Consejo de Usuarios del Sistema Portuario (Cusport), cuyo representante ocupará uno de los espacios del Directorio. Durante La Charla se señaló que los planteamientos que ese consejo traslade deberán ser atendidos por el cuerpo directivo, lo que crea un canal formal entre los usuarios y la nueva autoridad.

“Lo que el Cusport le haga llegar al cuerpo director debe ser atendido en la siguiente sesión y debe de ser respondido a la brevedad”, comentó Lemus.

Los participantes insistieron en que la efectividad dependerá finalmente de las personas que integren la APN y de su disposición para utilizar correctamente las herramientas previstas en la ley.“Las leyes pueden ser perfectas; el imperfecto siempre es el que la ejecuta o el que la tiene que hacer cumplir”, se señaló el al cierre de la conversación, el vicealmirante José Lemus.

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