Alcaldía de San Salvador implementa decomiso de mercadería en ventas ambulantes no autorizadas

La alcaldía de San Salvador Centro inició la aplicación de una normativa que permite el decomiso de mercadería y bienes utilizados en actividades comerciales realizadas en espacios públicos sin autorización municipal. Esta medida, que abarca tanto productos perecederos como no perecederos, incluye además carretas, estructuras móviles y otros artículos vinculados a ventas ambulantes.

La regulación se encuentra contemplada en la "Ordenanza Especial para el Ordenamiento en los Espacios Públicos del municipio de San Salvador Centro", aprobada por el concejo municipal el 18 de marzo de 2026 y publicada en el Diario Oficial el pasado 5 de mayo. La normativa entró en vigencia el 13 de mayo, estableciendo un marco legal para el control y regulación de la actividad comercial informal en las calles del centro capitalino.

Alcance y condiciones para el decomiso

El reglamento municipal autoriza el decomiso cuando se detecte comercialización sin permiso municipal, uso indebido de espacios no autorizados o cuando las actividades afecten el libre tránsito peatonal y vehicular. También contempla la retención de productos que puedan representar riesgos para la salud pública o cuya procedencia legal no pueda ser comprobada.

La normativa es aplicable tanto para comerciantes formales como informales que desarrollen actividades comerciales dentro del municipio, buscando garantizar el orden y la seguridad en los espacios públicos del centro de San Salvador.

Unidad de Control de Decomisos y administración del CAM

Como parte de la ordenanza, se creó la Unidad de Control de Decomisos, una dependencia bajo la responsabilidad del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Esta unidad tiene a su cargo el resguardo de la mercadería decomisada, la elaboración y actualización constante de inventarios, así como la presentación de informes trimestrales sobre los bienes retenidos.

Además, la unidad es responsable de gestionar la devolución, destrucción, donación o subasta de los productos, conforme a los procedimientos administrativos establecidos. Todos los decomisos deben registrarse mediante actas administrativas que incluyan fecha, hora, lugar, descripción detallada de los bienes retenidos y datos del comerciante involucrado. La documentación debe contar con la firma del funcionario y del comerciante o dejar constancia si este se niega a firmar.

Plazos y condiciones para la recuperación de productos

La ordenanza establece diferentes plazos para que los comerciantes puedan reclamar sus productos retenidos:

• Productos perecederos: Se concede un plazo máximo de ocho horas para demostrar la propiedad legítima y recuperar los alimentos u otros productos perecederos. En caso de no ser retirados en ese tiempo, podrán ser donados o destruidos por razones sanitarias.
• Bienes no perecederos: Como ropa, calzado, electrodomésticos o mercadería seca, estarán sujetos a un procedimiento administrativo sancionatorio antes de decidir su devolución o destino final.

Asimismo, la normativa establece que, si durante el proceso el comerciante se declara rebelde o no responde al procedimiento, los bienes decomisados podrán ser entregados a instituciones benéficas.

Tarifas por almacenamiento y costos asociados

El reglamento también incorpora tarifas diarias que deberán pagar los comerciantes por el almacenamiento de mercadería retenida en bodegas administradas por el CAM. Los cobros establecidos son los siguientes:

• $0.25 diarios por kilogramo para ropa, calzado o accesorios decomisados.
• $0.25 diarios por carretas, canastas y estructuras similares.
• $0.75 diarios por kilogramo para carretones o puestos móviles de comida, como carritos de hot dog.

Comerciantes consultados han expresado preocupación por los costos acumulados durante el almacenamiento y por los tiempos establecidos para reclamar sus productos, ya que estas condiciones podrían afectar su actividad económica cotidiana.

Impacto en vendedores ambulantes y consideraciones sociales

El comercio informal en San Salvador Centro es una actividad que sostienen numerosas familias, muchas de ellas dependientes de esta labor para su subsistencia. Por ejemplo, vendedores con años de trayectoria en el centro capitalino han manifestado que, aunque no se oponen al ordenamiento, requieren soluciones reales que les permitan continuar trabajando sin afectar sus ingresos.

La aplicación de la ordenanza representa un intento de equilibrar la necesidad de mantener el orden y la seguridad en el espacio público con el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes. Sin embargo, la incertidumbre generada por advertencias sobre la permanencia de estos vendedores en la zona y los nuevos costos asociados al decomiso han generado inquietud en este sector.

Colaboración con la Fiscalía General de la República

Otro aspecto contemplado en la ordenanza es la facultad de las autoridades municipales para informar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre posibles delitos relacionados con productos falsificados, adulterados, vencidos o de procedencia no comprobada, con el fin de fortalecer el control y garantizar la seguridad sanitaria y legal de los consumidores.

Contexto y perspectiva

El comercio informal en El Salvador representa un componente importante de la economía local, especialmente en zonas urbanas como San Salvador Centro. La regulación de estas actividades es un desafío constante para las autoridades municipales, que buscan garantizar el orden público y el respeto a las normativas vigentes.

La implementación de esta ordenanza se enmarca en los esfuerzos del gobierno local para ordenar el espacio público y reducir la congestión y riesgos asociados a la venta no autorizada, que pueden afectar el tránsito, la higiene y la seguridad ciudadana.

La puesta en marcha de la Unidad de Control de Decomisos y el establecimiento de procedimientos claros para el manejo de la mercadería decomisada buscan dotar de transparencia y legalidad a este proceso, aunque el impacto social y económico en los vendedores informales será un aspecto a monitorear en los próximos meses.

En definitiva, la normativa representa un cambio significativo en la regulación del comercio ambulante en San Salvador Centro, que deberá ser equilibrado con medidas de apoyo y alternativas para quienes dependen de esta actividad para su sustento diario.