TSE modifica reglamentos electorales y flexibiliza sanciones por campaña anticipada en Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala aprobó una serie de modificaciones a los reglamentos electorales vigentes, con miras a los procesos electorales de 2027 y 2031. Estas reformas, anunciadas a menos de un mes de la renovación de su pleno, introducen cambios significativos en la regulación de la campaña anticipada, el control de financiamiento partidario, el voto en el extranjero y la fiscalización de la propaganda política, incluyendo las plataformas digitales.

Reformas en la normativa electoral y su contexto

Los ajustes realizados por el TSE afectan principalmente la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y sus reglamentos complementarios. Estas modificaciones son resultado de un trabajo conjunto entre magistrados y representantes de los partidos políticos que se extendió durante dos años. No obstante, la implementación formal de estas reformas dependerá del nuevo pleno del TSE, que asumirá funciones el próximo 20 de marzo tras la finalización del periodo constitucional de la actual magistratura el 19 de marzo.

Entre los reglamentos modificados figuran:

• Reglamento de la LEPP: Modificaciones en la regulación de la campaña anticipada y definición de credenciales de candidatos.
• Reglamento de Voto en el Extranjero: Ajustes para facilitar la participación electoral de guatemaltecos residentes fuera del país.
• Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión: Incorporación de medidas para controlar la propaganda en redes sociales y prohibición del uso de información falsa o manipulada, incluida la generada mediante inteligencia artificial.
• Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas: Cambios en los plazos y umbrales para la presentación y registro de aportes económicos a partidos y movimientos políticos.

Flexibilización de sanciones por campaña anticipada

Una de las reformas más destacadas se centra en el artículo 94Bis de la LEPP, que regula la campaña anticipada. Tradicionalmente, esta norma prohibía la inscripción de candidatos que hubieran realizado propaganda electoral antes del periodo legalmente establecido. Sin embargo, el procedimiento para sancionar estas conductas se ha flexibilizado.

El nuevo reglamento estipula que, una vez que la Inspección General emite un informe por posibles actos de campaña anticipada, el Registro de Ciudadanos notificará únicamente una vez al ciudadano involucrado para que cese o elimine las conductas denunciadas. El denunciado contará con un plazo de ocho días para corregir su comportamiento, luego cinco días para presentar descargos y, finalmente, otros cinco días para que la autoridad emita una resolución.

Este proceso introduce una mayor oportunidad de defensa para los aspirantes, evitando sanciones inmediatas y permitiendo la participación política en espacios públicos o medios de comunicación sin que se considere automáticamente promoción anticipada. Se aclara que actividades como participar en programas de radio o televisión, podcasts, ofrecer declaraciones públicas o asistir como expositor no constituyen promoción ilegal, siempre que no impliquen un llamado explícito al voto.

Modificaciones en la definición de credencial y pérdida de inmunidad

Otra reforma sustancial afecta la definición y alcance de la credencial que reciben los candidatos tras su inscripción. El texto vigente que otorgaba a los titulares derechos, obligaciones e inmunidades específicas ha sido ajustado para limitar estas garantías. Ahora, la credencial solo servirá para identificación a partir de la resolución firme que apruebe la inscripción, sin incluir inmunidades asociadas.

Esto contrasta con el artículo 2017 de la LEPP, que establece que candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes gozan de derecho a antejuicio desde el momento de la inscripción. La modificación busca clarificar este aspecto y evitar confusiones en torno a las facultades y límites de los candidatos durante el proceso electoral.

Actualización en la regulación del voto en el extranjero

Para facilitar la participación de la diáspora guatemalteca, el reglamento del voto en el extranjero incorpora nuevas disposiciones que flexibilizan los requisitos para ejercer este derecho. Entre ellas, se permitirá que los migrantes puedan votar utilizando su pasaporte en lugar de estar limitados exclusivamente al Documento Personal de Identificación (DPI).

Además, se habilita la posibilidad de votar en el centro más cercano al migrante, sin necesidad de desplazarse a un lugar previamente asignado. Se contempla también el uso de recursos tecnológicos para implementar mecanismos electrónicos que faciliten la votación, lo que apunta a una modernización de la logística electoral orientada a ampliar la participación.

Control de financiamiento y nuevas regulaciones sobre propaganda

En materia financiera, las reformas reducen el plazo de conservación de registros contables de 15 a 5 años, y elevan el umbral para la obligación de registrar aportes minuciosamente de Q5 mil a Q30 mil. Estas medidas pretenden simplificar la fiscalización sin disminuir la transparencia y legalidad en el financiamiento partidario.

En cuanto a propaganda política, el TSE amplió las restricciones para incluir expresamente a las redes sociales y perfiles anónimos que divulguen información falsa o manipulada, especialmente aquella generada mediante inteligencia artificial. Esta actualización responde a la creciente influencia de estas plataformas en la opinión pública y busca preservar la integridad del proceso electoral.

Las reformas también prohíben la difusión de noticias falsas que puedan alterar la voluntad del electorado, atacar candidatos o comprometer la legitimidad del proceso comicial.

Reacciones y proceso de implementación

El presidente del TSE destacó que las reformas fueron fruto de un diálogo prolongado con las organizaciones políticas y que se espera su respaldo para mantenerlas vigentes. Sin embargo, la responsabilidad final de aprobar y aplicar estas modificaciones recae en el próximo pleno del Tribunal, que deberá asumir la conducción de las elecciones generales de 2027.

El contexto político actual dista del de 2016, año en que se introdujo la prohibición estricta de campaña anticipada, lo que ha motivado la revisión y actualización de las normas para adaptarlas a las realidades actuales del país y la dinámica política contemporánea.

Estos cambios reflejan un intento de equilibrar el control electoral con la garantía de derechos políticos, la inclusión tecnológica y la transparencia en el financiamiento partidario, enfrentando los desafíos que presenta la comunicación digital y la migración en el ejercicio del voto.