27 mujeres sobrevivieron a intentos de feminicidio en El Salvador durante 2025, revela informe

Un informe reciente elaborado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) documenta al menos 27 intentos de feminicidio ocurridos en El Salvador durante el año 2025. Estas agresiones extremas, en las que la vida de las mujeres fue gravemente puesta en riesgo, fueron perpetradas en su totalidad por parejas o exparejas de las sobrevivientes, evidenciando la persistencia de la violencia intrafamiliar como parte de un ciclo de violencia de género en el país.

Distribución geográfica de los intentos de feminicidio

El informe detalla que la mayor cantidad de intentos de feminicidio se registraron en el departamento de Santa Ana, con siete casos documentados. Le siguen San Salvador, con seis incidentes, y La Paz, con cinco. Los hechos también se presentaron en otros departamentos, reflejando un problema nacional que afecta a mujeres en diversas regiones del territorio salvadoreño.

Es importante destacar que estos datos se basan en información expuesta por medios de comunicación, denuncias públicas y reportes oficiales disponibles, por lo que la cifra real podría ser mayor debido a agresiones que permanecen en el anonimato o no han sido formalmente denunciadas.

Modalidades y contexto de los ataques

Según el análisis de Ormusa, en la mayoría de los casos, las víctimas fueron atacadas con armas blancas o armas de fuego, con la intención clara de causar la muerte. El informe señala que algunas sobrevivientes habían interpuesto denuncias previas contra sus agresores, mientras que otras tenían antecedentes de violencia doméstica o amenazas por parte de sus parejas o exparejas.

Este patrón refleja la continuidad de la violencia de género y la insuficiencia de las medidas de protección para prevenir que estas agresiones escalen a hechos fatales.

Casos emblemáticos de intentos de feminicidio en 2025

Entre los incidentes reportados, destaca un caso ocurrido en noviembre de 2025 en la comunidad 22 de abril, del municipio de Soyapango, San Salvador. Francisco José C.C. interceptó a su expareja, de 22 años, y la atacó tomándola por el cuello. El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango envió el caso a instrucción y lo remitió a un Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres en San Salvador. Pese a que el agresor había incumplido medidas de protección anteriores por amenazas y lesiones, el juzgado decretó medidas alternas a la detención.

Otro hecho ocurrió el 22 de abril de 2025 en San Miguel, cuando José Luis Bonilla Membreño agredió físicamente a su excompañera de vida, causándole heridas con un arma blanca en el abdomen, mientras ella se encontraba embarazada. La víctima logró escapar y fue auxiliada por familiares que retuvieron al agresor hasta la intervención policial. El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Miguel ordenó la apertura de juicio y ratificó la detención provisional por feminicidio agravado en grado de tentativa contra Bonilla Membreño.

Críticas a la falta de políticas de prevención

Expertas en seguridad y derechos de las mujeres han señalado que estos casos reflejan la ausencia de políticas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres. En numerosos casos, las denuncias previas no han sido atendidas adecuadamente, lo que limita la capacidad de las autoridades para proteger a las víctimas y evitar la escalada de la violencia.

Además, la carencia de datos oficiales transparentes dificulta la comprensión y el abordaje integral del fenómeno. Representantes de organizaciones feministas han insistido en la necesidad de investigar todos los tipos de violencia contra las mujeres para desarrollar políticas integrales, que incluyan prevención, protección, atención y seguimiento efectivo a las víctimas.

Una portavoz de una organización feminista expresó que existen políticas que niegan la realidad de la violencia que enfrentan las mujeres, y que la cifra de 27 intentos de feminicidio podría ser solo la punta del iceberg. Señaló que, aunque estas mujeres sobrevivieron, sufren secuelas y lesiones, mientras que otras no han tenido la misma suerte.

Por su parte, una vocera del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) calificó los datos como alarmantes y destacó que la violencia contra las mujeres en El Salvador es una problemática estructural. Señaló que los mecanismos estatales para proteger los derechos de las mujeres se han debilitado, evidenciado por la reducción de presupuestos, cierre de programas especializados y la falta de publicación de datos oficiales.

Otros hechos de violencia y respuesta judicial

Además de los intentos de feminicidio, Ormusa documentó 26 feminicidios en 2025, de los cuales la mitad ocurrieron en contextos de relación de confianza, como parejas o exparejas. La Asamblea Feminista también reportó 14 homicidios de mujeres y 26 suicidios femeninos, cifras que resaltan la gravedad y complejidad de la violencia que enfrentan las mujeres en el país.

La diferencia entre feminicidio y homicidio radica en que el primero se comete por razones de género y cumple con ciertas causales, como agresión sexual, antecedentes de violencia familiar o exposición pública del cuerpo, mientras que el homicidio puede tener otros móviles como robo o eliminación de testigos, según el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En cuanto a la respuesta judicial, el Juzgado de Paz de Santa Ana decretó instrucción con detención provisional contra José Enrique M.G., acusado de amenazas agravadas con un arma blanca contra una mujer. En el momento de la detención, se le incautaron un cuchillo tipo carnicero, una manopla metálica, un gorro pasamontañas y otros objetos.

En febrero de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un incidente en Sesori, San Miguel Norte, donde un padre atacó a sus hijos, resultando en la muerte del joven y el abatimiento del agresor por parte de los agentes policiales.

Petición de mayor transparencia y respuesta institucional

Organizaciones feministas y de derechos humanos han solicitado mayor transparencia y publicación de datos oficiales relacionados con la violencia contra las mujeres, feminicidios, homicidios y suicidios. La opacidad y la falta de información dificultan la implementación de políticas públicas efectivas y la garantía de justicia para las víctimas y sus familias.

Al cierre de esta nota, se gestionó una versión oficial de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República sobre el informe y las cifras relacionadas con los intentos de feminicidio y otros casos de violencia contra la mujer ocurridos en 2025, pero no se obtuvo respuesta.

Conclusión

La violencia contra las mujeres en El Salvador continúa siendo un problema grave y estructural que se manifiesta en múltiples formas, desde amenazas y agresiones hasta intentos de feminicidio y homicidios. La documentación de 27 sobrevivientes de ataques feminicidas durante 2025 evidencia la persistencia de este fenómeno en diferentes regiones del país, principalmente en Santa Ana, San Salvador y La Paz.

El análisis del Observatorio de Ormusa y las voces de expertas en seguridad y derechos humanos coinciden en la urgente necesidad de fortalecer las políticas de prevención, protección y atención integral para las mujeres víctimas de violencia, así como en la importancia de contar con datos oficiales claros y accesibles que permitan abordar la problemática con eficacia y responsabilidad estatal.