Violencia y crisis de seguridad marcan las elecciones presidenciales en Colombia 2026

Las elecciones presidenciales de Colombia previstas para mayo de 2026 se desarrollan en un contexto de creciente violencia y profunda crisis de seguridad, que afectan directamente la campaña electoral y ponen en riesgo la estabilidad democrática del país.

En los últimos meses, la situación se ha tornado especialmente crítica. Se registraron ataques armados contra candidatos, incluido el asesinato de un aspirante presidencial, el secuestro de un senador y una masacre contra su equipo de guardaespaldas. Estos hechos marcan un retroceso en la seguridad política del país, que no había visto un asesinato de candidato presidencial en más de tres décadas.

El impacto del conflicto armado y el narcotráfico en la campaña electoral

La violencia que sacude Colombia está directamente relacionada con el fortalecimiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, especialmente en zonas rurales donde el Estado tiene presencia limitada. El auge histórico de la producción de cocaína y el fracaso de los procesos de paz han consolidado el poder de estas milicias, que imponen restricciones y control territorial que impiden el libre desarrollo de la campaña política en varias regiones.

Algunas áreas rurales se han convertido en "zonas prohibidas" para los políticos, quienes enfrentan amenazas constantes y limitaciones para desplazarse. Paloma Valencia, candidata presidencial del partido conservador Centro Democrático, ha señalado la dificultad de realizar actividades de campaña debido a la inseguridad generalizada que afecta a amplios sectores de la población.

Consecuencias económicas y sociales

La inseguridad también repercute en la economía. Sectores clave como el transporte de mercancías, la energía y la agroindustria enfrentan extorsiones y amenazas, afectando la inversión y el crecimiento económico. El Consejo Nacional Empresarial de Colombia advirtió que la violencia relacionada con el proceso electoral podría deteriorar aún más el ambiente de negocios y elevar los costos operativos durante 2026.

La inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha caído a niveles no vistos desde la década de 1970, evidenciando la magnitud del impacto que la inseguridad tiene sobre la economía nacional.

Polarización política y estrategias frente a la violencia

Las encuestas electorales reflejan una marcada polarización en materia de seguridad. Dos aspirantes presidenciales destacan por sus enfoques radicalmente opuestos: Iván Cepeda, impulsor del plan Paz Total del actual presidente Gustavo Petro, que busca negociar con grupos armados; y Abelardo de la Espriella, un político de línea dura que propone suspender las conversaciones y neutralizar a quienes no se rindan.

El presidente Petro, tras una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump, anunció una postura más agresiva contra las bandas criminales, comprometiéndose a perseguir a los líderes de milicias buscados por Estados Unidos por tráfico de drogas. Esto ha generado la ruptura de algunos grupos con el gobierno, como el Clan del Golfo, el mayor cartel de cocaína en Colombia, que acusó al Ejecutivo de mala fe.

Riesgo de nuevas crisis y control territorial

Expertos advierten que los grupos armados como el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) podrían responder con represalias violentas, imponiendo toques de queda y restricciones en sus territorios para impedir la realización de campañas políticas. Esta situación ha contribuido a que el número de municipios en riesgo extremo de violencia casi se haya duplicado desde las elecciones anteriores.

La defensora del Pueblo para los Derechos Humanos ha señalado que estos grupos no priorizan ideologías políticas, sino la protección de sus negocios ilegales y el control territorial. Ejercen veto sobre candidatos, regulan la mención de temas en campañas y presionan a la población para votar o abstenerse, limitando gravemente la libertad electoral.

Contexto histórico y desafíos actuales

El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe el año pasado, a manos de un sicario adolescente, representa un retroceso a una época donde el Estado colombiano era incapaz de contrarrestar las amenazas de los carteles. Esta violencia recuerda la época de los años 80 y 90, cuando figuras políticas y sociales eran blanco de grupos armados y narcotraficantes, como el Cartel de Medellín.

Hoy, según analistas y candidatos, los grupos armados son aún más poderosos y agresivos. La persistencia de la violencia, sumada a la falta de desmovilización significativa en los procesos de paz, ha permitido que estas organizaciones se enriquezcan con actividades ilícitas como la cocaína, la extorsión y la minería ilegal de oro.

Limitaciones para la campaña electoral y seguridad

La protección de candidatos en regiones dominadas por estas milicias resulta prácticamente imposible. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre las "fronteras invisibles" que impiden a los aspirantes cruzar ciertas zonas sin poner en riesgo su integridad.

Casos recientes, como el ataque con más de 400 impactos de bala contra vehículos del senador Jairo Castellanos en Arauca, una provincia fronteriza con Venezuela controlada por el ELN, evidencian la peligrosidad del contexto. El ELN justificó el ataque alegando que se desobedecieron sus controles territoriales.

Conclusión

Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 transcurren en un escenario marcado por la violencia, el control territorial de grupos armados ilegales y profundas divisiones políticas. La amenaza de ataques, secuestros y limitaciones para el desarrollo de campañas electorales pone en jaque la democracia y la gobernabilidad, requiriendo esfuerzos coordinados tanto nacionales como internacionales para garantizar la seguridad y la legitimidad del proceso electoral.

La situación en Colombia resuena en la región, recordando la importancia de fortalecer las instituciones y promover la paz para asegurar procesos electorales libres, seguros y transparentes, elementos fundamentales para la estabilidad democrática en América Latina.