Amnistía pide revelar acuerdo sobre despliegue de militares salvadoreños en Haití

Amnistía Internacional (AI) pidió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, hacer público el acuerdo que respalda el despliegue de militares salvadoreños en territorio haitiano y garantizar que todas sus operaciones respeten los derechos humanos.

El pronunciamiento fue divulgado este 9 de noviembre de 2026, luego de que Naciones Unidas aclarara que la gran mayoría del personal militar salvadoreño desplegado recientemente en Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta situación implica que dichos efectivos se encuentran fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH), según explicó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

Ante esta aclaración, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, solicitó a las autoridades de ambos países establecer garantías efectivas para proteger los derechos humanos durante las operaciones militares.

"El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos", manifestó Piquer.

Exigen explicar quién supervisa a los militares salvadoreños

Una de las principales solicitudes de Amnistía Internacional es que los gobiernos de El Salvador y Haití informen públicamente sobre las condiciones que regulan la presencia de las tropas salvadoreñas.

La organización pidió aclarar cuáles son las reglas que rigen el uso de la fuerza, ante qué autoridades deben rendir cuentas los militares y cómo puede la población haitiana denunciar posibles abusos sin exponerse a represalias.

"El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas", sostuvo Piquer.

Amnistía Internacional también expresó preocupación por las consecuencias que las operaciones de seguridad pueden tener sobre la población civil de Haití, especialmente en las comunidades que enfrentan una profunda crisis humanitaria.

La organización señaló que los riesgos pueden aumentar cuando las intervenciones militares se desarrollan en las cercanías de viviendas, escuelas y hospitales.

"La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales", advirtió Piquer.

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— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 9, 2026

Ante esta situación, solicitó a los gobiernos adoptar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de las personas, prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y servicios de atención médica.

También recordó que el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La organización hizo especial énfasis en la protección de niñas y niños, incluidos aquellos que han sido reclutados por bandas armadas.

Según Amnistía Internacional, estas situaciones requieren personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada para garantizar la protección de los menores.

Piden esclarecer desaparición de militares salvadoreños

En su pronunciamiento, Amnistía Internacional también se refirió a la desaparición de cuatro militares salvadoreños, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 18 de octubre.

La organización solicitó a las autoridades esclarecer lo ocurrido con los efectivos y determinar su situación actual.

Piquer señaló que, si los militares se encuentran en poder de alguna banda armada, deben ser liberados inmediatamente y sin sufrir daños.

Además, exigió que las autoridades de ambos países garanticen investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos.

A la vez, la organización pidió que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean llevadas ante la justicia mediante juicios justos y que se garantice reparación a las víctimas.

"La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití", concluyó Piquer.