Transportistas solicitan prórroga y multas escalonadas para el Sistema Limitador de Velocidad en Guatemala

El próximo 28 de febrero se realizará una reunión clave entre autoridades del Ejecutivo, diputados y representantes del sector transporte para evaluar posibles modificaciones en la implementación del Sistema Limitador de Velocidad (SLV),cuya obligatoriedad está prevista para iniciar el 2 de marzo de 2026.

Este encuentro fue confirmado por el viceministro de Transporte, Fernando Suriano, quien destacó la importancia de analizar las solicitudes del sector transporte, especialmente de la Federación Nacional de Transportistas, que ha pedido una prórroga para la instalación del dispositivo y la aplicación de un sistema de multas escalonadas.

Contexto y marco normativo

El SLV está regulado por el Decreto 11-2017, que reforma la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial (Decreto 45-2016). Según esta normativa, todos los vehículos de transporte con un peso igual o superior a 3.5 toneladas, incluyendo buses extraurbanos y vehículos de carga pesada, deben contar con el sistema instalado. Quedan excluidas las unidades con matrícula de hasta 3.4 toneladas.

El sistema limita la velocidad máxima a 80 kilómetros por hora. A los 75 km/h se activa una alarma intermitente para alertar al conductor y al alcanzar el límite, el dispositivo impide que el vehículo acelere más allá de esa velocidad.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Transportes (DGT),existen aproximadamente 21,585 unidades registradas que deben cumplir con esta disposición; sin embargo, sólo 11,667 cuentan con el código correlativo, un requisito previo para la certificación del dispositivo.

Solicitudes del sector transporte

La Federación Nacional de Transportistas ha expresado preocupación por el corto tiempo disponible para equipar todas las unidades antes de la fecha límite. Por ello, ha solicitado una extensión del plazo y la implementación de multas progresivas en lugar de sanciones inmediatas y severas.

El sector advierte que, de no lograrse un acuerdo, podrían verse obligados a suspender operaciones para evitar penalizaciones, lo que afectaría tanto a los usuarios como a la cadena de suministro de productos en el país.

Las multas establecidas actualmente oscilan entre 5 y 10 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente Q21,000 a Q42,000, además de la posible suspensión de la línea por hasta seis meses y la cancelación de la autorización en caso de reincidencia.

Debate en el Congreso y diálogo interinstitucional

Durante las jornadas del 19 y 20 de febrero, el viceministro Suriano sostuvo reuniones con diputados para analizar el impacto de la medida y atender las inquietudes del sector transporte. Participó en una citación con la Bancada VOS y se reunió con el diputado Julio López, quien impulsa la creación de una mesa técnica intersectorial para abordar esta problemática.

Suriano señaló que la legislación vigente está basada en un marco jurídico de 1946, lo que limita la capacidad de regular el transporte de forma moderna y eficiente. Por ello, la implementación del SLV busca actualizar y fortalecer la supervisión del sector.

Antecedentes y urgencia para mejorar la seguridad vial

La necesidad de implementar el SLV responde a la alta incidencia de accidentes de tránsito en Guatemala. En 2025, se registraron accidentes que dejaron un saldo trágico, como el ocurrido el 10 de febrero en la calzada La Paz, bajo el puente Belice, donde fallecieron 54 personas y nueve resultaron heridas. Otro incidente grave tuvo lugar el 27 de diciembre en la Ruta Interamericana, en Sololá, con 15 víctimas mortales tras la caída de un bus en un barranco.

El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) de la Policía Nacional Civil (PNC) reporta que entre 2011 y 2024 se registraron 24,686 fallecidos en hechos viales, con un promedio anual de 1,163 muertes. Estos datos refuerzan la urgencia de fortalecer las medidas de control y prevención en el transporte.

Perspectivas para la reunión del 28 de febrero

La cita entre autoridades, legisladores y representantes del transporte será determinante para definir si se mantiene el cronograma original del SLV o si se introducen modificaciones para facilitar la adaptación del sector.

En caso de aprobarse alguna prórroga o ajuste en las multas, será necesario derogar el acuerdo vigente antes del inicio de la obligatoriedad para evitar conflictos legales y garantizar una transición ordenada.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV),Provial y la Dirección de Tránsito de la PNC serán las entidades encargadas de supervisar el cumplimiento y ejecutar los operativos de control y sanción una vez entre en vigencia el dispositivo.

Impacto en el transporte guatemalteco

La implementación del SLV representa un cambio significativo en la regulación del transporte pesado y de pasajeros en Guatemala. Si bien existen retos para su adopción, especialmente en la adecuación de las unidades, la medida apunta a mejorar la seguridad vial y reducir las pérdidas humanas causadas por accidentes de tránsito.

El diálogo abierto entre las autoridades y gremiales del transporte es fundamental para alcanzar acuerdos que permitan cumplir con los objetivos de la ley sin afectar la operatividad del sector ni la economía nacional.

Este proceso forma parte de los esfuerzos continuos del país para modernizar su sistema de transporte y contribuir a un entorno vial más seguro para todos los guatemaltecos.