Tratamiento de lesionados por accidentes puede costar hasta Q253 mil por paciente, según el IGSS

La atención de una persona lesionada en un hecho de tránsito puede representar para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) un costo que va desde Q550 en los casos leves hasta Q253,352 cuando el paciente requiere un implante o reemplazo, según datos presentados por la institución.

Estas cifras fueron expuestas por José Adolfo Flamenco Jau, presidente de la Junta Directiva del IGSS, durante el Sexto Congreso Internacional de Seguridad Vial, en septiembre pasado, en el que instituciones públicas y privadas analizaron la situación de la siniestralidad vial en Guatemala.

Flamenco Jau explicó que el impacto de los hechos de tránsito no termina en el lugar donde ocurre el percance, sino que se traslada a los servicios hospitalarios, las familias, los lugares de trabajo y otros sectores de la economía.

“Un accidente vial nunca termina en el lugar donde se ve. Las consecuencias se arrastran y llegan al hospital, al hogar, al trabajo, a la empresa y finalmente producen un impacto en el país”, señaló.

El costo aumenta según la gravedad

Los datos presentados por el IGSS muestran diferencias considerables en los costos según la complejidad de las lesiones y del tratamiento que requiere cada paciente.

Una lesión leve representa un costo aproximado de Q550, mientras que para una lesión moderada el monto asciende a Q2,189.

Cuando se requiere atención de alta complejidad, el costo promedio señalado por el Seguro Social alcanza los Q42,289 por paciente. La cifra aumenta hasta Q253,352 en aquellos casos en los que la persona necesita un implante o reemplazo.

Flamenco Jau señaló que detrás de estos costos se encuentran servicios médicos que pueden involucrar personal especializado, medicamentos, estudios de diagnóstico, quirófanos, hospitalización y, posteriormente, procesos de rehabilitación.

El impacto tampoco puede medirse únicamente por el dinero destinado a la atención.

“Por supuesto que existe un costo que ninguna estadística captura por completo: el miedo, la incertidumbre, el dolor, la pérdida de la autonomía y el esfuerzo de una familia que debe adaptarse a una nueva realidad”, señaló durante su exposición.

Motociclistas concentran una buena parte de las atenciones

Uno de los principales desafíos expuestos por el IGSS está relacionado con los accidentes en motocicleta, el Hospital General de Accidentes Ceibal, el IGSS reportó que durante el 2021 fueron atendidos 19,180 afiliados por accidentes, de los cuales más de 17 mil eran motociclistas.

Para el 2025, el número de afiliados atendidos ascendió a 32 mil, 954 y la mayor parte correspondió nuevamente a personas involucradas en percances de motocicleta.

Hasta agosto del 2026 se habían registrado 23,964 atenciones en ese hospital, de las cuales 21,890 correspondían a accidentes relacionados con motocicletas.

Esto significa que aproximadamente nueve de cada diez atenciones reportadas en ese período estuvieron relacionadas con ese medio de transporte.

Los pacientes, explicó Flamenco Jau, llegan con lesiones de distinta gravedad. Algunos pueden retirarse después de recibir atención, mientras que otros requieren cirugías, hospitalización o meses de rehabilitación.

La situación adquiere relevancia ante el crecimiento del parque de motocicletas y su participación en los hechos de tránsito registrados en el país.

La presión sobre los servicios de salud

Flamenco Jau explicó que la atención de los accidentes también implica utilizar capacidad instalada que podría destinarse a otros pacientes.

Cada caso puede requerir médicos, enfermeras, especialistas, medicamentos, radiografías, laboratorios, quirófanos, hospitalización y seguimiento posterior.

Por ello, sostuvo que el impacto de la siniestralidad vial debe analizarse no solo por el número de fallecidos y lesionados, sino también por la presión que genera sobre los servicios de salud y rehabilitación.

“También se mide en la capacidad instalada que tienen las instituciones para disponer de camas, jornadas de rehabilitación, horas de trabajo perdidas, familias que deben reorganizar su vida y personas que deben comenzar de nuevo”, explicó.

El presidente de la Junta Directiva del IGSS sostuvo que el Seguro Social tiene la obligación de atender las consecuencias de los accidentes, pero planteó también la necesidad de fortalecer las acciones de prevención.

Durante el Congreso de Seguridad Vial, Flamenco Jau señaló que muchas de las decisiones que pueden evitar un hecho grave corresponden a acciones cotidianas como reducir la velocidad, evitar el uso del teléfono mientras se conduce, utilizar correctamente el casco y el cinturón de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol. “Son decisiones que parecen pequeñas, pero que pueden determinar si una persona regresa o no a su casa”, indicó.

En este contexto, información presentada por el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET), con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), muestra que en el 2025 se registraron 8,864 hechos de tránsito y 2,432 personas fallecidas. Frente al 2024, los hechos aumentaron en 465 casos, los fallecidos en 68 y los lesionados en 684.

Las motocicletas representaron el 50% de los vehículos involucrados en los hechos de tránsito registrados durante el 2025. Entre enero y septiembre del 2026, su participación aumentó al 54% de los incidentes, mientras que las motocicletas involucradas crecieron un 28%, los motociclistas fallecidos un 22% y los lesionados un 17%.

Los datos del ONSET también muestran que el 62% de los hechos de tránsito del 2025 ocurrió en áreas urbanas y el 38%, en carreteras. Además, los viernes, sábados y domingos concentraron alrededor del 40% de los registros, mientras que las personas de 15 a 29 años representaron el principal grupo de riesgo identificado en la presentación.