Abogados exigen a Penales cumplir orden de liberar al sindicalista Sabino Ramos tras vencimiento de apelación

Abogados defensores del sindicalista y gestor cultural Sabino Antonio Ramos Cruz han solicitado formalmente a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) que se proceda a la liberación inmediata del procesado, luego de que el plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una apelación contra las medidas sustitutivas a la detención venciera el pasado 8 de abril de 2026.

El abogado Guillermo García, representante legal de Ramos, informó que el Tribunal Quinto de Sentencia contra el Crimen Organizado, Juez 3, confirmó la validez de dichas medidas cautelares, y que se emitieron los oficios correspondientes para que el Centro Penal de Usulután permita la salida del sindicalista, quien permanece detenido desde abril de 2022 bajo acusaciones relacionadas con agrupaciones ilícitas.

"Esta resolución emitida por el juez está firme y no puede ser modificada. Estamos solicitando que se ejecuten los oficios y se proceda a la liberación inmediata de Sabino Ramos. Mantenemos coordinación con la familia y con el centro penal para concretar su salida", expresó García.

Contexto y seguimiento del caso

Sabino Ramos recibió las medidas sustitutivas el 24 de marzo de 2026, después de cuatro años de detención. Organizaciones civiles y de derechos humanos han manifestado preocupación por la situación de Ramos y otros sindicalistas que permanecen en prisión bajo cargos similares desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador.

Actualmente, se reporta que al menos cuatro sindicalistas, incluyendo a Ramos, Giovanni Aguirre López, Misael Itamir Gómez y César Edgardo Hernández, continúan privados de libertad. Hernández, además, cumple una condena de 30 años.

De acuerdo con las organizaciones, en total 19 sindicalistas han sido procesados en el contexto del régimen de excepción, de los cuales dos han fallecido en detención. Los defensores denuncian que las imputaciones se basan en criterios geográficos y no en evidencias concretas, lo que consideran una forma de criminalización de la pobreza y estigmatización de las zonas donde residen los acusados.

Criminalización por lugar de residencia

El abogado Guillermo García explicó que la Fiscalía ha agrupado a los sindicalistas según su ubicación geográfica para las audiencias únicas programadas en los próximos meses, sin que se consideren adecuadamente los elementos probatorios. "Si una persona reside en una zona como La Campanera o Soyapango, se le vincula automáticamente a una clica o grupo delictivo, sin base en pruebas. Esto representa una criminalización y estigmatización del lugar donde vive", señaló.

Situación de otros sindicalistas presos

Sandra Ramos, hija de Sabino, hizo un llamado para que se agilicen los trámites que permitan la liberación de su padre. Destacó la importancia de conocer su estado de salud y darle seguimiento a su condición física tras años de encarcelamiento.

"Sabemos que mi papá tiene carta de libertad, pero estamos a la espera de que nos indiquen cuándo podemos ir por él. No lo hemos visto en mucho tiempo y exigimos que le otorguen la libertad. Ha perdido su trabajo y ya es demasiado tiempo encerrado. Lo que sucede con él y sus compañeros es injusto", manifestó.

Por otra parte, Sara Alfaro, representante del Socorro Jurídico Humanitario (SJH),informó que Giovanni Aguirre López cuenta con dos órdenes de libertad emitidas por diferentes tribunales, pero aún no ha sido liberado. Además, reveló que Aguirre se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) y presenta problemas de salud, situación que preocupa a sus defensores.

"No tiene ningún vínculo delincuencial y es víctima por residir en un área de alto riesgo. Estamos gestionando para que los habeas corpus y las órdenes de libertad sean ejecutados", afirmó Alfaro.

En cuanto a César Edgardo Hernández, condenado a 30 años, Alfaro indicó que ha sido procesado en juicios masivos y se ha basado la condena en declaraciones de un testigo criteriado. Se espera presentar apelación tras la recepción oficial de la resolución escrita. Además, destacó que la hermana de Hernández también fue capturada y se encuentra a la espera de juicio.

Implicaciones y perspectivas

El caso de Sabino Ramos y otros sindicalistas pone en evidencia las tensiones existentes en torno a la aplicación del régimen de excepción en El Salvador y la justicia penal en casos vinculados a agrupaciones ilícitas. La petición de los abogados defensores busca garantizar el respeto a las garantías procesales y el debido proceso, al tiempo que cuestiona el uso de criterios territoriales para la imputación de delitos.

Organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando estas situaciones y demandan la revisión urgente de las condiciones de detención, así como la liberación de las personas que cuentan con medidas sustitutivas o sentencias que no justifican su permanencia en prisión.

La Dirección General de Centros Penales aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la solicitud de liberación del sindicalista Sabino Ramos, mientras que la sociedad civil y la familia esperan que se agilicen las diligencias para cumplir con la resolución judicial vigente.