A días de que finalice el TPS para El Salvador, qué pasa si Estados Unidos no emite una decisión

A una semana de que la extensión vigente del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador llegue a su fecha límite, el próximo 9 de septiembre, hay una pregunta que cobra relevancia para sus beneficiario, ¿qué pasa si Estados Unidos llega a ese día sin emitir una decisión oficial?

Héctor Benítez, abogado especializado en inmigración radicado en el país norteamericano, explicó a elsalvador.com que la legislación contempla un escenario en caso de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no publique una determinación sobre el TPS.

Según Benítez, la ley exige que el DHS revise las condiciones de El Salvador y publique su determinación al menos 60 días antes del vencimiento de la protección.

“Si el Secretario no determina que el país dejó de cumplir con las condiciones, el estatuto contempla una extensión automática de seis meses, aunque el Secretario puede extenderla por 12 o 18 meses”, explicó el especialista.

El abogado sostuvo que, hasta 2 de septiembre, el DHS no ha publicado esa determinación para El Salvador y que el plazo de 60 días venció en julio. Por ello, considera que existe “un argumento estatutario directo a favor de una extensión automática”, mecanismo que, según Benítez, el DHS aplicó al TPS de Líbano en mayo de 2026.

Sin embargo, el abogado advierte que los salvadoreños no deben asumir que esa extensión de seis meses necesariamente ocurrirá.

¿Por qué el 9 de septiembre sigue siendo clave?

USCIS publicó el 12 de agosto una actualización en la que indicó que la designación del TPS para El Salvador y los beneficios relacionados están previstos para terminar el 9 de septiembre de 2026.

En esa misma comunicación, según explicó Benítez, USCIS confirmó que ciertos permisos de trabajo vencidos de beneficiarios con renovaciones pendientes permanecerán válidos hasta esa fecha.

Pero el abogado hace una precisión importante y es que el anuncio de USCIS no equivale por sí solo a una terminación formal del TPS.

“Ese anuncio, por sí solo, no constituye la terminación formal del TPS toda vez que para ello el DHS debe emitir la determinación correspondiente y publicarla en el Registro Federal”, afirmó.

Benítez explica que una terminación formal requiere una determinación publicada en el Federal Register y que no puede hacerse efectiva antes de 60 días desde esa publicación. Además, la designación permanece vigente hasta la fecha efectiva de terminación.

El lenguaje utilizado por USCIS, no obstante, es una señal que los beneficiarios deberían considerar. La agencia no se limitó a indicar que la extensión vigente “vence” el 9 de septiembre, sino que señaló que la designación está prevista para terminar.

“Aunque jurídicamente todavía falta una determinación formal, esa redacción sugiere que USCIS no está anticipando una nueva extensión más allá del 9 de septiembre”, explicó Benítez.

¿Habrá entonces seis meses más de TPS?

Benítez sostiene que existe un argumento legal para una extensión automática de seis meses si el DHS no emite la determinación, pero insiste en que los beneficiarios no deberían organizar su futuro dando por hecho que ocurrirá.

El abogado también señaló que, después de “Mullin v. Doe”, las posibilidades de revisión judicial son mucho más limitadas.

“Por eso, nadie debería planificar asumiendo que la extensión automática necesariamente operará”, advirtió.

Mientras el DHS no publique una determinación o nuevas instrucciones, su recomendación es tratar el 9 de septiembre como una fecha crítica.

En este sentido, si la terminación se hace efectiva el 9 de septiembre, el escenario cambiaría desde el día siguiente para quienes dependen de esta protección.

Benítez explica que una persona dejaría de contar con la protección que le proporciona el TPS. Si no posee otro estatus o período de estadía autorizada, podría quedar expuesta a que el DHS inicie un proceso de remoción.

Para quienes ya tienen una orden final de deportación o remoción, esa orden podría ser ejecutada si no existe otra base que lo impida. El impacto también alcanzaría el empleo.

“También termina la autorización de empleo basada en TPS, salvo que la persona tenga otra autorización independiente para trabajar”, señaló.

Otro aspecto que Benítez pide considerar es la presencia ilegal. El tiempo que una persona permanece bajo TPS no cuenta como presencia ilegal, pero, una vez terminada la protección, quien no tenga otra base de estadía autorizada puede comenzar o volver a acumularla. Esto puede tener consecuencias para futuras opciones migratorias.

Por esa razón, el especialista considera que el 10 de septiembre no debe verse únicamente como el día posterior al vencimiento de un permiso de trabajo. “Para muchas personas puede significar un cambio completo en su situación migratoria, y conviene saber antes de esa fecha si existe otra protección o alternativa disponible”, apuntó.

¿Qué deberían hacer los salvadoreños mientras esperan?

Benítez recomienda que los beneficiarios revisen desde ahora si tienen otras opciones migratorias y no esperen a una eventual emergencia.

Después de más de dos décadas de TPS para El Salvador, señala, algunas personas pueden tener alternativas que no existían cuando recibieron inicialmente la protección, entre ellas determinadas vías familiares.

También aconseja evitar acudir a notarios o preparadores que no están autorizados para ejercer derecho migratorio, así como presentar solicitudes sin una base legal únicamente para intentar “ganar tiempo”.

“La recomendación es sencilla, consulte con un abogado de inmigración licenciado y, si tiene dudas, busque una segunda opinión”, concluyó.