Análisis revela modelo de seguridad fiscalmente insostenible en El Salvador

En los últimos seis años, El Salvador ha experimentado un incremento significativo en el gasto público destinado a los sectores de Seguridad, Defensa y Sistema Penitenciario, situación que ha generado alertas acerca de la sostenibilidad fiscal del modelo implementado. Un análisis reciente realizado por un grupo internacional de especialistas en derechos humanos y políticas públicas identificó que este aumento presupuestario, aunque responde a la necesidad de fortalecer la seguridad nacional, representa un desafío importante para las finanzas estatales.

Incremento del gasto en seguridad y defensa

Durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025, el presupuesto asignado a las tres áreas mencionadas se elevó de manera considerable. En 2019, el gasto total fue de aproximadamente $557 millones, cifra que para 2025 se proyecta en $1,047 millones, lo que equivale a un aumento del 95%. Este crecimiento presupuestario se distribuye de forma desigual entre las diferentes ramas del sector.

El sistema penitenciario ha sido el que ha registrado la mayor alza en recursos asignados, con un aumento del 150%, pasando de $56 millones en 2019 a $140 millones en 2025. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad experimentó un crecimiento del 99%, duplicando su presupuesto de $310 millones a $617 millones. Por último, el Ministerio de Defensa Nacional también incrementó sus recursos en un 62%, pasando de $191 millones a $309 millones.

Presiones fiscales en un contexto económico desafiante

Este notable aumento del gasto en seguridad se da en un contexto de bajo crecimiento económico y elevado endeudamiento externo para El Salvador, lo que genera una creciente presión sobre las finanzas públicas. La dinámica de asignación de recursos, aunque refleja la prioridad del Gobierno en materia de seguridad, plantea interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo y el equilibrio fiscal del país.

La estrategia de inversión ha incluido la construcción y equipamiento de infraestructuras penitenciarias, aumento salarial para cuerpos policiales y militares, así como la adquisición de equipos tácticos y logísticos. Un ejemplo emblemático es la edificación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT),una cárcel de máxima seguridad cuyo presupuesto estimado supera los $135 millones, según una notificación de pago de la Oficina de Planificación y Gestión del Territorio (Oplagest) de la Alcaldía de Tecoluca.

Transparencia y cuestionamientos sobre el CECOT

A pesar del alto monto invertido en el CECOT, la información oficial sobre esta instalación es limitada. Hasta la fecha, el Gobierno ha divulgado únicamente detalles sobre la ubicación y la capacidad del centro penitenciario, mientras que aspectos relevantes como los criterios para el traslado de reclusos o la identidad de las personas detenidas permanecen desconocidos para la opinión pública y organismos de monitoreo.

Este vacío informativo genera preocupación en sectores de la sociedad civil y observadores internacionales, quienes señalan la importancia de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en la implementación del régimen penitenciario, particularmente en el marco del régimen de excepción vigente en el país.

Contexto de derechos humanos y seguridad

El análisis que acompaña el estudio sobre el gasto público en seguridad también forma parte de una investigación más amplia que examina posibles violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción instaurado en El Salvador. Este régimen, vigente desde 2022, ha sido objeto de diversas denuncias y observaciones por parte de organizaciones nacionales e internacionales, quienes han documentado posibles actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

En este marco, el aumento presupuestario en los sectores de seguridad y defensa se interpreta como un componente clave de la política estatal para el control del orden público y la lucha contra la criminalidad, pero también suscita preocupación sobre la protección efectiva de los derechos fundamentales y el equilibrio necesario entre seguridad y libertades civiles.

Implicaciones para la política pública y recomendaciones

La evidencia recopilada sugiere la necesidad de una revisión profunda de la estrategia de seguridad salvadoreña, con especial atención a la sostenibilidad fiscal y al respeto de los derechos humanos. Se recomienda que las autoridades consideren mecanismos para optimizar el gasto, mejorar la transparencia en el uso de los recursos y fortalecer los controles institucionales.

Además, el diseño de políticas públicas en materia de seguridad debería integrar un enfoque multidimensional que contemple no solo la inversión en infraestructura y equipamiento, sino también la promoción de programas de prevención de la violencia, reinserción social y fortalecimiento del sistema judicial.

El desafío para El Salvador radica en equilibrar la urgente necesidad de garantizar la seguridad ciudadana con la responsabilidad fiscal y el compromiso con un marco democrático que respete los derechos humanos y promueva la justicia social.

Conclusión

El crecimiento exponencial del gasto en seguridad, defensa y sistema penitenciario en El Salvador evidencia una apuesta gubernamental clara por el control del orden público, en un contexto de altas tasas de violencia. Sin embargo, esta tendencia plantea interrogantes sobre la viabilidad financiera y la transparencia de las acciones implementadas. La sostenibilidad del modelo de seguridad y su impacto en la economía nacional requieren una evaluación integral que permita asegurar resultados efectivos y responsables para el país.