Acción Ciudadana alerta falta de transparencia en TSE y riesgo para elecciones 2027

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador enfrenta serias críticas por parte de la organización civil Acción Ciudadana debido a su deficiente cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Un reciente tercer monitoreo realizado por esta entidad evidenció un panorama crítico en materia de transparencia, que limita la vigilancia ciudadana y pone en riesgo la rendición de cuentas para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales previstas para 2027.

Según el análisis de Acción Ciudadana, el TSE está obligado por ley a publicar 33 ítems de información, pero solo siete de estos se encuentran completos y actualizados. Esto implica que más de dos tercios de la información requerida por la normativa presenta deficiencias o directamente no está disponible. Esta evaluación se llevó a cabo entre octubre y diciembre de 2025, periodo en el cual la organización constató que la mayoría de los datos son antiguos o inexistentes.

Transparencia activa y proceso electoral en riesgo

La organización ha señalado que esta situación no solo contraviene la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que representa un riesgo significativo para el proceso electoral del próximo año. La transparencia activa es fundamental para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer una vigilancia efectiva sobre las decisiones administrativas, financieras y operativas del TSE, las cuales tienen un impacto directo en la calidad e integridad de los comicios.

Un aspecto especialmente crítico es la falta de publicación del Plan General de Elecciones (PLAGEL) y del presupuesto especial, documentos vitales para la planificación electoral. Aunque ambos fueron anunciados públicamente, no se han puesto a disposición en el portal oficial del tribunal, lo que dificulta un conocimiento riguroso sobre el alcance y la programación detallada del proceso electoral.

Deficiencias en actualización y acceso a la información

Acción Ciudadana también destaca que, a pesar de que en monitoreos anteriores se corrigieron problemas técnicos como enlaces rotos, el tercer monitoreo revela que estas mejoras no se tradujeron en una actualización real del contenido. La mayoría de los ítems continúan con información obsoleta, lo que indica un estancamiento en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Además, la entidad señala que las autoridades han optado por difundir información principalmente a través de redes sociales en lugar de utilizar los canales oficiales y formales que garantizan accesibilidad y permanencia, como el portal de transparencia. Este método informal limita la posibilidad de consulta y seguimiento por parte de la ciudadanía y otras entidades interesadas.

Estancamiento en la información financiera y operativa

En el ámbito financiero, el tribunal presenta un estancamiento alarmante. La información relacionada con presupuesto, remuneraciones, contrataciones e inventario de bienes no ha sido actualizada desde septiembre de 2024. Esta falta de renovación impide un control adecuado y una supervisión efectiva de los recursos públicos asignados para la organización electoral.

Por otro lado, en la gestión operativa se detectó la desaparición inexplicable de ítems importantes, como el listado de asesores y el directorio de funcionarios. Estas ausencias dificultan la identificación clara de las responsabilidades y funciones dentro del TSE, afectando la rendición de cuentas.

Las deficiencias también alcanzan las obligaciones especiales del tribunal, donde permanecen problemas como enlaces rotos para consultar resultados de escrutinios y agendas del pleno desactualizadas. Estas inconsistencias reflejan una gestión ineficiente en la publicación de información clave para el seguimiento del proceso electoral.

Contexto y antecedentes

Esta situación se produce en el marco de una administración del Tribunal Supremo Electoral que fue nombrada en septiembre de 2024, tras la conclusión del periodo del tribunal anterior y las elecciones generales desarrolladas ese mismo año. La falta de avances en transparencia coincide con observaciones internacionales que han señalado retrocesos en la integridad electoral en El Salvador.

En julio de 2025, el país fue incluido en un listado de naciones con mayor retroceso democrático en materia electoral, según el informe del Electoral Integrity Project (EIP),que evaluó las elecciones celebradas en febrero de 2024. Aunque el TSE declaró esos comicios como justos, tanto observadores nacionales como internacionales documentaron en sus informes finales hechos preocupantes, como intimidación a votantes, retrasos significativos en la divulgación de resultados, problemas con documentos de identidad y limitaciones en el acceso a la fiscalización ciudadana.

Implicaciones para las elecciones de 2027

La falta de transparencia y la persistencia de deficiencias en la gestión informativa del Tribunal Supremo Electoral generan incertidumbre sobre la capacidad de la institución para garantizar procesos electorales limpios, confiables y con una rendición de cuentas adecuada. La ausencia de documentos clave y la información desactualizada obstaculizan una supervisión efectiva por parte de la ciudadanía y organismos de observación.

Acción Ciudadana hace un llamado a las autoridades del TSE para que adopten medidas urgentes que permitan superar este estancamiento y asegurar el cumplimiento pleno de la Ley de Acceso a la Información Pública. Solo a través de una gestión transparente y accesible será posible fortalecer la confianza en el sistema electoral y garantizar la integridad de los comicios de 2027.

La sociedad civil y los actores políticos deben estar atentos a la evolución de esta situación, pues la calidad de la democracia salvadoreña depende en gran medida de la capacidad del TSE para administrar procesos electorales con transparencia y responsabilidad.