Tres guatemaltecos acusados en EE. UU. por fraudes en custodia de menores migrantes no acompañados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra tres ciudadanos guatemaltecos por presuntamente obtener la custodia de menores migrantes no acompañados a través de información y documentos falsificados. La acusación formal, presentada en un tribunal de Ohio, señala que los implicados habrían utilizado certificados de nacimiento y tarjetas de identificación consular guatemaltecas pertenecientes a terceros para sustentar solicitudes de patrocinio fraudulentas.

Entre los acusados figura Maritza Cahuec Coc, quien según la fiscalía, habría liderado este esquema desde su llegada a Estados Unidos en 2018. Se le imputa haber presentado solicitudes de custodia alegando falsamente vínculos familiares con al menos 12 menores que cruzaron la frontera sur estadounidense entre finales de 2020 y 2023.

Funcionamiento del esquema fraudulento

Las autoridades estadounidenses explican que los menores migrantes no acompañados, una vez detenidos por la Patrulla Fronteriza, son puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Este organismo es responsable de su cuidado temporal hasta que son entregados a un patrocinador autorizado, generalmente un familiar cercano residente en Estados Unidos.

Sin embargo, según la investigación, los acusados aprovecharon este proceso para presentar documentación falsa que les permitió hacerse pasar por familiares cercanos y obtener así la custodia de los menores. La fiscalía sostiene que las solicitudes contenían información manipulada para convencer a las autoridades federales de la legitimidad de las relaciones familiares.

“Maritza presentó solicitudes de patrocinio utilizando identidades ajenas y afirmando falsamente que se trataba de hijos de familiares cercanos para obtener su custodia”, indicó un representante del Departamento de Justicia. Además, detalló que este esquema involucraba un negocio ilícito, donde los pagos por estos servicios eran depositados en las cuentas bancarias de Cahuec Coc y sus cómplices.

Implicaciones legales y alcance del caso

La acusación formal incluye cargos relacionados con fraude migratorio y tráfico de personas. Se señala que Cahuec Coc permitía que personas indocumentadas se alojaran en una vivienda que ella alquilaba, facilitando así el traslado y la ubicación de menores migrantes en territorio estadounidense.

Además de Maritza Cahuec Coc, otros dos guatemaltecos relacionados con el caso enfrentan cargos equivalentes. La Fiscalía señaló que las operaciones fraudulentas se extendieron durante varios años y que algunos de los menores involucrados ya alcanzaron la mayoría de edad.

Este caso representa un ejemplo de las complejas redes que se forman alrededor de la migración irregular en la región, donde la vulnerabilidad de los menores no acompañados es explotada para fines ilegales. La situación también subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de verificación en los procesos de custodia para garantizar la protección de los derechos de los menores migrantes.

Contexto migratorio en Guatemala y Estados Unidos

Guatemala es uno de los países con altos índices de migración irregular hacia Estados Unidos, impulsada por factores sociales, económicos y de seguridad. Muchos menores migrantes no acompañados que cruzan la frontera sur buscan reunirse con familiares o patrocinadores en territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses han implementado protocolos para el cuidado temporal de estos menores, pero casos como el denunciado evidencian las vulnerabilidades del sistema y la necesidad de controles más estrictos para evitar fraudes y proteger a los niños y adolescentes.

Las investigaciones continúan en curso y se espera que el proceso judicial siga desarrollándose en los próximos meses, con posibles repercusiones para las redes involucradas en el tráfico y explotación de menores migrantes.

El seguimiento de este caso permitirá evaluar las medidas adoptadas por las autoridades para combatir este tipo de fraudes y mejorar la protección de los derechos de los migrantes, especialmente de los más vulnerables.