
SIP denuncia 'terrorismo judicial' que limita el ejercicio del periodismo en Guatemala
La Sociedad Interamericana de Prensa señala que el periodismo en Guatemala sufre un 'terrorismo judicial' que limita la libertad de expresión y fomenta la autocensura, a pesar de avances gubernamentales.
Guatemala continúa enfrentando un entorno adverso para el ejercicio del periodismo, marcado por una persistente restricción a la libertad de expresión y un fenómeno identificado como "terrorismo judicial". Así lo señala el más reciente Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),que evalúa las condiciones del periodismo en América Latina y el Caribe.
El informe, publicado el martes, ubica a Guatemala con una puntuación de 45.20 sobre 100 en materia de libertad de prensa, lo que la coloca en el puesto 13 dentro de la región. Aunque representa una mejora de cuatro posiciones en relación con el informe anterior, el documento advierte sobre la existencia de prácticas que socavan el trabajo periodístico y afectan la independencia de los medios.
El peso del "terrorismo judicial" en la prensa guatemalteca
Uno de los aspectos centrales del informe es la denuncia de un llamado "terrorismo judicial", impulsado principalmente por el Ministerio Público y el sistema judicial. Según la SIP, estas instituciones utilizan el derecho penal para perseguir y criminalizar a periodistas, especialmente a aquellos que ejercen el periodismo crítico o investigativo.
Esta estrategia judicial ha generado un clima de autocensura entre comunicadores y, en algunos casos, ha forzado a profesionales de la prensa a buscar refugio en el exilio. La organización regional destaca que, pese a la retórica de apertura y protección del Gobierno encabezado por Bernardo Arévalo de León, las acciones de los órganos de justicia y el Congreso mantienen una influencia negativa sobre la libertad de expresión en el país.
Contexto y casos emblemáticos
La situación de inseguridad para el gremio periodístico en Guatemala se refleja en hechos concretos y recientes. El asesinato del comunicador Ismael Alonzo González, ocurrido el 21 de marzo de 2025, y la desaparición de Milton René Polanco Orellana entre febrero y mayo del mismo año, ilustran la vulnerabilidad que enfrentan aquellos que ejercen el periodismo en distintas regiones, especialmente en zonas rurales.
Estas agresiones forman parte de un patrón de violencia y amenazas que persiste en el país, donde las redes de impunidad dificultan la investigación y sanción de los responsables. La SIP califica la situación como "crítica" y resalta que los ataques físicos y la falta de garantías legales afectan gravemente el derecho a la información.
Legislación y amenazas digitales
Otro aspecto señalado en el informe es la preocupación por iniciativas legislativas en el Congreso, como la Ley de Ciberseguridad, que podrían implicar restricciones adicionales a la libre emisión del pensamiento y limitar la capacidad de los periodistas para informar en el entorno digital.
La SIP advierte que estas propuestas, junto con el uso del sistema penal para intimidar a comunicadores, representan un riesgo para la diversidad y pluralidad informativa en Guatemala, poniendo en jaque la supervivencia del periodismo independiente.
El caso emblemático de José Rubén Zamora
La situación de los periodistas en Guatemala también ha llamado la atención internacional debido a casos como el del comunicador José Rubén Zamora Marroquín. El periodista permaneció en prisión preventiva durante casi cuatro años, desde julio de 2022 hasta febrero de 2026, sin que se hubieran probado los cargos en su contra. Actualmente, se encuentra bajo arresto domiciliario.
Este caso ha sido emblemático de la utilización del sistema judicial para limitar la labor periodística y ha generado numerosas críticas en materia de derechos humanos y libertad de prensa.
Desafíos y perspectivas para el periodismo en Guatemala
La Sociedad Interamericana de Prensa señala que la supervivencia del periodismo independiente en Guatemala depende, en gran medida, de la resistencia civil y la presión internacional. En contraste, las garantías ofrecidas por el Estado en materia de libertad de expresión han mostrado ser insuficientes para proteger a los profesionales de la comunicación.
El informe sugiere que para avanzar hacia un escenario más favorable es necesario fortalecer las instituciones, garantizar la independencia judicial y promover un marco legal que proteja a los periodistas de la criminalización y el hostigamiento.
En un contexto donde la información y la transparencia son pilares fundamentales para el desarrollo democrático, el fortalecimiento de la libertad de prensa en Guatemala es un reto pendiente que requiere atención urgente y compromiso de todos los sectores.
Este análisis llega en un momento crucial, donde el país busca consolidar avances en gobernabilidad y justicia, pero debe enfrentar al mismo tiempo las amenazas que limitan el derecho a informar y ser informado, esenciales para una sociedad libre y plural.
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