Acceso al agua potable en El Salvador muestra estancamiento y leve retroceso, revela encuesta oficial

El acceso al agua potable en El Salvador enfrenta un estancamiento con tendencia a un leve retroceso, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2025, elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC),dependencia del Banco Central de Reserva (BCR). El informe revela que el 19.2 % de los hogares salvadoreños no tiene acceso a agua potable, cifra que representa un aumento de 0.3 puntos porcentuales respecto al 18.9 % registrado en 2024.

Este comportamiento refleja la persistencia de un problema estructural en la provisión y gestión del recurso hídrico en el país. Los análisis de las EHPM realizados por LPG Datos evidencian que desde al menos 2014, el acceso al agua potable ha tenido escasos avances significativos. En el transcurso de los últimos cinco años, el porcentaje de hogares sin acceso a agua potable ha fluctuado entre el 19.6 % en 2020, un alza al 21 % en 2021, y un leve descenso al 18.9 % en 2023. Sin embargo, el informe indica que esta mejora se revierte en 2025, cuando la cifra vuelve a incrementarse a 19.2 %.

Estancamiento en el acceso a saneamiento básico

En cuanto al acceso a servicios de saneamiento, la EHPM 2025 indica que el porcentaje de hogares sin acceso adecuado se mantuvo prácticamente sin cambios entre 2024 y 2025, afectando al 34.5 % y 34.6 % respectivamente. Este estancamiento sugiere que las brechas en infraestructura y gestión sanitaria continúan sin una respuesta efectiva que permita cerrar las desigualdades en este ámbito.

El saneamiento, en el contexto de la encuesta, se refiere a la gestión integral de aguas residuales y pluviales, que incluye la recolección, transporte, tratamiento y depuración para devolverlas al medio ambiente de forma segura y reutilizable. Se considera que un hogar carece de acceso a saneamiento cuando no dispone de un servicio sanitario conectado a alcantarillado o fosa séptica, o cuando el servicio sanitario es compartido y pertenece a otro hogar.

El acceso al agua y saneamiento como derechos humanos

El acceso al agua potable y al saneamiento son reconocidos como derechos humanos por las Naciones Unidas, que instan a los Estados a garantizar el acceso universal sin discriminación, priorizando a las poblaciones más vulnerables. No obstante, para muchas familias salvadoreñas, esta garantía permanece incumplida.

Un residente de Soyapango, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató la dificultad cotidiana que representa esta carencia: "Toda la vida, desde pequeño, nos ha tocado bañarnos a huacalazo, con agua del barril, porque el servicio no es bueno. Días cae agua, días no y así uno se va acostumbrando a eso".

Desafíos ambientales y gestión de cuencas

Expertos en temas ambientales señalan que uno de los principales obstáculos para mejorar el acceso al agua potable radica en la falta de políticas efectivas para la protección de las cuencas hidrográficas y la conservación del recurso hídrico. La deforestación y la contaminación han impactado negativamente la disponibilidad y calidad del agua.

Un ambientalista asociado al Movimiento Azúcar Amarga explicó que la demanda de agua potable crece con el tiempo, mientras que la oferta disminuye debido a la degradación ambiental. Indicó que la deforestación acelera la escorrentía superficial y reduce la infiltración, lo que afecta la recarga de acuíferos y la producción de agua limpia.

Además, destacó que la contaminación de las fuentes superficiales es un problema grave en el país. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, El Salvador cuenta con aproximadamente 360 ríos, pero se estima que el 90 % de ellos están contaminados, lo que limita severamente las posibilidades de aprovecharlos para consumo humano.

Impacto del estrés hídrico en la población

Representantes de organizaciones indígenas han alertado que más del 90 % de la población salvadoreña vive bajo condiciones de estrés hídrico. Aunque exista infraestructura de tuberías y acueductos, la cantidad de agua disponible para las familias se ha reducido considerablemente.

Este fenómeno se agrava por la reasignación del uso del agua a sectores productivos como la agroindustria cañera, que consume grandes volúmenes para sistemas de riego. Esta situación genera competencia por el recurso y limita aún más el acceso de las comunidades.

Un informe de 2024 de Fundazúcar, organización que agrupa a los seis ingenios azucareros del país, señala que la gestión del recurso hídrico es una prioridad alta dentro de sus planes de sostenibilidad. Durante la zafra 2021-2022, utilizaron en promedio 117.77 metros cúbicos de agua por tonelada de caña, de los cuales el 89 % provino de agua lluvia y solo el 8 % de sistemas de riego.

Infraestructura y saneamiento: retos pendientes

Por otro lado, la falta de inversión estatal en infraestructura adecuada para el saneamiento básico se refleja en los problemas de salud pública relacionados con el agua. La ausencia de servicios sanitarios conectados a sistemas seguros aumenta el riesgo de enfermedades y afecta la calidad de vida de amplios sectores de la población.

En este contexto, el avance en la construcción y puesta en marcha de nuevas plantas potabilizadoras representa una iniciativa importante para mejorar la cobertura. Por ejemplo, la planta potabilizadora en Ilopango, cuyo inicio de operaciones está previsto para agosto de 2026, es un proyecto que busca ampliar el acceso y garantizar un suministro más confiable.

Sin embargo, la magnitud del desafío requiere un abordaje integral que combine inversión en infraestructura, protección ambiental, gestión sostenible de cuencas y políticas públicas orientadas a garantizar el derecho al agua y al saneamiento para toda la población.

Conclusión

La situación del acceso al agua potable y saneamiento en El Salvador continúa siendo un reto significativo para el desarrollo social y ambiental del país. Los datos oficiales muestran que la cobertura no sólo está estancada sino que presenta leves retrocesos, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer las acciones gubernamentales y de la sociedad civil para revertir esta tendencia y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.