ANDRES gestionó $2.9 millones en tasas municipales por manejo de residuos en 2025

La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES) recibió en 2025 un total de $2.9 millones derivados del pago de tasas municipales por servicios relacionados al barrido, aseo, limpieza, transporte y disposición final de basura y residuos sólidos. Este monto es independiente de la asignación que dicha entidad recibió del Presupuesto General de la Nación durante el mismo año.

Según consta en el documento “Otros Presupuestos Administrados por las Entidades Públicas”, presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa en marzo de 2026 como parte del Informe de Liquidación del Presupuesto de la Nación 2025, estos recursos forman parte de los llamados Fondos de Actividades Especiales (FAES). Estos fondos son mecanismos financieros diseñados para que instituciones públicas puedan percibir, administrar y reutilizar fondos obtenidos por servicios que prestan a la población, sin que el dinero pase por el Fondo General de la Nación ni se consigne dentro del presupuesto aprobado por la Asamblea.

Funcionamiento y marco legal del Fondo de ANDRES

El economista Rafael Lemus explicó que, por su naturaleza, estos fondos no forman parte del presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, aunque esta los habilita para recibir y gestionar recursos. La rendición de cuentas se establece entre la institución y el Ministerio de Hacienda, pero no se rinden informes específicos ante la Asamblea.

En el caso de ANDRES, su Fondo de Actividades Especiales se denomina “Fondo Especial para la Logística y Ejecución de la Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos”, creado a través de la ley que dio origen a la institución en diciembre de 2024. El artículo 44 de dicha ley ordena que este fondo se financie con un monto equivalente al 50% de los ingresos brutos que perciban las alcaldías por concepto de tasas municipales por los servicios públicos relacionados con residuos sólidos.

Para garantizar la recaudación, la ley establece que las distribuidoras de energía eléctrica deben cobrar obligatoriamente la tasa municipal al momento de la facturación de luz a los usuarios. Del monto recaudado, el 50% se transfiere al municipio correspondiente y el 50% restante a una cuenta específica designada por el Ministerio de Hacienda, que es donde ANDRES recibió los $2.9 millones durante 2025.

Destinos y uso de los recursos

El Ministerio de Hacienda detalló que ANDRES utilizó en su totalidad los $2.9 millones disponibles en 2025. Sin embargo, no se especifica el desglose de los gastos, ya que el informe consolida ingresos y egresos de todos los FAES existentes en el sector público, sin presentar datos desagregados por entidad.

El equipo de El Oficial solicitó entrevistas con representantes de ANDRES para obtener mayor detalle acerca del uso de estos fondos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta alguna.

Operaciones y convenios municipales

Actualmente, ANDRES opera de forma parcial en cinco municipios: San Salvador Centro, San Salvador Este, La Paz Este, La Libertad Costa y La Libertad Este. Diversos concejales de oposición han expresado dudas sobre la claridad y el nivel de apoyo que brinda la autoridad en estos territorios, ya que el personal, maquinaria y equipo de la institución suele combinarse con los recursos municipales para cubrir las rutas de recolección establecidas.

El concejal Carlos Salas, del FMLN, afirmó que San Salvador Centro inició a finales de 2025 la transferencia del 50% de sus tasas municipales para la recolección de desechos a ANDRES, aunque no especificó el monto exacto. San Salvador Este también anunció un convenio con la institución, pero otros municipios aún no han confirmado acuerdos ni el inicio del proceso de transferencia de fondos.

En el municipio de La Libertad Sur se generaron cuestionamientos recientemente luego de que la distribuidora local de energía eléctrica incluyó en el recibo un desglose que asignaba un cobro a ANDRES, pese a que esta entidad no presta servicio en dicha zona. El alcalde Henry Flores aclaró ante el concejo municipal que se trató de un error y solicitó la corrección del recibo para eliminar la confusión y evitar problemas en el pago.

Presupuesto y asignaciones adicionales

Además de los recursos administrados a través del Fondo Especial, ANDRES ha recibido asignaciones directas del Fondo General de la Nación. En 2025, la institución contó con una asignación de $2.3 millones, monto que fue devengado en su totalidad según los registros oficiales de ejecución presupuestaria de Transparencia Fiscal. Para 2026, la asignación presupuestaria fue de $2.4 millones, de los cuales hasta marzo se habían ejecutado $833,083.

En total, la institución ha recibido $3,137,340 provenientes del presupuesto general, de los cuales más de la mitad, $1,897,516, han sido destinados al pago de remuneraciones. Durante 2025, no se reportaron otros ingresos dentro del presupuesto institucional, dado que los fondos provenientes de actividades especiales no se consignan dentro del plan de gastos general.

Para 2026, ANDRES programó recibir $100,000 adicionales provenientes de recursos propios generados por cobros por otros servicios, como la recolección de residuos voluminosos y desechos electrónicos.

Contexto y desafíos

La creación de ANDRES y su mecanismo financiero mediante el Fondo Especial para la gestión de residuos sólidos representan un esfuerzo de política pública para mejorar el manejo integral de desechos en El Salvador. Sin embargo, la limitada transparencia en el manejo de los fondos y la falta de claridad sobre la operatividad en los municipios generan inquietudes entre actores políticos y la ciudadanía.

La articulación entre ANDRES y las alcaldías, así como el seguimiento efectivo del destino de los recursos, serán aspectos clave para fortalecer la confianza en esta entidad y garantizar la mejora en la gestión de residuos sólidos en el país.

El Oficial continuará el seguimiento a la evolución de la gestión financiera y operativa de ANDRES, en el marco de la política pública ambiental y la administración pública en El Salvador.