Tres presuntos pandilleros comparecen por ataques contra agentes de la PNC en Guatemala

El 28 de enero de 2026 se llevó a cabo en el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales la audiencia de primera declaración de tres hombres señalados por su presunta participación en ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Guatemala. Los imputados, identificados como William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28 años, alias “Estiloso”; y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26 años, alias “Hueso”, comparecieron por videoconferencia desde el Centro Preventivo para Hombres ubicado en la zona 18 capitalina.

De acuerdo con las autoridades, los tres individuos están vinculados al Barrio 18 y fueron capturados en la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, tras una serie de atentados dirigidos contra agentes policiales el pasado 18 de enero. Estos ataques se produjeron en el contexto de motines simultáneos en varias prisiones del país, incluyendo Renovación 1 en Escuintla, Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Contexto de los ataques y detenciones

Los hechos violentos desencadenaron una respuesta inmediata por parte del gobierno, que decretó un estado de sitio por 30 días para contener la escalada de violencia. Durante los ataques, diez agentes de la PNC perdieron la vida, lo que generó una conmoción nacional y un reforzamiento de las medidas de seguridad en el departamento de Guatemala y alrededores.

Las autoridades señalan que los tres imputados formaban parte de los grupos responsables de estos atentados. Sin embargo, durante la audiencia, los tres negaron haber participado directamente en los hechos. Afirmaron que, en el momento de la captura, se encontraban cerca del lugar de los ataques, pero sin implicación en los mismos.

Declaraciones de los imputados

En su intervención, Cristofer Alexander Ordóñez Castillo rechazó las acusaciones en su contra y calificó los señalamientos como falsos. Según su declaración, fue agredido sin explicación previa y aseguró que el arma que se le atribuye fue colocada por los agentes durante su detención. Además, relató que se dirigía hacia la casa de su abuela cuando fue intervenido por la policía.

Ordóñez reconoció su pertenencia a la pandilla Barrio 18, pero enfatizó que no tuvo participación en los ataques. “Sí pertenezco a la pandilla, pero no, yo no fui”, manifestó. También mencionó que ha estado detenido anteriormente y que, según su versión, logró resolver esa situación legal. Agregó que cursó sexto Perito Contador y tenía planes de ingresar a la universidad, lo que sugiere una intención de retomar estudios formales.

Imputaciones y cargos legales

El Ministerio Público imputó a los tres hombres diversos delitos relacionados con la violencia y la seguridad pública. Entre las acusaciones están asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego, terrorismo y sedición. Estas imputaciones reflejan la gravedad de los hechos y la respuesta legal que el Estado guatemalteco está implementando para enfrentar la crisis de violencia generada por grupos delincuenciales.

La audiencia se desarrolló en medio de estrictas medidas de seguridad y bajo vigilancia judicial, considerando la relevancia del caso y el impacto que los ataques han tenido en la sociedad guatemalteca.

Impacto y medidas gubernamentales

Los ataques contra la PNC ocurridos el 18 de enero forman parte de una serie de incidentes violentos que han afectado la seguridad en Guatemala, especialmente en áreas urbanas y en el sistema penitenciario. La respuesta estatal ha incluido la implementación de operativos especiales, patrullajes intensificados y la declaratoria de estado de sitio para controlar la situación.

La violencia asociada a pandillas como el Barrio 18 continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades y la población. Este caso pone en evidencia la complejidad de la lucha contra la criminalidad organizada y la necesidad de estrategias integrales que aborden no solo la represión, sino también la prevención y reinserción social.

Situación actual y próximos pasos

El proceso judicial contra William Alexander Guevara Yalibat, Jonathan Alexis Cabrera Lobo y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo continúa en desarrollo. Se espera que en las próximas etapas se realicen audiencias complementarias en las que se evaluarán las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa legal de los imputados.

Estas diligencias son parte del esfuerzo institucional para garantizar un debido proceso y esclarecer los hechos, además de promover la justicia en un contexto de alta sensibilidad social y política.

El caso también ha generado un debate sobre las condiciones carcelarias y la influencia de las pandillas en el sistema penitenciario, aspectos que autoridades guatemaltecas han señalado como prioritarios para reformar y fortalecer la seguridad nacional.

Conclusión

La audiencia realizada el 28 de enero refleja el compromiso del sistema judicial guatemalteco para procesar a quienes se presume están involucrados en actos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y el orden público. Aunque los imputados niegan su participación, su vinculación con una de las pandillas más conocidas del país y las evidencias presentadas por el Ministerio Público serán determinantes para el avance del caso.

El desarrollo de este proceso será monitoreado por la sociedad y las autoridades, en un contexto donde la seguridad y la justicia continúan siendo temas prioritarios en la agenda nacional.