Abogados alertan sobre posibles delitos por incumplimiento de órdenes de libertad en régimen de excepción

En el marco del régimen de excepción vigente en El Salvador, familiares de detenidos han denunciado que personas con órdenes judiciales de libertad emitidas por tribunales permanecen retenidas en los centros penales, situación que ha generado alarma entre abogados penalistas debido a las posibles consecuencias legales para las autoridades responsables.

El régimen de excepción, que fue implementado inicialmente en marzo de 2022 tras un aumento significativo de la violencia que incluyó 86 asesinatos en un solo fin de semana, ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, acumulando casi 48 meses de vigencia. Sin embargo, esta extensión ha suscitado críticas por parte de sectores jurídicos nacionales e internacionales, así como de familiares de detenidos, quienes consideran que la prolongación excede los límites constitucionales establecidos para este tipo de medidas.

Incumplimiento de órdenes judiciales y posibles delitos

El abogado penalista Alexander Escolán señaló en entrevista con Radio YSUCA que las órdenes judiciales de libertad son mandatos obligatorios y de cumplimiento inmediato. En este sentido, advirtió que la negativa de funcionarios públicos a acatar dichas órdenes puede constituir delitos graves, específicamente desobediencia y privación ilegal de libertad.

De acuerdo con el análisis legal, el delito de desobediencia puede conllevar penas de tres a seis años de prisión, mientras que la privación ilegal de libertad está sancionada con penas que oscilan entre tres y ocho años. Escolán explicó que estas órdenes son emitidas por jueces luego de un proceso de evaluación de los elementos probatorios, por lo que el incumplimiento implica una afectación directa a los derechos de las personas que han recuperado su libertad.

“Es una orden que se emite por parte de un juez, quien decide que una persona va a salir libre, para ello antes ha habido o tiene que haber un proceso intelectivo de análisis de los elementos probatorios. La negativa al cumplimiento genera un delito. Se está afectando a la persona que ha recuperado su libertad al ya no tener el funcionario o empleado público la legitimidad para poder retenerla en detención”, declaró Escolán.

Contexto del régimen de excepción y sus implicaciones

El régimen de excepción fue inicialmente convocado como una respuesta extraordinaria a la escalada de violencia en el país. No obstante, las continuas prórrogas han generado cuestionamientos legales, ya que la Constitución de El Salvador establece que estas medidas deben tener una duración máxima de 30 a 60 días. La extensión más allá de estos plazos ha sido calificada por abogados y organismos nacionales e internacionales como una vulneración a los derechos constitucionales y garantías procesales.

Además, familiares de detenidos han denunciado de forma reiterada capturas arbitrarias y la retención prolongada de personas, incluso cuando existen órdenes judiciales que ordenan su liberación. Estas denuncias apuntan a una práctica sistemática que contraviene los principios del Estado de Derecho.

Reacciones de expertos legales

Otra voz experta en derecho penal, la abogada Roxana Cardona, enfatizó que la desobediencia al mandato judicial es un delito grave, conforme lo establece el legislador, al igual que la privación ilegal de la libertad. Esto confirma la dimensión jurídica que tiene el incumplimiento de las órdenes emitidas por los tribunales.

Por su parte, Escolán concluyó que estas prácticas reflejan un debilitamiento del Estado de Derecho en El Salvador, dado que las autoridades de los centros penales, en reiteradas ocasiones, ignoran las órdenes judiciales de libertad. Esta situación no solo afecta los derechos de las personas detenidas, sino que también compromete la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar justicia y debido proceso.

Recomendaciones para familiares de detenidos

Ante este escenario, los expertos legales recomiendan a las familias de los detenidos agotar los recursos legales internos para proteger los derechos de sus parientes. En particular, sugieren interponer recursos como el habeas corpus, que es un mecanismo constitucional para proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias o ilegales.

Si estos recursos no resultan efectivos, las familias podrían considerar acudir a instancias internacionales de justicia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para buscar la protección y el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas.

Conclusión

La permanencia de personas detenidas en centros penitenciarios, a pesar de contar con órdenes judiciales de libertad, genera un serio cuestionamiento sobre el respeto a las garantías procesales y los derechos humanos en El Salvador. El incumplimiento de estas órdenes no solo representa una violación directa a la Constitución, sino que también puede acarrear consecuencias penales para los funcionarios responsables.

El análisis jurídico de esta problemática pone en evidencia la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que las medidas excepcionales, como el régimen de excepción, se apliquen dentro de los límites legales y constitucionales. De esta forma, se protege tanto la seguridad ciudadana como los derechos fundamentales de todos los salvadoreños.