Sector bancario valora nueva ley antilavado y acelera preparación para cumplimiento en Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala aprobó recientemente el Decreto 15-2026, conocido como Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Esta normativa, considerada un avance significativo en el combate contra delitos financieros, ha sido recibida con optimismo por parte del sector bancario y financiero del país.

La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) ha manifestado su satisfacción ante la aprobación de esta ley, destacando que representa un paso crucial para fortalecer el sistema financiero y garantizar mayor transparencia en las actividades económicas. El vicepresidente de la ABG, Juan Luis Fonseca, subrayó el compromiso del sector para acelerar los preparativos necesarios que permitan cumplir con la normativa en el marco de la Evaluación Mutua que se realizará en 2027 por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Unificación y actualización normativa

Entre las principales modificaciones que introduce la nueva ley antilavado destaca la unificación en un solo cuerpo legal de las normas relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que facilita su aplicación y seguimiento. Además, incorpora un enfoque basado en riesgo que permite adaptar las medidas de prevención a las diferentes realidades y riesgos que enfrentan las instituciones.

Otro aspecto relevante es la ampliación del universo de sujetos obligados, que ahora incluye no solo a entidades financieras tradicionales, sino también a nuevos actores como operadores de activos virtuales, prestamistas, abogados, notarios y otros profesionales. Asimismo, se incorpora la obligación de registrar a los beneficiarios finales, así como un Registro de Accionistas y Administradores, lo que aporta mayor claridad y control sobre la titularidad real de las empresas.

La ley también actualiza los delitos y sanciones asociados, y establece un tratamiento más riguroso para las Personas Expuestas Políticamente (PEP),buscando minimizar riesgos de corrupción y lavado de activos vinculados a estas figuras.

Preparación y retos para su implementación

La aprobación del decreto es solo el primer paso. Según lo señalado por la ABG, el siguiente desafío consiste en implementar la ley de manera efectiva. Esto incluye la elaboración del reglamento correspondiente, tarea que estará a cargo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en coordinación con la Superintendencia de Bancos y otros actores involucrados.

Las empresas y entidades financieras deberán revisar y actualizar sus matrices de riesgo, políticas KYC (conoce a tu cliente),programas de cumplimiento y mecanismos internos para garantizar la alineación con los nuevos requisitos. El objetivo es contar con un sistema robusto que permita detectar y prevenir operaciones sospechosas y actividades ilícitas.

Fonseca destacó que, aunque el reglamento aún está en proceso de elaboración, es posible iniciar preparativos previos para acelerar la plena aplicación de la ley una vez que este sea publicado. Esto permitirá que el sector esté listo para la evaluación internacional programada para 2027, asegurando el cumplimiento de los estándares requeridos.

Impacto esperado en el sistema financiero y la economía nacional

La nueva legislación se percibe como una herramienta fundamental para fortalecer el sistema financiero guatemalteco, aumentar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y contribuir a un entorno económico más seguro y transparente. La ABG enfatiza que el cumplimiento riguroso de esta ley ayudará a Guatemala a integrarse mejor en el contexto global, alineándose con las mejores prácticas internacionales.

Además, la ley permitirá combatir con mayor eficacia el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, delitos que generan graves impactos negativos en la economía y la sociedad guatemalteca. Según datos oficiales, el lavado de activos moviliza sumas millonarias que están vinculadas a diversos delitos, lo que evidencia la necesidad de implementar mecanismos robustos de control.

Colaboración interinstitucional y participación ciudadana

El proceso de aprobación de la ley antilavado fue descrito como un ejercicio democrático destacado, donde la participación de diferentes sectores, incluyendo la iniciativa privada, entidades gubernamentales y la sociedad civil, permitió despejar dudas, fomentar el entendimiento y alcanzar un consenso en torno a los beneficios de la normativa.

Este enfoque colaborativo se mantiene vigente para la etapa de implementación, en la que se espera la continua cooperación entre la IVE, la Superintendencia de Bancos, la ABG y otros actores relevantes. La meta es construir un sistema financiero ágil, eficiente y controlado, que contribuya al crecimiento económico sostenible.

Confianza y perspectivas para los agentes económicos

El sector bancario hace un llamado a los agentes económicos y usuarios del sistema financiero a mantener la confianza en el país y en las instituciones. La implementación de la nueva ley antilavado es vista como una señal clara de que Guatemala está adoptando medidas concretas para crear un entorno más seguro y atractivo para las inversiones.

Asimismo, se enfatiza que la ley no solo protege al sistema financiero, sino que también fomenta la transparencia y la legalidad en todas las actividades comerciales y financieras, lo que beneficia a todos los sectores de la economía nacional.

Conclusión

La aprobación de la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo representa un avance significativo para Guatemala en materia de regulación financiera y prevención de delitos económicos. La Asociación Bancaria de Guatemala, en conjunto con otras instituciones, trabaja activamente para garantizar que esta normativa sea implementada de manera efectiva, con miras a cumplir con las exigencias internacionales y fortalecer la confianza en el sistema financiero nacional.

La expectativa es que, para la evaluación internacional programada en 2027, Guatemala pueda demostrar avances sustanciales en la prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, consolidando así su posición en el ámbito financiero regional e internacional.