WOLA y HRW condenan asesinatos en Huité, Zacapa

La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, en inglés), y Human Rights Watch han condenado el asesinato de ocho personas desarmadas en Huité, Zacapa, que un comando armado no identificado perpetró el 27 de septiembre pasado, así como la falta de información al respecto por parte de las autoridades guatemaltecas.

“Es muy alarmante el tipo de violencia que se registra en Guatemala”, dijo Ana María Méndez, directora de WOLA para Centroamérica. “Hay que distinguir entre la inseguridad por la violencia que generan maras o pandillas, por asaltos, y un nivel de violencia donde hay una mezcla entre crimen organizado, narcotráfico y, en el caso de Huité, el involucramiento de fuerzas armadas de Guatemala”.

Ninguna autoridad guatemalteca ha reconocido que los victimarios en los hechos de Huité eran militares, aunque un miembro del comando armado dijo a la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio que ejecutaban una “operación militar”. El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, concedió que los jeeps J8 captados por cámaras de seguridad ese día sí eran del Ministerio de la Defensa (Mindef), pero insistió en que el Ejército permaneció afuera del perímetro de Huité y llegó después de ocurridos los asesinatos.

El coronel retirado Mario Mérida, ex jefe de inteligencia militar (1993) y exviceministro de Gobernación (1994), considera que el Mindef “intenta negar” que “personal del Ejército acompañó o protegió al comando armado que interactuó con la población” o bien, los vehículos eran parte del operativo.

Sin embargo, las cámaras sí captaron los jeeps J8 en el casco urbano del municipio. Uno de los jeeps incluso se estacionó a la par del vehículo donde fueron acribilladas tres víctimas. Tratándose de vehículos militares, se presume que los conducía personal militar.

“Estamos ante un escenario en el que se puede hablar incluso de ejecuciones extrajudiciales, o violaciones graves a los derechos humanos, y preocupa porque vemos con mucha debilidad a la institucionalidad guatemalteca”, señaló Méndez.

Hasta el mes pasado el caso permanecía en la Fiscalía Distrital de Zacapa. El pasado 30 de octubre, Renata López, de la oficina de prensa del Ministerio Público (MP), informó que ya está en otra fiscalía, pero desconocía cuál. No ofreció más información porque el caso está bajo reserva.

Salvo porque el Mindef dijo que el caso se trató de un enfrentamiento entre grupos de crimen organizado, aunque hay cero indicios, ninguna autoridad se ha referido al tema. “Independientemente de si el caso está en reserva, el gobierno de Guatemala debe responder a la ciudadanía”, dijo la directora de WOLA para Centroamérica.

El subdirector de Human Rights Watch para las Américas, Juan Pappier, indicó que los reportes sobre ocho muertes en Huité, en el contexto de un operativo del Ejército, “son graves y exigen una respuesta clara y creíble del gobierno guatemalteco”. Añadió que el MP del fiscal general Gabriel García Luna debe investigar los hechos pronta, imparcial y exhaustivamente. “Sólo con justicia y transparencia se puede recuperar la credibilidad de las instituciones públicas en Guatemala”, agregó.

PNC y Ejército cuestionados

La PNC aún no explica por qué no intervino en los hechos violentos en Huité de septiembre pasado. Su exdirector David Custodio Boteo dijo que los dos agentes que se encontraron con el comando se retiraron a pedir refuerzos. Sin embargo, volvieron hasta tres horas después. Los mapas en Google muestran la Subestación 24-3-4 a dos cuadras del estadio, donde comenzaron los sucesos, pero en realidad está a 4 kilómetros, en el Barrio La Reforma, a no más de 15 minutos en vehículo.

El criminólogo Federico Reyes sostiene además que cualquier subestación superada en recursos, por un grupo criminal, puede pedir apoyo a la Comisaría de su jurisdicción departamental.

Méndez calificó la respuesta policial como inaceptable. “El caso de Juan Francisco Solórzano Foppa —asesinado el 17 de octubre— evidenció que las redes ilícitas criminales mantienen control de la Policía”, afirmó. Agregó que hay un lamentable desfase en las cadenas de mando en las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo al Ejército, una coyuntura actual que le recuerda a los capítulos oscuros de Guatemala, como el conflicto armado.

“El mismo presidente Bernardo Arévalo hizo estudios académicos acerca de la importancia de la desmilitarización de la seguridad, y estamos viendo completamente lo opuesto”, señaló.

En un análisis que Arévalo publicó en 2021, escribió que “La subordinación de las fuerzas armadas en Latinoamérica ha sido perjudicada más por la falta de control civil, que por cualquier resistencia militar activa”. Por el caso de Huité, el ministro Sáenz relevó de sus cargos al jefe del Estado Mayor de la Defensa José Martínez Milián y al jefe de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa, Edwin Constanza Hidalgo, pero él permanece en el cargo.