Sector bancario urge aprobación de ley antilavado antes del receso del Congreso en mayo

El sector bancario nacional ha manifestado su preocupación ante la proximidad del receso parlamentario en mayo y ha instado al Congreso de la República a que agilice la aprobación de la iniciativa de ley 6593, conocida como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Esta legislación busca modernizar y actualizar el marco normativo para la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LDFT) en Guatemala.

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) destacó que los espacios para la discusión política se han reducido considerablemente, quedando al menos cinco sesiones plenarias previas al inicio del receso parlamentario, que comienza en mayo. Por esta razón, el sector financiero mantiene una expectativa alta en que la normativa sea aprobada antes de que concluya abril.

Aval técnico y político para la ley antilavado

La ABG reconoció el trabajo técnico realizado por la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, así como el compromiso político de la Junta Directiva, que ha coordinado con los bloques legislativos para avanzar en la discusión y formulación de la iniciativa. Según el sector, sin esta coordinación técnica y política no habría sido posible el progreso actual en el proceso legislativo.

La iniciativa 6593 implica una reforma estructural en la prevención y represión del lavado de dinero, por lo que requiere un análisis riguroso y detallado. La ABG señaló que ha observado un proceso serio y transparente, confiando en que la aprobación se concrete dentro del plazo previsto.

Implicaciones económicas y riesgos de retraso

Desde la perspectiva de la gremial bancaria, la postergación de la aprobación de la ley más allá de abril podría generar consecuencias negativas para Guatemala, particularmente en cuanto al riesgo de perder el grado de inversión que afecta a todos los sectores económicos del país. Esto impactaría de manera directa en los usuarios del sistema financiero, incluyendo a los receptores de remesas familiares, que son un pilar importante para la economía nacional.

La Asociación Bancaria enfatizó que la cuenta regresiva para la Evaluación Mutua del país, realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat),ya ha comenzado y no existe margen para retrasos en la aprobación de la normativa.

Proceso posterior a la aprobación

Una vez que la ley entre en vigor, prevista para agosto de 2026, el sector financiero se enfocará en la elaboración y publicación del reglamento correspondiente, así como en la creación de manuales operativos y programas de capacitación dirigidos a los 32 grupos de personas obligadas a cumplir con la normativa.

Estos pasos son cruciales para que Guatemala pueda demostrar a los evaluadores de Gafilat el cumplimiento técnico necesario. Sin embargo, la ABG advirtió que la normativa por sí sola no será suficiente para la evaluación final si no se demuestra la efectividad del nuevo marco legal y regulatorio.

Medición de la efectividad y cumplimiento

En este sentido, será fundamental presentar evidencia verificable sobre aspectos clave como:

• El número de transacciones sospechosas reportadas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y trasladadas al Ministerio Público.
• Casos en proceso de investigación o que hayan concluido.
• Desarticulación de estructuras de lavado de dinero y capturas realizadas.
• Funcionamiento de la inteligencia financiera y procesos judiciales relacionados.
• Desempeño del Organismo Judicial y tribunales en la resolución de estos casos.

El cumplimiento de estos indicadores permitirá acreditar la efectividad del sistema y fortalecerá la confianza en el país ante los organismos internacionales.

Perspectivas para el segundo semestre de 2026

El sector bancario y financiero ya analiza el escenario posterior a la entrada en vigencia de la ley, anticipando un proceso ordenado que involucra a la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial en la implementación de la normativa.

La ABG expresó confianza en que la ley será aprobada en abril y entrará en vigor en agosto, momento a partir del cual todos los actores involucrados deberán cumplir con sus responsabilidades para fortalecer la prevención y represión del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Finalmente, la asociación subrayó que la aprobación de la ley no representa el cierre del proceso, sino el inicio de una etapa más intensa de trabajo que comenzará a partir de septiembre. Este nuevo período demandará esfuerzos coordinados para garantizar la efectividad del marco legal y proteger la integridad del sistema financiero en Guatemala.

Contexto nacional e internacional

Guatemala enfrenta en la actualidad desafíos significativos en materia de prevención de lavado de dinero, un aspecto fundamental para mantener la estabilidad económica y atraer inversión extranjera. La presión internacional, especialmente de organismos como Gafilat, ha llevado al país a replantear y actualizar su normativa para alinearse con estándares internacionales.

El avance en la aprobación de esta ley es crucial no solo para la reputación del país, sino también para garantizar la transparencia y seguridad del sistema financiero, aspectos que impactan directamente en la economía nacional y en la calidad de vida de los guatemaltecos.