Superintendencia de Competencia: qué falta antes de asumir plenamente sus funciones en diciembre

La Superintendencia de Competencia entra en una etapa decisiva para completar su estructura administrativa y desarrollar las capacidades técnicas que necesitará para ejercer plenamente sus funciones a partir de diciembre del 2026.

La institución se encuentra bajo una conducción interina después de la salida de su primer superintendente, Jorge Miguel Castillo Castro, cuya renuncia fue aceptada por el Directorio.

Tomás Xocoy Acán, quien se desempeñaba como intendente de Gestión Administrativa y Financiera, asumió como superintendente en funciones, mientras el Directorio define el mecanismo para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de forma permanente.

El cambio ocurre cuando la nueva autoridad todavía debe resolver varios aspectos de su organización interna, desde la contratación de personal hasta la adquisición y el desarrollo de herramientas necesarias para investigar mercados y analizar las condiciones de competencia en el país.

Contratación de personal, entre los pendientes

Uno de los principales desafíos es completar la plantilla de trabajadores.

La Superintendencia cuenta con cinco personas contratadas y se estima que necesita incorporar alrededor de 15 trabajadores para cubrir áreas indispensables para su funcionamiento.

Entre las unidades pendientes se encuentra Recursos Humanos, que deberá encargarse de los procesos de contratación y contribuir a completar la estructura institucional.

La conformación de los equipos es relevante porque, además de las funciones administrativas, la Superintendencia deberá contar con profesionales especializados para efectuar investigaciones, estudios económicos y análisis de operaciones de concentración empresarial.

También necesitará herramientas tecnológicas para recopilar y procesar información y sustentar técnicamente las investigaciones.

Estas capacidades deben desarrollarse prácticamente desde cero, debido a que Guatemala no contaba con una autoridad especializada encargada de aplicar un régimen general de competencia económica.

Congreso cuestiona ejecución y adquisiciones

La organización de la Superintendencia también ha sido objeto de cuestionamientos en el Congreso. El diputado José Chic citó a funcionarios de la institución para solicitar información sobre las compras efectuadas, los bienes y servicios adquiridos para poner en funcionamiento la entidad y la documentación que respalda esos procesos.

Durante la reunión también se revisó la ejecución de los recursos asignados a la Superintendencia. Según la información presentada en la citación, la ejecución acumulada alcanzaba aproximadamente Q6.85 millones, con una parte importante destinada a servicios personales y al funcionamiento institucional.

A raíz de las dudas planteadas, se consideró solicitar una revisión de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para establecer cómo se han desarrollado los procesos administrativos, financieros y de adquisición.

Los cuestionamientos ocurren mientras la administración interina busca ordenar la estructura de la institución y aumentar su capacidad operativa antes de que deba ejercer todas las atribuciones establecidas en la Ley de Competencia.

Cooperación para desarrollar capacidades

Otro de los desafíos consiste en preparar al personal que deberá investigar mercados y determinar posibles problemas relacionados con la competencia.

En ese proceso, autoridades de competencia de otros países han ofrecido capacitación y asistencia técnica para fortalecer al personal y contribuir al desarrollo de metodologías y sistemas de investigación.

La cooperación internacional cobra relevancia debido a que la Superintendencia deberá desarrollar conocimientos especializados para estudiar el funcionamiento de diferentes mercados, analizar información económica e investigar conductas que puedan afectar la competencia.

Mientras avanza esa preparación, la institución ya comenzó a trabajar en algunos sectores considerados prioritarios.

Medicamentos: análisis de posibles barreras

Uno de los mercados en los que la Superintendencia ha comenzado a participar es el de medicamentos. La institución ha sostenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y ha participado en el Observatorio de Medicamentos para analizar las condiciones del sector y los obstáculos que podrían dificultar la participación de distintos actores.

Entre los asuntos examinados se encuentran procesos y trámites que pueden representar dificultades para quienes buscan participar en ese mercado.

El análisis también ha generado interés entre distintas embajadas, que han manifestado disposición para participar en la búsqueda de alternativas que permitan reducir barreras.

Estas actuaciones forman parte de las funciones de promoción y abogacía de la competencia, mediante las cuales la institución puede identificar obstáculos y plantear recomendaciones orientadas a mejorar las condiciones de participación en los mercados.

Combustibles y telecomunicaciones bajo análisis

Otro de los sectores examinados es el de los combustibles. La Superintendencia está por concluir un estudio de mercado para determinar las condiciones en las que funciona el sector. A partir de los resultados podrían formularse propuestas de normas orientadas a favorecer una mayor competencia.

En telecomunicaciones, la institución ha sostenido reuniones con la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) y revisa una propuesta de iniciativa de ley que contiene planteamientos relacionados con ese mercado.

Los trabajos en medicamentos, combustibles y telecomunicaciones forman parte de la etapa inicial de promoción de la competencia, aunque la Superintendencia todavía no ha terminado de conformar su estructura.

Diciembre del 2026 marca el plazo

El calendario agrega presión al proceso de organización. Diciembre del 2026 constituye una fecha clave porque para entonces la Superintendencia deberá estar preparada para ejercer plenamente las funciones contempladas en el nuevo régimen de competencia.

Antes de ese momento deberá completar la contratación de personal, fortalecer sus procedimientos administrativos, desarrollar herramientas tecnológicas y formar equipos capaces de investigar mercados y analizar operaciones empresariales.

El Directorio también tendrá que resolver quién ocupará permanentemente la Superintendencia después de la salida de Jorge Miguel Castillo Castro y de la designación interina de Tomás Xocoy Acán.

La tarea del próximo superintendente, por lo tanto, no se limitará a dirigir una institución recién creada. También deberá consolidar una autoridad capaz de investigar mercados, analizar concentraciones empresariales, identificar barreras y promover condiciones de competencia, mientras termina de construir la estructura administrativa y técnica necesaria para aplicar la ley.