Sector construcción urge activar la DIPP y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura

Guatemala cuenta con planes, herramientas de planificación, presupuesto, sistemas de inversión pública y apoyo de organismos internacionales para impulsar proyectos de infraestructura. Sin embargo, el principal desafío sigue siendo convertir esas prioridades en obras ejecutadas.

Esa fue una de las principales conclusiones del Foro del Boletín Económico de la Construcción (BEC),organizado por la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC),bajo el tema “Infraestructura y competitividad: de la planificación a la obra ejecutada”.

Durante la actividad participaron representantes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan),la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP),el Banco Mundial y el sector privado, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para reducir los retrasos que históricamente han afectado la inversión pública.

José Ardón, director ejecutivo de la CGIC, explicó que diversos estudios efectuados por la cámara han evidenciado una desconexión entre los proyectos identificados como prioritarios y su materialización en infraestructura. “Muchas veces existe una separación entre la planificación y la ejecución de una obra. Algo ocurre en el camino que impide concretar todos estos proyectos que hemos identificado como país”, afirmó.

Según Ardón, los obstáculos suelen encontrarse en procedimientos administrativos y dificultades de coordinación entre instituciones. A ello se suma la falta de mecanismos que permitan dar continuidad a los proyectos durante los cambios de gobierno. “Existen planes que no se vinculan con elementos financieros y, por lo tanto, terminan despriorizándose durante los cambios de gobierno o incluso de un año para otro”, señaló.

El directivo agregó que la discusión sobre infraestructura debe centrarse en cómo acelerar la inversión pública y garantizar que los proyectos priorizados cuenten con respaldo financiero, institucional y técnico suficiente para llegar a la fase de ejecución.

Segeplan reporta reducción de tiempos

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) aseguró que en los últimos dos años ha impulsado cambios en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para reducir los tiempos de evaluación de proyectos y agilizar los procesos de inversión.

El subsecretario de Segeplan, Enrique Maldonado, explicó que uno de los principales ajustes consistió en aplicar un criterio de proporcionalidad a los requisitos que deben cumplir los proyectos. Según indicó, anteriormente se exigía la misma documentación para una obra pequeña que para una iniciativa valorada en cientos de millones de quetzales, lo que ralentizaba la aprobación de inversiones.

“Existía una enorme deuda en el sentido de que a un proyecto de Q1 millón se le pedía lo mismo que a un proyecto de Q500 millones”, afirmó. Ante ello, la institución comenzó a evaluar cada propuesta según su monto, nivel de riesgo, complejidad y otros criterios técnicos, con el objetivo de reducir las cargas administrativas.

Maldonado aseguró que los cambios ya muestran resultados. Como ejemplo, indicó que el tiempo para emitir opinión técnica en proyectos de electrificación rural pasó de 18 a cinco días. Además, señaló que durante el 2025 Segeplan emitió opinión favorable para más de 10 mil proyectos y que, al cierre de mayo de este año, ya habían ingresado más de cinco mil expedientes.

El funcionario también destacó un incremento en la tasa de aprobación de proyectos. Según los datos presentados, esta pasó de 33% en el 2024 a 56% en el 2025. A mayo del 2026 se situaba en 45%, mientras que el tiempo promedio para emitir una opinión favorable se redujo a ocho días.

No obstante, reconoció que agilizar la planificación no resuelve por sí solo los problemas de infraestructura que enfrenta el país. “Reconocemos que una cosa es lograr la aprobación de los proyectos y otra es la ejecución, que es donde se deben hacer mejoras”, señaló.

