TSE respalda a subdelegado que denunció presunto empadronamiento irregular en Retalhuleu

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado oficial este 24 de enero en respaldo al subdelegado municipal de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, quien denunció un presunto caso de empadronamiento irregular en el municipio.

La denuncia fue presentada luego de que el funcionario electoral manifestara haber recibido 46 Documentos Personales de Identificación (DPI) para realizar el empadronamiento de personas que no acudieron personalmente a efectuar el trámite. Según el subdelegado, una mujer, identificada como familiar de la alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Blanca Estela Mendoza Méndez, le entregó estos documentos y ofreció un pago de Q100 por cada empadronamiento o actualización de datos, propuesta que fue rechazada.

Respuesta formal del Tribunal Supremo Electoral

En su comunicado, el TSE aclaró que el subdelegado no fue destituido ni removido de sus funciones, como se había difundido erróneamente en redes sociales. Por el contrario, la institución manifestó su respaldo institucional y ha brindado acompañamiento al funcionario desde que tuvo conocimiento del caso.

El documento señala que, a través de la Inspección General, el TSE levantó el acta correspondiente y apoyó la presentación de la denuncia formal ante la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP),con el propósito de que se investiguen los hechos conforme a la ley.

Además, el Tribunal informó que se ha coordinado apoyo para garantizar la seguridad del subdelegado, tanto a nivel privado como con la colaboración de la PNC, con el fin de proteger su integridad física mientras avanza el proceso de investigación.

Detalles de la denuncia y advertencias

El subdelegado municipal manifestó públicamente, mediante un video difundido en redes sociales, que la entrega de los DPI para empadronar personas de otro municipio constituía un acto irregular que atentaba contra la transparencia del proceso electoral y la democracia local.

Indicó que los titulares de los documentos residirían en San Martín Zapotitlán y que el objetivo era inscribirlos en San Andrés Villa Seca, lo cual configuraría un acto conocido como transhumancia electoral.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía para que no entregue sus documentos personales a terceros ni a miembros de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode),a fin de evitar que se cometan actos ilegales o anomalías en los procesos de empadronamiento.

Reacción de la alcaldesa de San Martín Zapotitlán

Por su parte, la alcaldesa Blanca Estela Mendoza Méndez negó categóricamente las acusaciones relacionadas con su persona y su administración municipal. Señaló que se trata de un "show político" con el objetivo de dañar su imagen tanto política como emocionalmente.

Mendoza Méndez indicó que no ha enviado a ninguna persona a realizar empadronamientos en San Andrés Villa Seca y aseguró que la mujer señalada como presunta emisaria de los documentos fue víctima de un robo reciente, en el que le sustrajeron el teléfono celular.

Asimismo, la alcaldesa informó que, con apoyo legal, se están tomando las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y pidió que se presenten pruebas, como fotografías, para identificar a la persona que entregó los DPI al subdelegado.

“Todos los trámites son personales y requieren firma; esto debe ser investigado”, resaltó, haciendo énfasis en que la manipulación política es evidente dado el contexto preelectoral actual.

Contexto y relevancia del caso

La denuncia presentada en San Andrés Villa Seca se ubica dentro de un contexto nacional donde el Tribunal Supremo Electoral continúa reforzando la integridad de los procesos de empadronamiento y la transparencia electoral, especialmente en municipios con alta movilidad poblacional y potenciales prácticas de transhumancia electoral.

La transhumancia electoral se refiere a la inscripción irregular de personas en un municipio distinto al de su residencia habitual, con el fin de influir en resultados electorales. Esta práctica está penada por la ley guatemalteca y constituye una amenaza a la democracia y a la representatividad local.

El respaldo institucional del TSE al subdelegado que denunció estos hechos refleja el compromiso de la entidad con la transparencia y el fortalecimiento del sistema electoral en Guatemala, así como la protección de los funcionarios que actúan conforme a la normativa vigente.

Llamado a la ciudadanía y recomendaciones

El Tribunal Supremo Electoral exhortó a la población a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar la circulación de rumores o información falsa que pueda generar confusión o desinformación.

También reiteró la importancia de que los ciudadanos realicen personalmente los trámites de empadronamiento y actualización de datos en el Registro Electoral, evitando entregar sus documentos a terceros que puedan incurrir en prácticas ilegales.

Conclusiones

El caso en San Andrés Villa Seca pone de manifiesto los retos que enfrenta Guatemala en materia de transparencia electoral y la protección de la integridad de los procesos de empadronamiento. La respuesta del Tribunal Supremo Electoral y la coordinación con las autoridades policiales y judiciales son pasos importantes para garantizar la legalidad y confianza en los procesos democráticos.

Asimismo, la controversia generada en el municipio vecino de San Martín Zapotitlán, con las declaraciones de su alcaldesa, refleja la sensibilidad política de estos procesos en el contexto preelectoral que atraviesa el país.

El seguimiento de las diligencias por parte de las autoridades competentes será clave para esclarecer los hechos y tomar las acciones legales que correspondan conforme a la ley guatemalteca.