Alcaldías deben $9.1 millones a COSAVI al cierre de 2025, revela informe de Hacienda

El Ministerio de Hacienda publicó a finales de marzo de 2026 el Informe Anual sobre la Situación del Endeudamiento Público Municipal, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Este documento revela que al cierre de ese año, al menos seis alcaldías de El Salvador mantenían una deuda total de $9.1 millones con la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (COSAVI),entidad financiera intervenida en mayo de 2024 tras detectarse un desfalco.

Según el informe oficial, COSAVI figura como uno de los principales acreedores de los gobiernos locales durante el ejercicio fiscal 2025, con una deuda que asciende a exactamente $9,131,800. Este dato representa una disminución significativa en comparación con la deuda registrada antes de la intervención de la cooperativa, cuando 21 alcaldías adeudaban un total de aproximadamente $32 millones.

Distribución de la deuda municipal

El informe detalla que la reducción de la deuda entre 2024 y 2025 fue de aproximadamente $1.6 millones. Entre las alcaldías con mayores saldos pendientes se encuentran:

• La Libertad Sur: $2.7 millones
• La Libertad Este: $2.4 millones
• Sonsonate Este: $1.6 millones

Además, se indica que la sociedad titularizadora Hencorp Valores S.A. adquirió parte de la deuda municipal con COSAVI, por un monto aproximado de $20.2 millones. Este movimiento financiero forma parte de las gestiones para reestructurar la deuda y dar seguimiento a las obligaciones crediticias de los gobiernos locales.

Reclamos de transparencia por parte de afectados

Los socios afectados por el desfalco en COSAVI han manifestado públicamente dudas y preocupaciones acerca de los datos presentados en el informe de Hacienda. Según sus declaraciones, la reducción en la deuda reflejada en el documento oficial podría no corresponder con pagos efectivos realizados por las alcaldías a la cooperativa.

Un representante de los socios afectados señaló que al inicio de la crisis financiera en COSAVI, reportada en mayo de 2024, “habían 21 alcaldías que adeudaban un total de $32 millones a la cooperativa, pero este informe de 2025 da a entender que esa cifra se ha reducido a $9.1 millones. Lo que no se detalla es si se han hecho los depósitos respectivos a la cooperativa y cómo se han hecho”.

Este vocero indicó que en marzo de 2025 se presentó una solicitud formal al Ministerio de Hacienda para que se proporcionara un informe detallado sobre las alcaldías con deudas pendientes con COSAVI y el manejo de los pagos, especialmente en casos donde municipios se reestructuraron o se convirtieron en distritos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial.

La falta de información oficial genera incertidumbre entre los socios, quienes temen que el dinero que ingresa a COSAVI no esté siendo manejado con la transparencia ni la rendición de cuentas necesarias. Además, subrayan que aún existen socios a quienes la institución debe devolver fondos depositados antes de la intervención.

Contexto sobre la situación financiera municipal

La deuda municipal con cooperativas y entidades financieras representa un desafío importante para la administración pública local en El Salvador. Muchas alcaldías han recurrido históricamente a créditos para financiar proyectos de infraestructura y servicios básicos, pero la falta de una gestión financiera eficiente ha derivado en morosidad y elevados niveles de endeudamiento.

La crisis en COSAVI y su posterior intervención en mayo de 2024 evidenciaron vulnerabilidades tanto en el sistema cooperativo como en la supervisión y control de los recursos municipales. Las autoridades nacionales han enfatizado la necesidad de fortalecer la transparencia y la supervisión para evitar que situaciones similares se repitan.

Responsabilidad y seguimiento

El Ministerio de Hacienda, como ente rector de la política financiera pública, tiene la responsabilidad de monitorear y reportar de forma clara y precisa la situación de las finanzas municipales, incluyendo las obligaciones crediticias. Así mismo, la Superintendencia del Sistema Financiero debe garantizar la fiscalización adecuada de las cooperativas intervenidas.

La falta de informes detallados y respuestas a las solicitudes de información por parte de los afectados genera un ambiente de desconfianza, que podría afectar la estabilidad financiera de las entidades involucradas y la confianza de los ciudadanos en la gestión pública local.

Conclusiones

El informe de Hacienda confirma una reducción sustancial en la deuda de las alcaldías con COSAVI al cierre de 2025, situándose en $9.1 millones frente a los $32 millones reportados en mayo de 2024. No obstante, existen cuestionamientos legítimos sobre la veracidad y el detalle de los pagos efectuados, así como la administración de los recursos recuperados.

La exigencia de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los afectados y la sociedad civil es un llamado claro para que las autoridades profundicen en la fiscalización y ofrezcan informes detallados que permitan conocer con exactitud el destino de los fondos y el estado real de la deuda municipal.

El seguimiento a esta situación será clave para garantizar la estabilidad financiera de las alcaldías y la protección de los derechos de los socios afectados por la crisis en COSAVI.