Maldonado agregó que uno de los desafíos consiste en fortalecer la fase de preinversión para identificar riesgos, garantizar la viabilidad técnica de las obras y evitar problemas durante la ejecución. “Si nosotros queremos aumentar el gasto de inversión, debemos tener claro que aumentar hoy el gasto de inversión significa aumentar mañana el gasto de funcionamiento”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la infraestructura requiere recursos permanentes para operar y mantenerse. “Las carreteras necesitan mantenimiento, los hospitales necesitan personal y las escuelas necesitan maestros y recursos técnicos”, dijo. A su criterio, la discusión sobre infraestructura no debe centrarse únicamente en cuánto se invierte, sino también en la capacidad del Estado para sostener esas inversiones a largo plazo.

El subsecretario también señaló que Segeplan trabaja en la modernización del sistema informático de inversión pública y en la interoperabilidad de plataformas estatales para mejorar el seguimiento de los proyectos.

Según explicó, la falta de conexión entre sistemas dificulta conocer con precisión quién ejecuta las obras, cómo avanzan y qué resultados generan. “Si queremos saber quién es el ejecutor de una obra, tenemos que seguir toda una ruta de búsqueda. Muy distinto sería si los sistemas estuvieran interconectados”, afirmó.

Piden poner en marcha la DIPP

Otro de los asuntos abordados fue la situación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP),creada para desarrollar proyectos estratégicos de infraestructura vial, pero que todavía enfrenta desafíos para iniciar plenamente sus operaciones.

Consultado al respecto, Ardón indicó que, desde la perspectiva del sector construcción, la normativa vigente ya proporciona herramientas suficientes para comenzar a implementar el modelo contemplado en la ley. “Desde el sector reconocemos que la ley no es perfecta, pero se tienen las herramientas y los mecanismos actualmente con la ley aprobada y vigente que deberían permitir empezar a aplicarla”, afirmó.

El directivo señaló que el país ha dedicado buena parte del debate a posibles reformas legales, cuando uno de los retos inmediatos es completar la reglamentación pendiente y permitir que la institución comience a operar.

Claudia Cáceres, gerente general de la DIPP, confirmó que el reglamento continúa en revisión y que recientemente fue devuelto por la Procuraduría General de la Nación (PGN) con observaciones.

Según explicó, las observaciones fueron analizadas en una mesa técnica integrada por asesores de las instituciones que conforman el directorio de la DIPP. “Se atendieron ya las observaciones, se trabajó también la argumentación de cómo se incorporaron o, en algunos casos, por qué legalmente no correspondía incorporarlas”, indicó.

Cáceres señaló que actualmente se trabaja en la integración del expediente para remitir nuevamente el reglamento a la PGN. “Yo espero que a mediados de la próxima semana, a más tardar, el reglamento esté nuevamente en la PGN para que ellos puedan volver a conocerlo”, afirmó.

La funcionaria reconoció que existen atrasos respecto de los plazos establecidos en la ley. “Sí estamos un poco atrasados en los plazos. El reglamento tenía que estar publicado en noviembre del año pasado y ya casi estamos en julio del 2026 y todavía no lo tenemos”, señaló.

A su criterio, la aprobación del reglamento es clave porque varios de los mecanismos contemplados en la ley dependen de ese instrumento para comenzar a operar. Entre ellos figura el Fondo para Obras de Infraestructura Vial Prioritaria (Fovip),que deberá financiar parte de las actividades de la institución.

“Mucho de esto está atado al reglamento, porque no podemos pedir el traslado de fondos al Fovip porque no está creado, y no se puede crear si no hay un reglamento que diga cómo funciona”, explicó.

Pese a los retrasos, Cáceres aseguró que la entidad continúa trabajando en normativas internas, reglamentos específicos y perfiles de puestos para conformar el equipo técnico que deberá operar la institución. “Nosotros seguiremos trabajando en esos asuntos para que cuando el reglamento salga estemos listos y no atrasar más el inicio de funcionamiento”, afirmó.

Respecto de las expectativas para los próximos meses, indicó que la prioridad inmediata es obtener el aval de la PGN y avanzar hacia la publicación del reglamento. “Yo esperaría que la DIPP, en un par de meses, pueda contar ya con el reglamento emitido”, señaló.