Video: “Las máquinas no pueden sustituir a los operadores de justicia”

La aprobación de una legislación sobre protección de datos y ciberseguridad, así como la necesidad de mantener bajo responsabilidad humana las decisiones judiciales son solo dos de las condiciones legales y técnicas que Guatemala necesita antes de avanzar en la incorporación de la inteligencia artificial en el sistema de justicia.

Esta fue una de las conclusiones de La Charla, segmento de Guatemala No Se Detiene transmitido todos los lunes por Guatevisión, a las 22 horas, después del noticiero estelar.

Una de las panelistas, Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, señaló que la implementación de esta tecnología requiere de “un ecosistema de legislación”, que acompañe la transformación digital del sistema judicial.

Entre los pendientes menciona reglamentos para establecer el uso ético de la inteligencia artificial dentro de las instituciones. “Tenemos que verlo así, porque otros países que han avanzado (…) cuentan con una legislación, por ejemplo, de transformación digital, cuentan también con egislación de protección de datos, ciberseguridad, cibercrimen”.

Antillón, además, explica que regular la inteligencia artificial es difícil, por medio de una ley, por lo que considera necesario establecer un reglamento sobre su uso ético, particularmente con un ámbito como la administración de justicia. Advirtió también que la falta de herramientas institucionales y de reglas para utilizarlas puede generar riesgos relacionados con el manejo de información: “en la medida que no se les provea de las herramientas (…) no se reglamenta el uso ético de la inteligencia artificial, entonces vamos a tener ahí cierto riesgo del uso de nuestra información”.

Las máquinas no deben decidir por el juez

Para Jesús María Alvarado, director de la Escuela de Postgrado y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), “los operadores de justicia (…) no pueden ser sustituidos por máquinas. La máquina no es responsable, los responsables son los operadores de justicia”.

También explica que es importante contar con todos los datos históricos que existan en el sistema judicial, pues estos podrían facilitar a los ciudadanos la consulta de sus trámites y expedientes, al igual que podrían servir para evaluar el funcionamiento de los procesos judiciales.

Respecto de la preservación de los derechos de los particulares, señala: “la máquina no va a ser responsable, es una tecnología”, y destaca además la importancia de una ley que proteja sus datos.

Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios, sostiene que las herramientas tecnológicas pueden facilitar el acceso a la justicia, pero no deben reemplazar la responsabilidad de los funcionarios en las decisiones relacionadas con los hechos, las pruebas y el derecho: “Yo creo que el Estado de Guatemala, como obligado que está, facilitando a hacer más cercana a la justicia, garantizar la justicia para los ciudadanos, debe no escatimar esfuerzos para garantizar la efectividad de este derecho y las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial definitivamente se convierten en herramientas que pueden facilitar el acceso a la justicia, de manera que debe tomarse todas las medidas necesarias”.

Agregó que, para resguardar la información y garantizar el acceso a esas tecnologías, debe hacerse de forma certera y segura, sin reemplazar la responsabilidad de cada funcionario de tomar decisiones sobre casos concretos.

¿Qué necesita el sistema para avanzar?

Para Alvarado, la incorporación de la inteligencia artificial tiene un gran potencial, pero también implica riesgos: “Tenemos que navegar, en mi criterio, en forma paralela en el uso de estas tecnologías, evaluar cuáles son las tecnologías sobre las cuales podemos nosotros apostar y resolver buena parte de los problemas”.

Entre los pasos mencionados para su implementación también destacan la capacitación de jueces y la inversión en el sistema judicial, que pueden acercar los órganos judiciales a las partes más remotas del país y facilitar el acceso y la transparencia: “Lo positivo es que estamos encaminados a ello, como muchos países. Todavía es incierta la parte de la privacidad, (…) pero no menosvaloraría el tema precisamente de la formación”.

Gámez señaló que para avanzar hacia el uso de esta herramienta se requiere continuar con la digitalización de lo que aún depende de procesos físicos: “Ya fue aprobada la generación de firma electrónica avanzada, que eso es un mecanismo para poder suscribir documentos y poderlos utilizar de forma virtual con la seguridad necesaria”.

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