Usac en etapa decisiva: qué está pasando con Walter Mazariegos, el CSU y la toma de posesión del 1 de julio

La Universidad de San Carlos (Usac) se aproxima a una fecha crucial, pues el próximo1 de julio está prevista la toma de posesión de Walter Mazariegos para un segundo período en la rectoría. Sin embargo, la cuenta regresiva avanza en medio de un intenso pulso judicial y político que cuestiona la legalidad del proceso electoral celebrado en abril pasado.

La controversia se centra en que Mazariegos no cuenta con el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Esta carencia, motivada por denuncias penales vigentes en su contra, mantiene bajo alerta a diversos sectores que ven inviable e ilegal su juramentación bajo el marco constitucional vigente.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) interpuso un un amparo directo contra el Consejo Superior Universitario (CSU), con el que busca dejar sin efecto la reelección de Mazariegos al argumentar que no cumple con el requisito del finiquito establecido en la Constitución.

Frente a este panorama, la comunidad universitaria y analistas jurídicos proyectan una serie de rutas críticas. Estas van desde la consumación de lo que consideran una supuesta ilegalidad por parte del CSU, hasta el uso de reformas reglamentarias para prolongar el mandato actual, lo que deja un escenario de incertidumbre para la única universidad pública del país con incidencia y representación en los órganos de mayor poder del Estado.

1. El frente judicial

Para comprender la situación legal, es necesario diferenciar las denuncias de los recursos como amparos que fueron planteados por la oposición interna:

• Las 17 denuncias penales
  Este bloque de acciones corresponde a las denuncias vigentes ratificadas ante el Ministerio Público (MP),vinculadas a anomalías administrativas y de personal. Entre estas denuncias se encuentran tres derivadas de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas (CGC),las cuales bloquean la emisión del finiquito de Mazariegos.
• Desglose
  Una citación legislativa realizada el pasado 23 de junio expuso los hallazgos de la PGN tras lograr tener acceso al expediente digital del Ministerio Público (MP) apenas el 22 de junio, luego de múltiples solicitudes rechazadas.
  
  Los detalles y deficiencias del proceso fueron expuestos por la licenciada Pilar Samayoa, jefa de la Abogacía del Estado de la PGN, quien evidenció tras revisar los 294 copias de folios que las pesquisas se encuentran prácticamente paralizadas en la Fiscalía contra la Corrupción, limitándose casi exclusivamente a la acumulación de denuncias presentadas desde el 13 de abril.

Al día de hoy, el grueso de los señalamientos vigentes se resume en tres frentes describió Samayoa:

• Fiscalización: tres denuncias penales de la Contraloría (CGC) que bloquean el finiquito de Mazariegos, fragmentadas en dos expedientes.
• Desde el Congreso: cuatro acciones del diputado José Chic, incluyendo una querella contra el rector y denuncias contra el CSU, el área jurídica y el decano de Humanidades, Santos de Jesús Dávila. A estas se suma una denuncia de la diputada Sonia Gutiérrez y otra de David Illescas.
• Oposición y fraude: denuncias civiles de Leonel Toriello, otras por señalamientos de fraude por el nombramiento de la magistrada Julia Marisol Rivera, y una del abogado Alejandro Xiloj contra el CSU por ejercer con periodos vencidos.

La licenciada Samayoa advirtió que “no se evidencian diligencias de investigación realizadas”. En meses de trámite, el MP solo registra dos actuaciones básicas: un oficio de febrero requiriendo datos administrativos a la rectoría y una declaración testimonial.

Ante la inacción fiscal, la PGN inició sus propios requerimientos el 14 de mayo pasado.

• La batalla de Usac-DIRE: Por separado, el grupo Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE) encabeza una ofensiva jurídica con decenas de recursos de amparo e impugnaciones encaminadas a señalar supuestas irregularidades en el proceso de elección.
  
  Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) ha suspendido y rechazado varias de estas acciones —como ocurrió el martes 23 de junio cuando el Juzgado Décimo Primero confirmó la suspensión de un amparo que frenaba la reelección—, los dirigentes de DIRE confían en que los recursos aún pendientes se resuelvan a su favor antes de que venza el plazo del 1 de julio.

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Los Escenarios: ¿Se queda, se va o se convoca a elecciones?

A partir de las condiciones actuales, juristas, legisladores y analistas perfilan tres salidas para la crisis de la rectoría:

Impedimento legal para asumir

Bajo esta perspectiva, Mazariegos no podría tomar posesión del cargo debido a la estricta prohibición legal.

• Aníbal García, abogado y líder de Usac-DIRE, sostiene que el rector tiene un impedimento insalvable conforme a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
• En la misma línea, Pablo Solórzano, representante de la organización Alianza por las Reformas, enfatiza que Mazariegos carece del respaldo legal básico, pues el finiquito de la Contraloría “es un requisito indispensable para estar y asumir el cargo” de manera proba.
• El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS),es más drástico al advertir las consecuencias para los niveles de dirección: “sería un delito flagrante que el CSU quiera darle posesión” en estas condiciones.

Aferrarse al cargo

Diversas fuentes estiman que Mazariegos podría retener la rectoría empleando las normativas internas con el respaldo del CSU.

• El diputado Chic explicde la a que el CSU podría escudarse en una reforma reglamentaria de la Usac aprobada en el 2025, la cual prohíbe al rector entregar el cargo si no se ha consolidado a un sustituto legal. Al no poder asumir el nuevo periodo por falta de finiquito, Mazariegos optaría por prolongar de forma extendida su mandato actual.
• Pablo Solórzano, de Alianza por las Reformas, ve muy viable este blindaje del Consejo: “Hemos visto decisiones completamente ilegales por parte de él y del CSU; esto demuestra que no hay certeza ni Estado de Derecho”.
• El abogado Aníbal García advierte que esta salida profundizaría la crisis, pues una norma interna no superior a la ley nacional: “Jamás pueden contradecir el artículo 16 de la Ley de Probidad ni el 113 Constitucional, que exigen idoneidad, honradez y capacidad para ejercer un cargo”.

Convocatoria a nuevas elecciones

Planteado como la vía más lejana, el diputado Chic señala que el tercer camino dependería de que las autoridades universitarias decidan limpiar la imagen de la Usac y respetar la legislación.

Esto implicaría desconocer oficialmente el proceso de abril pasado y convocar a un nuevo evento electoral transparente, retomando el espíritu de los primeros fallos de instancias judiciales que ordenaron detener la reelección antes de ser revertidos por la CC.

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