Verificar las firmas de las solicitudes de reformas a la Constitución dividen criterios legales

Guatemala

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La Corte de Constitucionalidad (CC) marcó al Congreso el camino que tiene que seguir para verificar las firmas de las iniciativas que buscan reformas a la Constitución, a través de dos amparos provisionales emitidos el pasado jueves 5 de noviembre.

Algunos abogados consideran que la resolución es excesiva y que solo busca entorpecer el proceso, mientras que otros opinan que se trata de una revisión justa que persigue la transparencia.

Una de las iniciativas en cuestión fue presentada por un movimiento que lidera Carlos Pineda, posible candidato presidencial del partido político Servir; la segunda fue impulsada por la organización civil Poder Ciudadano.

Esta última organización, que tiene entre sus directivos al abogado constitucionalista Edgar Ortiz, denunció amenazas e informó que por motivos de seguridad declinaban de la solicitud de reformas.

Pero horas después, la CC conoció los amparos presentados por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón), que deja en consecuencia deja en suspenso el trámite de las iniciativas hasta que se verifiquen los datos.

El Congreso tiene que validar que los nombres y firmas sean legibles, que cada uno de los que firman estén empadronados, que no exista duplicidad en los datos, que se trate de personas reales y que estén vivas.

La @CC_Guatemala da al @CongresoGuate una serie de pasos para validar las firmas de los ciudadanos que respaldan las propuestas de reformas a la Constitución tras resolver dos amparos de Cedecon. El Legislativo tendrá que pedir información al @TSEGuatemala y @MigracionGuate https://t.co/t8EYk5D2Kt

— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) November 5, 2026

Para esto, el Congreso tendrá que pedir informes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), y a otras dependencias para poder esclarecer de manera científica los datos.

Incluso, la Corte explica que es necesario validar con grafotecnia la autenticidad de documentos.  

“Es preocupante y arbitraria. Creo que cualquier abogado sabe el principio de certeza jurídica, las reglas se establecen antes, no después. Ahora establecen criterios que no se conocían, y diría que cierran la puerta para que la propuesta avance”, indicó Ortiz.

El directivo de Poder Ciudadano expuso que esta serie de requisitos no se exigen en otros procedimientos, por lo que considera que la resolución busca entorpecer los posibles cambios constitucionales.

“Nosotros no tenemos problema con que se revisen las firmas, el problema es el procedimiento. A nosotros nos piden un estándar más alto que un partido; cada firma con un análisis grafotécnico, esto dura uno o dos años”, añadió.

En contra

Para Yolanda Pérez Ruiz, exmagistada de Corte de Apelaciones y analista jurídica, la forma en que resuelve la CC es excesiva, ya que se está bloqueando cualquier posibilidad de una reforma constitucional.

“Localizar a más de 12 mil personas, luego hacerle la prueba grafológica y abrir un portal para que digan si firmó o no; esta decisión me parece una pérdida de tiempo”, indicó.

Según Pérez Ruiz, los requerimientos por si solos bloquean la posibilidad real que la iniciativa camine, sin contar que la composición legislativa y el debate político no será sencillo.

“Si el Congreso le diera luz verde, todavía faltarían muchos pasos para llegar a la consulta popular. Esto era la crónica de un amparo que se iba a otorgar con medidas más que dilatorias, que solo intenta proteger a gente que está enquistada, protegiendo intereses bastardos de terceros”, añadió.  

A favor

Para Diego Sagastume Vidaurre, abogado y analista independiente, la resolución de la CC es justa, ya que según su perspectiva se trata de dar transparencia a un tema serio y complejo como una reforma constitucional.

“No es excesiva, la ley existe por algo. Encima de todo, hablamos de propuestas constitucionales, la Constitución no se puede manosear por cualquiera, la ley se tiene que cumplir y estamos bajo un estado de Derecho, no es Disneylandia, es un país donde debemos de cumplir la ley”, dijo.

Para al abogado, los antecedentes del 2023 con la localización de datos anómalos en el proceso de creación del cancelado partido político Movimiento Semilla, hace necesario que se tengan controles más altos para validar la información.

“Por eso comprendo la situación, porque ya se presentó masivamente firmas falsas, duplicadas y con personas fallecidas, verificar todo esto no está de más, pero por algún temor ahora retiran la iniciativa, horas antes de esta resolución”, dijo.

Presentan denuncia

También este 6 de noviembre Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, informó en sus redes sociales que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se investiguen las firmas que presentó Poder Ciudadano.

“Podrían constituir delitos de falsedad ideológica y violación a la Constitución Política de la República”, explicó Ruiz, quien añadió que ante la auditoria que ordena la CC, los organizadores ahora buscan retirar las firmas.   

“Todo apunta a una maniobra deliberada para evitar que se descubra un posible fraude (…) hemos solicitado que se aseguren las firmas originales y que intervenga el Inacif”, señala.