Solicitan exhibición personal para María Marta Castañeda tras aislamiento en Mariscal Zavala

El 20 de enero de 2026, el equipo legal de María Marta Castañeda presentó formalmente una solicitud de exhibición personal en su favor ante el Juzgado de Exhibición Personal, ubicado en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala. Esta acción se realizó luego de que se conociera que Castañeda había sido aislada en la cárcel Mariscal Zavala, situada en la zona 17 de la capital guatemalteca.

La solicitud debe ser resuelta y ejecutada en un plazo máximo de 24 horas, conforme a los procedimientos legales establecidos. El aislamiento de Castañeda inició el lunes 19 de enero, cuando fue trasladada a una bartolina ubicada en el área destinada a hombres dentro del centro penitenciario.

Contexto del traslado y aislamiento

Uno de los argumentos centrales en la solicitud de exhibición personal indica que, el 27 de agosto de 2025, un juez de turno autorizó su traslado a la cárcel Mariscal Zavala bajo condiciones específicas. Según la resolución judicial, María Marta Castañeda no pertenece a ninguna pandilla y había recibido amenazas por parte de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13),una de las principales estructuras criminales del país.

Por tal motivo, el juez ordenó que permaneciera en el área de población general y no en aislamiento o en una sección separada dentro del penal. No obstante, el traslado a una bartolina en el área de hombres ha generado preocupación en el equipo legal de la sindicada, que argumenta que esta acción vulnera sus derechos y pone en riesgo su seguridad personal.

Antecedentes judiciales de María Marta Castañeda

María Marta Castañeda fue capturada el 27 de agosto de 2025, acusada de su presunta vinculación con el ataque perpetrado en marzo de 2024 contra la fiscal del Ministerio Público, Mirian Reguero. Este ataque dejó como saldo la muerte de un guardia de seguridad y la madre de la fiscal.

El 8 de octubre de 2025, Castañeda fue ligada a proceso junto con otras cuatro personas, quienes están sindicadas de integrar una estructura criminal relacionada con la pandilla Barrio 18. Según fuentes judiciales, la estructura estaría vinculada directamente con actos delictivos en la capital y otras regiones del país.

La sindicada fue enviada a prisión preventiva debido a su posible participación en el atentado contra la fiscal Reguero, ataque que se presume fue ordenado por su pareja, Aldo Dupié Ochoa Mejía, conocido con el alias "el Lobo" y señalado como un líder dentro de la estructura criminal.

Audiencia y solicitud de aceptación de cargos

El 16 de enero de 2026, María Marta Castañeda se presentó ante el Tribunal de Mayor Riesgo B para solicitar una audiencia de aceptación de cargos por encubrimiento propio, en el denominado caso La Sexta, relacionado con el asesinato de Byron Lima, un reconocido exmilitar guatemalteco.

Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud presentada por Castañeda y se inhibió de continuar conociendo el caso. Esta decisión apunta a que el proceso judicial continuará bajo la competencia de otro tribunal o instancia, sin que hasta el momento se haya definido la nueva sede.

Situación penitenciaria y contexto de seguridad

El traslado y aislamiento de reos vinculados a pandillas, como el Barrio 18 y Mara Salvatrucha, en centros penitenciarios de Guatemala ha sido objeto de atención debido a los frecuentes incidentes de violencia, motines y fugas que afectan la seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles.

En este contexto, el caso de María Marta Castañeda adquiere relevancia no solo por su vinculación con estructuras criminales, sino también por las condiciones en las que permanece recluida y la protección que debería recibir conforme a la ley y los estándares de derechos humanos.

Recientemente, se han registrado movimientos en los centros penitenciarios, como el traslado de reos relacionados con pandillas hacia el Preventivo de la zona 18, en un intento por controlar la situación y mejorar la seguridad. Estas acciones forman parte de una estrategia estatal para enfrentar la crisis penitenciaria que afecta a Guatemala desde hace varios años.

Implicaciones legales y próximos pasos

La solicitud de exhibición personal interpuesta por el equipo legal de María Marta Castañeda busca que se revise la legalidad de su aislamiento y traslado dentro de la cárcel Mariscal Zavala. Esta figura legal es un mecanismo procesal que permite solicitar la presentación inmediata de una persona privada de libertad para verificar la legalidad de su detención o medidas restrictivas.

De ser aceptada y ejecutada dentro del plazo establecido, el Juzgado de Exhibición Personal podría ordenar la revocación del aislamiento o el traslado de la sindicada a un área acorde con las disposiciones judiciales y que garantice su seguridad.

El caso continúa bajo estrecha vigilancia por parte de las autoridades judiciales y penitenciarias, así como por organismos de derechos humanos que monitorean las condiciones de reclusión en Guatemala.

Contexto general

Guatemala enfrenta una compleja situación en materia de seguridad y justicia, donde la vinculación de estructuras criminales con actos violentos desafía la capacidad estatal para garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. La crisis en los centros penitenciarios, marcada por violencia interna y problemas de hacinamiento, representa un desafío adicional para la administración de justicia y la protección de los derechos humanos.

Este caso pone en evidencia las dificultades para mantener un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos, en un país que continúa buscando soluciones integrales para mitigar la influencia de las pandillas y fortalecer el sistema judicial.