Walter Mazariegos en la Usac: las maniobras cuestionadas que lo llevaron a la rectoría y afianzaron su control
La captura de espacios y otras maniobras cuestionadas se suman a resoluciones judiciales que han favorecido la permanencia de Walter Mazariegos en la rectoría de la Usac.
El recuento de las maniobras revestidas de legalidad y ampliamente cuestionadas que utilizaron Walter Mazariegos y sus allegados para ocupar y conservar el control de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) incluye a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), los asesores jurídicos de esa casa de estudios y las altas cortes de justicia.
Al CSU le corresponde tomar las principales decisiones sobre el funcionamiento de la universidad. Está formado por 41 representantes, entre docentes, estudiantes, profesionales egresados y los decanos de las facultades establecidas en la única universidad pública de Guatemala. El rector también forma parte de ese órgano, que lleva años sin renovarse conforme a los plazos establecidos.
En el CSU, 26 de los 41 escaños tienen anomalías como cargos vencidos o vacantes. Aunque el período de cada consejero es de dos años, uno de ellos, Urías Guzmán, acumula 22 años en el puesto por una disputa legal inconclusa. En otro de los casos conocidos, el consejo se niega a dar posesión al catedrático de Veterinaria Marco De La Rosa, a quien le restan meses para finalizar el período para el que fue electo. Es decir, es probable que transcurran los dos años sin que se le haya permitido acceder al cargo.
Mazariegos mantiene el control del CSU tras esquivar fallos de salas de Apelaciones y de la Corte de Constitucionalidad (CC) que obligan a concretar los relevos. De esa forma, mantiene a actores afines o allegados en puestos clave para refrendar decisiones que le favorezcan.
Redes de poder
Los decanos, docentes y estudiantes que participan en el CSU son electos por cada unidad académica.
Las elecciones de decanos se desarrollan entre fuertes campañas y disputas. El actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Henry Arriaga, afín a Mazariegos, fue reelecto tras presentarse como candidato único en un proceso cuya convocatoria se lanzó seis meses antes de que venciera su período.
Ese llamado a elección acordado por el CSU fue excepcional, pues para entonces, en diciembre del 2024, 36 de sus 41 integrantes ya habían excedido su período de funciones. Aunque ya había amparos que procuraban la convocatoria para la renovación de esos puestos, no se efectuaron con la agilidad con que se propició la reelección de Arriaga.
Los representantes de los egresados son elegidos por la asamblea de sus colegios profesionales. Cada gremio libra sus propias batallas por ganar espacios de representación dentro y fuera de la Usac. Y algunos de esos espacios tienen peso político nacional. Los colegios de abogados y economistas, por ejemplo, participan en las comisiones de postulación que nominan candidatos a magistrados de las cortes de justicia, fiscal general y contralor general de Cuentas, cargos clave en el entramado institucional del país.
El CSU ha sido el principal espacio de toma de decisiones que revisten de legalidad la anulación de electores de oposición y que han avalado la continuidad de Mazariegos en la rectoría de la Usac, pero no el único.
Por disposiciones del Consejo Superior, desde el 2022, se han dejado fuera de las contiendas por la Rectoría a electores contrarios a Mazariegos y acreditado a todos sus afines. La mayoría tampoco autoriza que tomen posesión, en el CSU, seis personas no afines al rector. También se han autorizado expulsiones y sanciones contra opositores, y persiste la resistencia a convocar elecciones para renovar el propio Consejo, juntas directivas y representaciones estudiantiles.
Auspicio judicial
En salas de Apelaciones y la Corte de Constitucionalidad (CC) aún están sin ser resueltos decenas de amparos que buscan derribar la continuidad de Mazariegos. Pero hasta la fecha, estas instancias han resuelto a favor del rector y sus colaboradores, contrario a los fallos de los juzgados civiles Decimoquinto y Sexto que anularon momentáneamente la reelección.
La CC tampoco ha hecho cumplir sus resoluciones que obligan a completar la renovación del CSU con la determinación o bajo advertencias como lo ha hecho en otros de sus fallos.
En una de sus decisiones recientes, por ejemplo, la CC dio un plazo de seis horas al Ministerio de Gobernación para despejar los bloqueos en varios puntos del país y advirtió de que, de lo contrario, el titular de esa cartera podría ser destituido.
La forma en que está constituida la CC le da cierta ventaja a Mazariegos. La Constitución concede al CSU la designación de uno de los cinco magistrados titular y su suplente para ese tribunal.
