Amnistía Internacional urge proteger derechos de menores en régimen de excepción en El Salvador

La organización Amnistía Internacional ha solicitado al Gobierno de El Salvador, específicamente a la Primera Dama Gabriela de Bukele, que se garantice la protección de los derechos de la niñez y adolescencia procesada en el marco del régimen de excepción vigente en el país. Esta petición responde a las recientes reformas legales que autorizan la imposición de prisión perpetua para menores de 18 años, una medida que ha generado preocupación por su aparente contradicción con estándares internacionales en materia de justicia juvenil.

En una carta abierta enviada el 26 de marzo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional destacó que estas disposiciones no solo violan principios internacionales, sino que también desatienden las recomendaciones de organismos multilaterales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). La misiva insta a una revisión profunda de estas normativas para asegurar que se ajusten a los estándares internacionales relativos a la protección de los derechos de la niñez y a la reintegración social de menores en conflicto con la ley.

Preocupaciones sobre el impacto en familias y derechos fundamentales

El documento subraya el impacto que estas medidas tienen sobre las familias salvadoreñas, muchas de las cuales enfrentan la separación y la incertidumbre debido a las detenciones masivas y arbitrarias derivadas del régimen de excepción. "Las madres que hoy buscan a sus hijos e hijas y abogan por su protección no están cuestionando la necesidad de que en el país se viva con seguridad. Solo piden algo básico e indispensable: saber dónde están, cómo están y tener una oportunidad real de defender sus derechos", señala la directora regional.

Además, se enfatiza que el debate no debería plantearse como una disyuntiva entre seguridad y derechos humanos, sino como una cuestión de justicia para personas que aún no han sido condenadas y que enfrentan procesos bajo condiciones que pueden vulnerar garantías fundamentales. "Garantizar seguridad sin garantizar justicia no es sostenible", puntualiza la carta, evidenciando la preocupación por el contexto actual en El Salvador.

Reconocimiento a la labor de la Primera Dama y llamado a diálogo

Amnistía Internacional destaca la trayectoria de la Primera Dama Gabriela de Bukele en materia de bienestar familiar y protección infantil, señalando que este historial la posiciona como una interlocutora clave para impulsar cambios en la política pública relacionada con menores afectados por el régimen de excepción. La organización valora la disposición al diálogo manifestada por el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y considera que es un momento oportuno para traducir ese compromiso en acciones concretas y verificables, con participación activa de las víctimas y sus familias.

En este sentido, se propone el establecimiento de un espacio de diálogo directo entre el Gobierno y organizaciones de madres y familiares de personas detenidas. La finalidad es garantizar que esas familias puedan expresar sus inquietudes sin temor a represalias y tengan acceso a información clara y oportuna sobre el estado procesal, la ubicación y la salud de sus seres queridos.

Contexto legal: reformas y ampliación de la prisión perpetua para menores

El 18 de marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. Posteriormente, se introdujeron modificaciones legales para extender esta medida a menores de edad, autorizando su aplicación desde los 12 años. Durante la discusión legislativa, magistrados de la Corte Suprema de Justicia indicaron que los menores sentenciados bajo esta normativa podrán solicitar una revisión de su condena tras haber cumplido 25 años de prisión.

Estas reformas se suman a una serie de cambios normativos implementados para reforzar las disposiciones en contra de menores procesados en el contexto del régimen de excepción. La ampliación de la prisión perpetua a personas tan jóvenes ha generado un intenso debate nacional e internacional sobre la adecuación de estas medidas en relación con los derechos humanos y las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de justicia juvenil.

Implicaciones y desafíos para el sistema de justicia y derechos humanos

La extensión de la prisión perpetua a menores plantea múltiples desafíos para el sistema judicial y las autoridades encargadas de la protección de los derechos humanos. La reintegración social y la rehabilitación, principios fundamentales en la justicia juvenil, podrían verse comprometidos debido a la naturaleza severa de la pena impuesta.

Organizaciones de derechos humanos y expertos han señalado que estas medidas podrían incrementar la vulnerabilidad de los menores, afectando su salud física y mental y limitando sus posibilidades de reinserción social. Asimismo, la falta de mecanismos efectivos de seguimiento y transparencia en los procesos judiciales dificulta la garantía del debido proceso y el acceso a una defensa adecuada para los jóvenes afectados.

En este contexto, el llamado de Amnistía Internacional pone en evidencia la necesidad de balancear la seguridad pública con el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de población vulnerable como la niñez y adolescencia. La invitación a establecer espacios de diálogo y a revisar las reformas legales representa una oportunidad para que el Estado salvadoreño fortalezca su compromiso con los estándares internacionales y la protección integral de sus ciudadanos más jóvenes.

Conclusión

El llamado de Amnistía Internacional a la Primera Dama Gabriela de Bukele y al Gobierno de El Salvador para proteger los derechos de menores en el régimen de excepción destaca un tema clave en la actual agenda nacional: cómo garantizar la seguridad sin sacrificar los derechos humanos fundamentales. Las reformas legales recientes, que permiten la prisión perpetua para menores desde los 12 años, han generado preocupación por su impacto en la niñez y las familias salvadoreñas.

El establecimiento de un diálogo abierto y la revisión de las normativas, en consonancia con los estándares internacionales, podrían contribuir a mitigar riesgos y promover un enfoque más equilibrado que considere tanto la seguridad como la justicia y la protección de los derechos de los menores.