Suspensión del IVA y del IDP: no atiende la situación del diésel, y sectores piden medidas más sostenibles

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La suspensión temporal de impuestos a los combustibles aprobada por el Congreso puede generar un alivio inmediato en los precios y contener presiones inflacionarias, pero abre una nueva interrogante: qué ocurrirá a partir del 1 de enero del 2027 si los precios internacionales continúan elevados.

Representantes empresariales y del transporte consideran que la medida aprobada puede beneficiar a los consumidores en el corto plazo, aunque advierten que no constituye una solución sostenible ante una crisis que podría prolongarse. El Banco de Guatemala (Banguat), por su parte, anticipa que la rebaja tendrá un efecto favorable en la inflación, principalmente por su impacto en los costos de transporte.

El Congreso aprobó el 22 de septiembre, con 148 votos, el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que suspende hasta el 31 de diciembre el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP) para las gasolinas superior, regular, y el diésel.

La iniciativa estima que la medida podría llevar el galón de diésel a Q40.66, la gasolina regular a Q32.90 y la superior a Q34.59. También calcula un sacrificio fiscal de Q3 mil 318.4 millones, de los cuales Q1 mil 332.2 millones corresponderían al IDP y Q1 mil 986.2 millones al IVA.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), consultada sobre la decisión, informó que por el momento no emitirá una postura porque el asunto todavía se encuentra bajo análisis.

AmCham: la medida no es sostenible en el tiempo

Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, señaló que la situación de los combustibles forma parte de un problema mundial y consideró que las medidas aprobadas pueden aliviar parcialmente el incremento de los precios, aunque advirtió que no son sostenibles en el tiempo.

Sterkel de Ortiz indicó que espera que los diputados hayan efectuado un análisis técnico sobre el impacto que tendrá dejar de percibir esos impuestos y sobre las áreas que podrían resultar afectadas por la reducción de esos ingresos públicos.

Aunque considera corto el plazo hasta diciembre, afirmó que también puede servir para que la población comience a prepararse ante una nueva realidad en materia energética que, a su criterio, no será pasajera.

La directora ejecutiva de AmCham planteó además la necesidad de hacer un uso más eficiente de los combustibles y advirtió sobre posibles problemas de disponibilidad, debido a que las reservas se están reduciendo en algunos países y los derivados del petróleo también se utilizan para generar electricidad.

A su criterio, esa combinación podría derivar en otra crisis energética y obligar a empresas y ciudadanos a modificar hábitos y formas de trabajo. Mencionó, por ejemplo, alternativas como el trabajo desde casa y un mayor aprovechamiento de la tecnología y la inteligencia artificial.

Transportistas preguntan qué ocurrirá en enero

Para el transporte extraurbano, la exoneración representa un avance, aunque no recoge completamente lo que el sector había solicitado.

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), explicó que están satisfechos, hasta cierto punto, con la decisión del Congreso, principalmente porque la reducción de impuestos beneficiará a quienes utilizan gasolina regular y superior.

Sin embargo, indicó que el sector no está completamente satisfecho con el tratamiento del diésel. La propuesta que habían planteado a los jefes de bloque incluía un precio máximo de referencia, respaldado por un fondo temporal de compensación.

Según Vides, el diésel merece un tratamiento particular porque es el combustible utilizado por buena parte del transporte y tiene incidencia directa en la actividad económica.

La principal preocupación de Gretexpa ahora está puesta en el 1 de enero del 2027, cuando terminará la exoneración.

Vides señaló que los precios internacionales podrían continuar elevados y que el vencimiento de la medida coincidirá con la denominada “cuesta de enero”, período en el que las familias enfrentan gastos relacionados con el regreso a clases, la compra de útiles y otros compromisos, además de los efectos que pueda tener el nuevo salario mínimo 2027.

Por ello, el dirigente considera necesario que el Gobierno comience desde ahora a definir qué medidas podría aplicar durante el próximo año.

Afirmó que los recursos públicos tampoco permitirían sostener indefinidamente subsidios o reducciones tributarias, por lo que el sector busca que las autoridades pasen de reaccionar ante los aumentos a planificar con anticipación cómo enfrentar una eventual escalada de los precios y evitar impactos mayores en la canasta básica y los costos de producción.

Banguat anticipa efecto en la inflación

Mientras empresarios y transportistas ponen el énfasis en la sostenibilidad de la medida, el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, considera que la suspensión de impuestos tendrá efectos favorables en la inflación.

González Ricci explicó que existía presión de distintos sectores para adoptar una medida que amortiguara los precios y señaló que eliminar temporalmente el IVA y el IDP constituye una forma transparente de trasladar el apoyo, sin pronunciarse sobre si era la mejor alternativa.

El presidente del banco central afirmó que la reducción tendrá un efecto sobre la inflación porque el incremento de los combustibles es uno de los factores que más presión genera en el corto plazo.

Según González Ricci, la inflación se encuentra en 3.37%, todavía por debajo del valor central de la meta de 4%, aunque anticipó que el dato de septiembre podría registrar un incremento debido al período en el que no estuvo vigente un mecanismo de apoyo a los combustibles.

Una vez que la reducción tributaria entre en vigor, el efecto podría comenzar a observarse de inmediato, principalmente en el transporte de alimentos.

González Ricci explicó que una reducción en el costo de los combustibles y, particularmente, del diésel disminuye los costos del transporte de personas y mercancías, lo que puede limitar los llamados efectos de segunda vuelta de la inflación sobre los productos que consumen los hogares.

La propuesta original de los transportistas

Gretexpa había planteado el 17 de septiembre un paquete de tres medidas.

La primera consistía en suspender temporalmente el IVA y el IDP para las gasolinas superior y regular durante un período mínimo de seis meses, con el objetivo de trasladar directamente la rebaja tributaria al consumidor.

La segunda proponía un esquema mixto para el diésel: exención temporal del IVA y del IDP, acompañada de un fondo de compensación que permitiera establecer un techo de Q35 por galón. Según el sector, esto ayudaría a proteger el transporte de pasajeros, la cadena de suministros y los precios de la canasta básica.

El tercer componente era la creación de una Ley del Fondo de Compensación para los Carburantes, concebida como un mecanismo permanente y anticíclico para que el Estado disponga de herramientas fiscalizables ante futuras crisis internacionales de precios.

Dos decretos siguen su trámite

La discusión ocurre mientras todavía está pendiente el destino del Decreto 21-2026, que establece precios de referencia para los combustibles y un fondo de compensación para el diésel.

De acuerdo con Luis Contreras, presidente del Congreso, el Decreto 21-2026 sería enviado al Ejecutivo el jueves 24 de septiembre, mientras que el decreto que contiene la exoneración de impuestos sería remitido el viernes 25. Por lo tanto, corresponderá al presidente Bernardo Arévalo decidir sobre la sanción o el veto del primero.

Así, mientras la exoneración abre la posibilidad de un alivio inmediato para los consumidores y la inflación, el debate comienza a desplazarse hacia el siguiente escenario: cómo enfrentar los precios de los combustibles después de diciembre si las condiciones internacionales que provocaron el alza persisten.