Suspensión de audiencia en caso de secuestro de odontólogo Julio Martínez por falta de abogado defensor

La audiencia judicial relacionada con el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, programada para este miércoles 15 de abril, fue suspendida en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo B debido a la incomparecencia de un abogado defensor. Esta situación provocó que el juez a cargo, Eduardo Orozco, determinara la reprogramación de tres diligencias fundamentales para el proceso.

El motivo principal de la suspensión fue la ausencia justificada por razones médicas del abogado defensor de Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, principal sindicado en el caso. El juez explicó que, ante la falta de defensa técnica de Girón Castañeda, no era posible continuar con las audiencias previstas para esa jornada en la Torre de Tribunales.

Diligencias reprogramadas y cambios en la defensa

Entre las diligencias que debían realizarse se incluían la discusión para la reforma del auto de procesamiento, la revisión de medidas de coerción y la eventual aplicación de medidas sustitutivas. Estas fueron pospuestas y fijadas para el próximo 20 de abril a las 9:30 horas.

Asimismo, durante la audiencia se formalizó un cambio en la defensa legal de la sindicada Paola Isabel Díaz Ramírez, quien presentó al abogado Alejandro Arriaza como su nuevo representante legal.

Antecedentes del caso

El secuestro de Julio Amílcar Martínez Murillo ocurrió el 28 de mayo de 2025 en un tramo de la ruta hacia El Salvador, en jurisdicción de Villa Canales, cuando se desplazaba hacia su clínica ubicada en El Jocotillo. Ese mismo día, los captores exigieron un rescate de cinco millones de quetzales a la familia para la liberación del odontólogo.

Durante ocho días, los secuestradores permitieron comunicaciones con Martínez Murillo como prueba de vida. No obstante, tras recibir un pago parcial, cesaron las llamadas y mensajes, generando incertidumbre sobre el paradero de la víctima.

El caso fue denunciado formalmente ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP),que emprendieron una investigación que culminó con la detención de cinco personas el 29 y 30 de agosto, señaladas por su presunta participación en la planificación y ejecución del secuestro.

Personas sindicadas

• Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda
• Juan Ubaldo Tzun Castillo
• Julio Oswaldo Tzun
• Paola Isabel Díaz Ramírez de Tzun
• Carlos Antonio González

Las investigaciones apuntan a que Girón Castañeda desempeñó un papel central en el crimen.

Relación cercana entre víctima y principal sindicado

Familiares del odontólogo han señalado que el principal sospechoso tenía una relación cercana con Martínez Murillo. Según testimonios, Girón Castañeda visitaba su domicilio con frecuencia e incluso compartían momentos sociales como almuerzos o cenas. Esta confianza pudo haber facilitado el acceso a información privada sobre proyectos o planes familiares.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, ambos residían en Fraijanes y se estableció que Girón Castañeda habría seguido a la víctima en varias ocasiones para observar sus movimientos, lo que habría facilitado la planificación del secuestro.

Estado actual de la investigación

A pesar de las detenciones, hasta la fecha el paradero de Julio Amílcar Martínez Murillo permanece desconocido. Se presume que pudo haber sido retenido en una finca ubicada en Villa Canales, aunque no se ha confirmado con certeza.

Además, una persona vinculada al caso continúa prófuga, lo que dificulta la completa resolución del caso.

Frente a esta situación, familiares y amigos del odontólogo han impulsado en redes sociales una campaña bajo la página denominada "Justicia por Julio Amílcar", desde donde exigen a las autoridades intensificar los esfuerzos para localizarlo y esclarecer los hechos.

Implicaciones para el sistema judicial guatemalteco

Este caso, que ha generado atención nacional, pone en evidencia las dificultades que enfrenta la administración de justicia en situaciones complejas como el secuestro y la criminalidad organizada. La suspensión de audiencias por incomparecencia de defensores legales, aun cuando sea justificada, afecta el avance procesal y retrasa la búsqueda de justicia para las víctimas.

Autoridades judiciales han reiterado la importancia de asegurar la presencia de los abogados defensores y la coordinación entre las partes procesales para garantizar el debido proceso y evitar retrasos que puedan perjudicar tanto a los sindicados como a las víctimas y sus familias.

El caso continúa bajo seguimiento estricto por parte del Juzgado de Mayor Riesgo B, mientras la investigación y las diligencias judiciales avanzan conforme a la programación establecida.