Este año, el CSU sin renovar y bajo la dirección de Mazariegos eligió titular a Julia Rivera y suplente a José Aguirre Pumay. Rivera ha votado en favor de dejar sin efecto acciones que señalan el fraude en la elección de rector en la Usac.
Un finiquito por orden judicial
La Contraloría General de Cuentas (CGC) también ha desempeñado un papel clave. Mazariegos no tenía finiquito porque la Contraloría presentó tres denuncias contra los integrantes del CSU por omitir convocatorias para elegir representantes de unidades académicas, aprobar contrataciones sin apegarse a la normativa interna de la universidad y tomar decisiones con integrantes cuyos períodos ya vencieron.
Sin embargo, el equipo jurídico de la Usac justificó la permanencia de Mazariegos en la Rectoría sin presentar el finiquito, con el argumento de que sus leyes internas no establecen la obligación de contar con ese documento, que acredita la ausencia de reclamaciones de cargos ante la Contraloría.
Esto contrasta con lo señalado por juristas, quienes sostienen que la Ley de Probidad, promulgada en el 2002, debe prevalecer sobre la Ley Orgánica de la Usac, vigente desde 1947.
Mazariegos asumió el segundo período de funciones el pasado 1 de julio. Pese al dictamen de sus abogados, buscó conseguir el finiquito por medio de un amparo. El reclamo llegó a la Sala Sexta Administrativa que, según el grupo Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-Dire), es allegada a Mazariegos.
A finales de julio, los magistrados de esa sala ordenaron la emisión del finiquito, en un plazo de cinco horas.
Meses antes, esa sala suspendió algunos de los amparos que estudiantes y docentes presentaron durante el proceso de elección de rector, según los grupos de oposición universitaria.
La resolución fue firmada, como publicó este medio, por Irma Yolanda Sosa Flores, Caren Orfilia Guzmán Sagastume y Víctor Manuel Castillo Mayén.
Así Mazariegos logró reelegirse y asumir un nuevo período al frente de la Usac, en medio de resoluciones judiciales que incidieron en el proceso. Varias denuncias permanecen en el Ministerio Público (MP), relacionadas con señalamientos de fraude formulados por grupos de oposición universitaria.
Uno de los señalamientos de la agrupación Usac-Dire arguye que Mazariegos no obtuvo los 50 votos que él y su cuerpo de abogados aseguran sobre la votación definitiva del 8 de abril en Antigua Guatemala; eso convertiría en ilegal su nuevo nombramiento como rector.
El MP activa investigación
El pasado 18 de septiembre, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), con la colaboración de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), allanó el campus central de la Usac. Tras la diligencia en el Departamento de Registro y Estadística, los investigadores inspeccionaron computadoras y secuestraron evidencias, informó la fiscalía.
Este caso se inició por las denuncias de estudiantes de la Usac, críticos a la gestión de Mazariegos, quienes señalan que sus expedientes académicos fueron eliminados del sitio electrónico de Registro y Estadística al inicio del segundo semestre del 2026.
La autorización del allanamiento la dio el Juzgado de Diligencias Urgentes. La orden permitía la extracción y análisis de registros informáticos del sistema electrónico de Registro y Estadística, entre el 1 y el 31 de julio de 2026, para realizar un peritaje.
La Usac cuestionó la legalidad de los allanamientos y señaló, sin aportar pruebas, que la Fiscalía suspendió las diligencias que se prolongaron hasta la madrugada del sábado 19 de septiembre.
En dos comunicados, las autoridades de la universidad señalaron que la orden de allanamiento no precisó qué registros buscaban sustraer los investigadores ni a qué periodo corresponden. La Usac, además, cuestionó el uso de armamento durante el cateo, el horario de las diligencias y subrayó una “afectación a la autonomía universitaria”.
El fiscal general del MP, Gabriel García Luna, indicó el pasado 25 de septiembre en conferencia de prensa que el secuestro de evidencias sí se realizó y que la investigación obedece a las denuncias de estudiantes que señalan que sus expedientes académicos fueron borrados del portal electrónico de Registro y Estadística.
Aunque el administrador general de la Usac, Luis Pedro Ortiz, negó que la casa de estudios haya borrado los registros académicos de al menos 50 estudiantes, el Departamento de Registro y Estadística envió correos electrónicos a los estudiantes, en los que admitieron que no fue posible localizar los expedientes físicos y que, de no trasladar nueva documentación, las matrículas corrían el riesgo de suspenderse.
Mazariegos sigue sin responder a los distintos cuestionamientos sobre las anomalías en su asunción al poder en la Usac. La única vía unidireccional de comunicación de la universidad son sus redes sociales donde publican comunicados.
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