Abuelas de 103 años despojada de inmueble en Coatepeque: juez ordena instrucción formal contra dos nietas y un notario

El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ha emitido una resolución judicial mediante la cual decretó la instrucción formal contra dos mujeres y un notario, quienes están acusados de participar en un presunto delito de despojo fraudulento de un inmueble perteneciente a una mujer de 103 años, residente en Coatepeque, departamento de Santa Ana.

Las acusadas son Victoria Isabel R. C., de 36 años, y Ana Silvia R. de L., de 44 años, quienes enfrentan cargos por el delito de falsedad material bajo la figura de coautoría. Asimismo, el abogado y notario Hugo Ernesto G. L., de 43 años, fue ligado a proceso con detención provisional por el presunto delito de falsedad documental agravada en modalidad de falsedad material.

Detalles del caso y antecedentes

El caso surgió a partir de una denuncia presentada el 31 de enero de 2025 por Víctor C., bisnieto de la adulta mayor, quien manifestó que su bisabuela tenía la intención legítima de donar un inmueble ubicado en Coatepeque tanto a él como a otra hija. No obstante, mediante una consulta realizada en el Centro Nacional de Registros (CNR),se descubrió que la propiedad había sido transferida sin el consentimiento ni conocimiento de la mujer.

Según la investigación judicial, el 2 de abril de 2022 se elaboró una escritura pública de compraventa en la cual la víctima supuestamente vendió la propiedad a su nieta Victoria Isabel R. C., documento que fue protocolizado ante el notario Hugo Ernesto G. L.

En el instrumento público se consignó que la mujer estampó la huella dactilar de su pulgar derecho como medio de firma, debido a que no sabía firmar, y que su otra nieta, Ana Silvia R. de L., firmó a ruego de la presunta otorgante. Posteriormente, el notario presentó la escritura ante el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección de Occidente, en Santa Ana, el 13 de julio de 2022.

Peritajes técnicos y evaluaciones médicas

Durante las diligencias de investigación, se realizaron peritajes técnicos sobre la autenticidad de la escritura. Los resultados indicaron que la huella dactilar atribuida a la adulta mayor no le corresponde, evidenciando una falsificación. Además, las firmas que aparecen en el documento habrían sido realizadas por los imputados, simulando la venta del inmueble.

De igual forma, se practicaron evaluaciones médicas a la mujer de 103 años, las cuales concluyeron que no presenta enfermedades psíquicas ni mentales y mantiene un estado cognitivo adecuado para expresar su voluntad. La víctima manifestó de manera clara y contundente que no vendió ni entregó la propiedad a su nieta.

Contexto legal y social

Este caso resalta la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestas las personas adultas mayores en El Salvador, especialmente en situaciones donde existe un aparente aprovechamiento de la confianza familiar y la manipulación de documentos legales. La legislación salvadoreña contempla penas severas para quienes incurran en delitos de falsedad documental y despojo, buscando proteger los derechos de los propietarios y evitar fraudes.

La instrucción formal decretada por el Juzgado Primero de Paz de Santa Ana permitirá continuar con la investigación y definir responsabilidades penales conforme al debido proceso. Mientras tanto, las autoridades judiciales han asegurado que se aplicarán todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de la víctima y garantizar la justicia en este caso.

Implicaciones y seguimiento del proceso judicial

La acusación formal contra las dos nietas y el notario representa un paso importante para combatir prácticas fraudulentas en el ámbito notarial y registral en El Salvador. La intervención del notario es especialmente relevante, dado que su función pública exige actuar con estricto apego a la verdad y la legalidad.

Este caso también ha motivado a diversas instituciones y organizaciones civiles a reforzar campañas de prevención y asesoría a las personas adultas mayores para evitar que sean víctimas de despojo o fraudes patrimoniales.

El proceso judicial continuará con las fases de instrucción y posterior juicio, en donde se presentarán pruebas y testimonios que determinarán la culpabilidad o inocencia de los imputados. Mientras tanto, la propiedad objeto de la disputa permanece bajo resguardo judicial para evitar que se realicen actos que puedan afectar su status legal.

Conclusión

La denuncia oportuna y la labor de investigación del sistema judicial han permitido identificar y procesar a quienes presuntamente participaron en un delito contra una persona adulta mayor, reafirmando el compromiso de las autoridades salvadoreñas con la protección de los derechos patrimoniales y la dignidad de sus ciudadanos. Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener un control riguroso en los actos notariales y registrales, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los grupos vulnerables en El Salvador.