Agua y saneamiento en El Salvador: un desafío de gobernanza más que de infraestructura

En El Salvador, el debate en torno al agua suele centrarse en aspectos técnicos e ingenieriles como redes, pozos, plantas y presión. Sin embargo, para avanzar en un desarrollo sostenible y equitativo, es imprescindible reconocer que el agua y el saneamiento representan principalmente un desafío social y de gobernanza. Más allá de la infraestructura, la manera en que se toman las decisiones, se financian los proyectos y se controla el recurso hídrico determina el bienestar diario de millones de salvadoreños.

En los últimos años, El Salvador ha dado un paso institucional significativo con la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos en 2021, que entró en vigor el 13 de julio de 2022. Esta normativa establece un marco para la gestión integral del agua y creó la Autoridad Salvadoreña del Agua, con el objetivo de ordenar el uso del recurso, priorizar sus diferentes aplicaciones y fortalecer la rectoría estatal.

No obstante, el verdadero valor de este marco legal se medirá en función de su capacidad para transformar las normas en servicios confiables y convertir el derecho al agua en un acceso efectivo y sostenible. La desigualdad en el acceso al agua no es una cuestión abstracta. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2024, el 81 % de los hogares salvadoreños cuenta con agua por cañería. Si bien este porcentaje es relevante, resulta insuficiente para garantizar seguridad hídrica, ya que la conexión a la red no siempre implica continuidad en el suministro, calidad adecuada ni asequibilidad.

En cuanto al saneamiento, las deficiencias suelen ser menos visibles, pero igual de graves. La ausencia de sistemas seguros propicia contaminación, enfermedades y pérdida de tiempo productivo, impactos que afectan desproporcionadamente a los hogares con menos recursos económicos. Esta situación pone de manifiesto la relación directa entre la gestión del agua y las condiciones de salud pública y desarrollo social.

Un desafío técnico que tiene consecuencias sociales evidentes es la eficiencia del sistema hídrico. Datos recientes indican que, durante 2024, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) registró un nivel de agua no facturada cercano al 62.5 %, cifra que representa pérdidas significativas y es levemente superior a la del año anterior. En términos prácticos, esta ineficiencia hace que el incremento en la cobertura del servicio sea más costoso y lento, afectando especialmente a quienes aún esperan un suministro fiable.

Cuando el Estado no garantiza un acceso continuo o adecuado, la sociedad civil se organiza para suplir esa carencia. Las juntas de agua han sido históricamente el mecanismo de acceso en muchas comunidades del país. La legislación reconoce su existencia y establece un régimen especial para su registro y operación, pero en la práctica persisten retos institucionales y operativos relacionados con trámites, permisos, sostenibilidad financiera y acompañamiento técnico.

Es fundamental entender que la relación entre el Estado y las comunidades no debe limitarse a un control rígido, sino evolucionar hacia una cogestión inteligente que combine exigencia de calidad y transparencia con un apoyo efectivo y permanente. Este enfoque es clave para fortalecer la sostenibilidad y mejorar la prestación de servicios en zonas donde las juntas de agua juegan un rol crucial.

En materia de planificación, El Salvador cuenta con el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 2018–2039, desarrollado con el respaldo de la cooperación internacional. Este plan ofrece una hoja de ruta a largo plazo para ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios. Sin embargo, el principal problema ha sido la falta de continuidad política, de financiamiento consistente y de gobernanza efectiva para implementar lo planificado.

Recientemente, la agenda del agua y saneamiento ha cobrado mayor relevancia debido a la necesidad de fortalecer la resiliencia climática. Proyectos vinculados a la mejora de servicios y a la gestión integral de cuencas, financiados en conjunto con organismos internacionales, evidencian que el manejo del agua no puede considerarse de manera aislada del riesgo climático ni de la protección de las fuentes hídricas.

En definitiva, el agua es un indicador claro y directo de la desigualdad social en El Salvador. Cuando el sistema falla, no se trata solo de un servicio deficiente, sino de un impacto tangible en la vida cotidiana de las personas. Resolver los problemas vinculados al agua y al saneamiento es, en consecuencia, una inversión en el futuro del país y en la equidad social.