Tribunales frenan medidas de Trump para revertir normas ambientales

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Las numerosas medidas adoptadas por la administración Trump para reformar y reducir el alcance de la protección ambiental federal se han topado con una avalancha de demandas legales por parte de empresas, grupos ecologistas y funcionarios estatales.

En lo que va de verano, ha perdido más de lo que ha ganado en los tribunales.

En los últimos tres meses, los tribunales federales de todo el país han emitido fallos en varios casos relacionados con los intentos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de cancelar miles de millones de dólares en subvenciones climáticas y revertir las políticas de calidad del aire de la era Biden. En más de la mitad de ellos, los jueces fallaron en contra de la agencia.

Algunas de esas demandas siguen sin resolverse. La EPA está considerando apelar algunos de los casos que perdió, o que ya ha apelado, según la portavoz de la agencia, Brigit Hirsch.

“La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump está comprometida con el cumplimiento de la ley, y los tribunales han ratificado nuestras normas y acciones en diversos contextos”, declaró Hirsch. “Estos triunfos rara vez reciben la misma atención mediática que las derrotas a corto plazo”.

Sin embargo, los abogados involucrados en el litigio que impugna a la EPA afirman que las recientes decisiones judiciales representan un freno crucial a la agresiva reducción de las actividades medioambientales por parte de la administración Trump.

“Parece que la situación está cambiando”, dijo Jillian Blanchard, abogada de Lawyers for Good Government, que representa a varias organizaciones que perdieron subvenciones medioambientales el año pasado.

Revés por las normas sobre hollín

La forma habitual en que una agencia federal procede a derogar una regulación existente es mediante un proceso que requiere mucho tiempo e implica proponer una nueva norma y recabar comentarios del público antes de publicar la versión final.

No fue así como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Trump intentó revertir las normas sobre hollín de la era Biden el otoño pasado. En lugar de iniciar un nuevo proceso de reglamentación para debilitarlas, intentó lograrlo a través de un caso judicial ya existente.

Cuando la administración Biden implementó los nuevos estándares nacionales en 2024, más de 20 Estados gobernados por republicanos presentaron demandas para anularlos. Inicialmente, la agencia defendió los estándares de contaminación más estrictos ante los tribunales, pero bajo la administración Trump cambió de postura. La EPA de Trump declaró ante el tribunal que ya no creía que la agencia tuviera la autoridad para actualizar los estándares de hollín cuando lo hizo y solicitó que se anularan.

En cambio, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC de Estados Unidos dictaminó en junio por unanimidad (3-0) reafirmar los estándares más estrictos.

“Tenemos una administración que se esfuerza muchísimo por limitar el alcance de su propia autoridad”, afirmó Jody Freeman, profesora de derecho ambiental en la Universidad de Harvard, quien no participa en el litigio. Al menos en este caso, explicó, los tribunales no estuvieron de acuerdo.

En un caso aparte, un juez federal de California ordenó en julio a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump que cumpliera con un plazo legal clave para la implementación de las normas sobre hollín, plazo que había ignorado mientras el caso original estaba pendiente.

Al ser preguntada sobre las recientes decisiones en ambos casos de hollín, Hirsch dijo que la EPA “mantiene su compromiso de implementar la Ley de Aire Limpio tal como está escrita y está considerando los pasos a seguir”.

Fallos favorables en otras regulaciones

La administración ha tenido más éxito con medidas de desregulación de menor envergadura.

Por ejemplo, a mediados de julio, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC reafirmó el enfoque de la EPA de Trump sobre cómo las refinerías y otras instalaciones industriales calculan sus emisiones y, por lo tanto, determinan qué medidas de control de la contaminación son necesarias. Más tarde ese mismo mes, el mismo tribunal dictaminó a favor de la prórroga de los plazos que la EPA había concedido a las acerías para cumplir con ciertas normas sobre emisiones peligrosas.

Disputa por las subvenciones

Mientras tanto, la EPA ha flaqueado repetidamente en los tribunales en otro frente: la cancelación de múltiples programas de subvenciones por valor de miles de millones de dólares.

Ha prevalecido en al menos un caso: este verano, un juez federal del estado de Washington desestimó una demanda interestatal contra la cancelación por parte de la agencia del programa Solar for All, valorado en 7.000 millones de dólares, argumentando que el caso correspondía a otro tribunal. Sin embargo, la agencia no ha tenido tanto éxito en otros casos.

Por ejemplo, un juez federal de Carolina del Sur dictaminó a principios de este verano que la directriz interna de la EPA de cancelar el programa de subvenciones independiente y de menor envergadura para la Justicia Ambiental y Climática “fue arbitraria, caprichosa e ilegal”. (La EPA anunció que apelará la decisión).

Los demandantes están ganando, explicó Blanchard, “siempre que los casos llegan a un tribunal para ser revisados en cuanto al fondo, no en cuestiones de tecnicismos jurisdiccionales como si el caso corresponde al Tribunal Federal de Reclamaciones o al tribunal de distrito”.

En otro caso relacionado con subvenciones, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC asestó otro revés parcial a la EPA este mes. En marzo de 2025, la EPA canceló subvenciones del Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares, alegando el administrador de la EPA, Lee Zeldin, fraude y abuso programático. Algunos beneficiarios afectados interpusieron una demanda y un juez de distrito dictó una orden judicial preliminar que suspendió la cancelación.

Después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC emitiera una decisión inicial de 2-1 más favorable a la EPA, el pleno del tribunal emitió este mes un nuevo fallo de 6-4 en contra de la agencia. La EPA anunció que apelará esta decisión ante la Corte Suprema.

“La demora es un problema, especialmente en lo que respecta a la acción climática, porque el tiempo perdido supone una pérdida de impulso para reducir los gases de efecto invernadero”, afirmó Freeman.