Análisis constitucional de las alianzas público-privadas en servicios esenciales en El Salvador

El gobierno central de El Salvador presentó recientemente ante la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas (APP),que busca sustituir a la Ley Especial de Asocios Público-Privados vigente. La propuesta incluye la creación de la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas, adscrita al Ministerio de Hacienda, y habilita contratos de hasta cincuenta años entre el Estado y agentes privados para la gestión de servicios públicos e infraestructura.

Esta iniciativa, aunque apoyada en el discurso de la eficiencia y la atracción de inversión privada, requiere un análisis profundo desde la perspectiva constitucional. La interrogante principal que plantea es si el Estado puede delegar en manos privadas la prestación de servicios esenciales sin comprometer los derechos fundamentales que la Constitución de la República garantiza a todos los salvadoreños.

Marco constitucional y obligaciones del Estado

La Constitución salvadoreña establece principios claros en torno a la protección de los derechos sociales. El artículo 1 señala que la persona humana es el fin y principio de la actividad estatal, lo que implica que el Estado debe garantizar el bienestar de sus habitantes.

Específicamente, los artículos 65 a 70 reconocen la salud como un bien público y establecen la obligación del Estado de garantizar su acceso real y efectivo. Por otro lado, el artículo 56 determina la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica, mientras que el artículo 69 protege el acceso al agua como un derecho indispensable para la vida.

Estos preceptos no son meras declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos exigibles que comprometen a todos los órganos del Estado, incluida la Asamblea Legislativa en el proceso de aprobación de nuevas leyes.

Participación privada y límites constitucionales

La participación del sector privado en la prestación de servicios públicos no es, en sí misma, problemática. El reto reside en las condiciones y el marco regulatorio que aseguren que dicha participación no vulnere los derechos constitucionales.

El proyecto presentado permite contratos de hasta cincuenta años, un plazo considerable que podría generar desequilibrios entre la lógica del mercado y los principios constitucionales. Mientras que las empresas privadas buscan rentabilidad, segmentación por capacidad de pago y reducción de costos, la Constitución impone la universalidad, gratuidad y acceso igualitario a servicios esenciales.

Esta diferencia de objetivos puede generar conflictos cuando, por ejemplo, una empresa privada administra el suministro de agua potable o la gestión de un hospital público. El mandato de retorno sobre la inversión puede chocar con la obligación estatal de garantizar que ningún salvadoreño sea excluido por motivos económicos.

Por ello, resulta indispensable contar con una regulación robusta y explícitamente anclada en principios constitucionales que prevenga la vulneración de derechos sociales fundamentales.

Omisiones y preocupaciones en el proyecto de ley

El proyecto de ley excluye expresamente áreas sensibles como la seguridad nacional y las concesiones mineras, pero no aclara si servicios esenciales como salud, educación y recursos hídricos quedan protegidos frente a esta modalidad contractual.

Esta ausencia de salvaguardas específicas sobre sectores clave constituye una señal de alerta. Una ley que autoriza contratos de medio siglo en servicios esenciales debería establecer de forma clara e inequívoca que el acceso universal, la gratuidad donde la Constitución lo ordena y la rectoría irrenunciable del Estado no pueden ser objeto de negociación.

Lecciones de la experiencia regional

La experiencia comparada en América Latina ofrece ejemplos que ilustran los riesgos y desafíos de las alianzas público-privadas en servicios esenciales. En Bolivia y Chile, las privatizaciones del agua han generado conflictos sociales importantes debido a la exclusión de sectores vulnerables.

Asimismo, la gestión privada de hospitales en algunos países ha profundizado las brechas en la atención médica, mientras que en el ámbito educativo, las concesiones privadas han afectado la cobertura y calidad del sistema público.

Estas experiencias advierten sobre la necesidad de evitar repetir errores que comprometan el acceso equitativo a servicios fundamentales para la población.

El rol de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa enfrenta el desafío de aprobar un marco legal moderno para la colaboración público-privada que permita atraer inversión y mejorar la infraestructura, pero sin sacrificar la protección de los derechos sociales.

El equilibrio entre eficiencia y constitucionalidad es posible siempre que se establezcan salvaguardas claras y se privilegie la garantía de los derechos fundamentales cuando exista un conflicto con intereses económicos.

Hasta el momento, el proyecto de ley no refleja plenamente esta voluntad legislativa, por lo que corresponde a los parlamentarios profundizar el debate y fortalecer el texto para asegurar que las alianzas público-privadas contribuyan al desarrollo sostenible sin poner en riesgo los derechos constitucionales de los salvadoreños.

Conclusión

La propuesta de Ley de Alianzas Público-Privadas representa una oportunidad para dinamizar la inversión en servicios e infraestructura en El Salvador. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar que la colaboración con el sector privado respete los principios constitucionales de universalidad, gratuidad y acceso igualitario a servicios esenciales.

Un marco legal que combine eficiencia con protección constitucional fortalecerá el bienestar de la población y evitará que la lógica del mercado prevalezca sobre los derechos fundamentales. La discusión legislativa debe centrarse en asegurar este equilibrio, en beneficio del desarrollo social y económico del país.